Ayuso congela la reducción de diputados en la Asamblea pactada con Vox

Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio estrenaron la XII legislatura con un pacto para reducir los 136 diputados de la Asamblea de Madrid. El compromiso, firmado en junio, marcaba un plazo de dos meses para presentar la reforma del estatuto de autonomía, pero hasta la fecha la Cámara madrileña no ha vuelto a saber nada de esta medida. Las partes aseguran que el acuerdo sigue vigente, pero ni el Gobierno regional ni el Grupo Parlamentario Popular han previsto una nueva fecha en el calendario, tras rechazar que el tema se incluyera en la negociación de los presupuestos, como planteó Vox. La iniciativa está en la nevera.

El acuerdo fue la primera muestra de la sintonía entre las dos lideresas después del 4-M. Según el documento suscrito, el PP se comprometió a apoyar al candidato de Vox a la vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea y estos hicieron lo propio con los cuatro nombres propuestos por los populares, además de impulsar de forma conjunta una "reducción sustancial" de los escaños de la Cámara, que son proporcionales a la población de la Comunidad de Madrid.

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La iniciativa partió de Monasterio para adelgazar la Administración, pero el equipo de Ayuso lo aceptó de buen grado y casi lo asumió como propio. "Es una decisión que nos gustaría poner en marcha", afirmó entonces el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio. Aunque no dejaron por escrito la cifra a la que se refiere esa "reducción sustancial", en Vox defienden que debería ser de la mitad más uno, hasta los 69 diputados; y en el PP de 35 asientos, pasando de los 136 actuales a 101.

La medida requiere del apoyo de dos tercios de la Asamblea, por lo que el PP y Vox necesitan, al menos, a uno de los partidos de izquierdas

La realidad, sin embargo, es que el plazo hace tiempo que caducó y, siete meses después, la propuesta de reforma ni siquiera se ha llevado a la Cámara. PP y Vox mantienen en la Comunidad de Madrid una relación cordial y fluida, sin grandes diferencias ni enfrentamientos, casi antagónica a otras regiones y ayuntamientos, pero en este caso no hay acuerdo. Fuentes regionales confirman a El Confidencial que se trata de una medida en consideración, pero que ahora no es el momento de abordarla. A esa postura hay que añadir cierto enredo entre las formaciones para decidir quién de las dos debe liderar o impulsar de nuevo la iniciativa.

En punto muerto

En Vox, recuerdan que el compromiso era presentarlo como algo compartido. Destacan, además, que fue uno de los elementos que plantearon introducir inicialmente en la negociación de los presupuestos que posteriormente acordaron, pero fue denegado. "Cuando el PP esté dispuesto a presentarla conjuntamente con nosotros, la presentamos. De momento, no han querido hacerlo", apuntan desde el grupo liderado por Rocío Monasterio.

Pero en el PP no se dan por aludidos e instan a su socio a que lo plantee de nuevo. "Cuando se pongan en contacto con nosotros, empezarán las negociaciones para ponerlo en marcha", aseveran. Preguntadas por este diario, ninguna de las partes prevé ninguna fecha a corto plazo.

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Este intercambio, no obstante, obvia una de las cuestiones más importantes de la reforma. Más allá del compromiso de PP y Vox, los cambios en el estatuto de la Comunidad de Madrid requieren de una mayoría de dos tercios, por lo que sería necesario el apoyo de al menos uno de los partidos de izquierdas, algo que en este momento parece improbable. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos ya se mostraron en contra de esta iniciativa, tildada de "populista e inoportuna". El artículo en cuestión es el 10.2, que establece que "la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población". Por ello se elevó el número de diputados en las últimas elecciones, de 132 en 2019 a 136 en 2021.

La medida no es una novedad en la Cámara de Vallecas y ya en 2012 Esperanza Aguirre impulsó una reducción de los escaños de la Asamblea de Madrid, que entonces eran 129. Si bien el PP contaba con una amplía mayoría, con 72 representantes, no consiguió los apoyos necesarios y la reforma quedó en suspenso. Ni PSOE (36 diputados), ni Izquierda Unida (13) ni UPyD (8) lo respaldaron.