Farmacéuticos de Madrid piden cautela por los test de antígenos fraudulentos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha pedido precaución a los farmacéuticos debido a la proliferación de test de antígenos fraudulentos. El COFM, a través de un comunicado difundido el jueves 30 de diciembre, ha recordado que en España las oficinas de farmacia son los únicos establecimientos sanitarios a través de los cuales se pueden poner los productos de autodiagnóstico a disposición de los ciudadanos.

La Policía ha incautado alrededor de 300.000 test de antígenos de covid-19 en varias naves de un polígono industrial de la localidad madrileña de Fuenlabrada, ya que presentaban irregularidades e incumplían las medidas sanitarias.

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EFE

"El COFM, una vez más, sigue recordando a los farmacéuticos que extremen las precauciones, a la vista de la proliferación de diferentes canales de distribución de estos productos de autodiagnóstico, dada nuestra responsabilidad para asegurar que los que se ofrecen cumplen con todas las garantías", indica el comunicado.

No cumplen la regulación

No obstante, recuerda que actualmente no hay constancia de que ninguna farmacia haya sido objeto de la compra de estos test fraudulentos. "La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tiene publicada la relación de los productos autorizados para su comercialización en España, así como el listado de test de autodiagnóstico covid-19 que no cumplen la regulación", señala Luis González Díez, presidente del COFM.

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Ignacio S. Calleja

Según ha informado la Policía, en menos de 24 horas los investigadores detectaron y bloquearon la distribución de la mercancía, almacenada en las naves del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. La investigación dio comienzo el martes 28 de diciembre, momento en que los agentes tuvieron conocimiento de que se estarían distribuyendo test de antígenos que no cumplían con los protocolos específicos o que no habían superado los ensayos oficiales.

En total, se analizaron alrededor de un millón de test, de los cuales se intervinieron unos 300.000 por deficiencias en los trámites documentales o bien por carecer de autorización para su distribución, por lo que no se considerarían aptos para su uso.