Los derechos de la comunidad LGTBI corren peligro de volver al armario

Miles de banderas arcoíris plantan cara a Vox. Más de 3.000 personas han salido este miércoles a manifestarse a la Puerta del Sol de Madrid. Todos lo han hecho en defensa de las leyes LGTBI y Trans. Abundan pancartas con lemas como: “Estas son las caras de la LGTBIfobia en Madrid". De fondo, los rostros Rocío Monasterio (Vox) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). “Delitos de odio, terapias de conversión y atrocidades con esta derogación”, rezaba otro cartel.

La manifestación fue convocada por la organización COGAM porque este jueves en la Asamblea de Madrid se va a tomar en consideración la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación, registrada por el Grupo Parlamentario Vox. A través de esta ley, el partido de extrema derecha propone derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Estas dos normas fueron aprobadas en el 2016, cuando la popular Cristina Cifuentes era la presidenta de la Comunidad de Madrid, y recibieron un amplio apoyo en la Asamblea de Madrid. Entre otras muchas cosas, multan las agresiones LGTBIfobas, prohíben la aplicación de terapias que intenten la cura de la homosexualidad, reconocen el derecho de las personas trans a determinar su género y obligan a los centros educativos a impartir una correcta educación y sensibilización en temas LGTBI con el objetivo proteger al alumnado de la discriminación y el odio. En la normativa propuesta por Vox no hay rastro de ninguna de estas medidas, con lo que, de salir adelante finalmente la nueva ley, quedarían anuladas.

La pelota está en el tejado del PP, que se apoya en Vox para gobernar. Por ello, la oposición y los colectivos sociales dudan de que el partido comandado en la región por Ayuso se vaya a abstener en la votación, lo que sería un primer paso para el rechazo de la propuesta. Fuentes del partido han dicho esta tarde que así será, aunque las matemáticas son tan ajustadas que todo pende de un hilo. La situación en el PP madrileño, que está enfrentado a la dirección nacional de Pablo Casado, es además cualquier cosa menos predecible.

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Esto ha despertado los peores temores de la oposición y de los colectivos LGTBI, que ven peligrar los derechos de las personas de la Comunidad de Madrid. “Ni un paso atrás”, gritaban miles de personas enfrente del edificio de la región. Los datos demuestran que estas leyes son más importantes que nunca. Durante el 2020, en el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia se registraron 259 incidentes de odio a pesar del confinamiento. En 2019 fueron 321 agresiones.

Uno de los asistentes a la manifestación es Ramón Martínez. Es profesor y ha registrado este miércoles 40.000 firmas en la Asamblea de Madrid para pedir que no se deroguen las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. “Si mañana esta ley se deroga y me agreden saliendo de aquí, el delito puede quedar impune”, dice Martínez. Hasta ahora, explica, se ha sentido razonablemente protegido por dos leyes que entiende que protegen sus derechos como persona LGTBI.

Otro de los participantes de la marcha, Santiago Reyes, de 25 años, explica que él mismo tuvo que sufrir que no existieran este tipo de leyes en su país natal, Colombia. “No quiero que futuras generaciones tengan que vivir lo que yo tuve que pasar”, explica. Reyes fue sometido a terapias de reconversión durante años: “Nadie tiene derecho a tratar de cambiar lo que eres”.

Desde Arcópoli, asociación en defensa de los derechos LGTBI, llevan años registrando todo tipo de incidentes en la Comunidad de Madrid, desde agresiones físicas y verbales hasta denegación de alquileres o expulsión de locales y acoso. “Esto está sucediendo, registramos casos todas las semanas, y mirar para otro lado no va a evitarlo”, afirma la Coordinadora, Emma Solano Dueñas.

Para las asociaciones, por tanto, estas dos leyes suponen un punto de partida irrenunciable para garantizar los derechos del colectivo LGTBI. Muchas subrayan al respecto un dato elocuente: si el Partido Popular da luz verde a la derogación, sería el primer retroceso en cuestión de derechos LGTBI desde que en 1954, en mitad de la dictadura franquista, volvió a penalizarse la homosexualidad en España con la aprobación de la que se conoció entonces como Ley de vagos y maleantes.

Por ahora, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha sido claro: “La posición va a ser de abstención. No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes”, ha explicado este miércoles Alfonso Serrano, portavoz parlamentario del PP.

"No nos creemos nada de que se vayan a abstener", afirma Antonelli

Ni por esas oposición y organizaciones se fían, razón por la cual se mantuvo la concentración. La activista y primera diputada trans en España, Carla Antonelli explica que, incluso si la propuesta no sale adelante, van a seguir vigilantes. “No, no nos creemos nada de que se vayan a abstener. Además, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ya dijo que ella está de acuerdo en derogar algunos artículos de las leyes actuales, y no vamos a permitir que esto vaya a pasar”, afirma Antonelli.

Para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, el ataque a las leyes LGTBI forma parte de lo que define como agenda ultra de Ayuso. “Ya sea en forma de modificación o mutilación, el retroceso en derechos y libertades que pretenden perpetrar Ayuso y Vox ya es histórico”, explica.

Desde Arcópoli, por otra parte, argumentan que el mero hecho de que la cuestión se haya puesto sobre la mesa en el marco de la negociación de los presupuestos de la región, pues Vox amenaza con retirar su apoyo si no se atienden sus demandas, ya es motivo de preocupación: "Esto es utilizar los derechos de las personas LGTBI como moneda de cambio para aprobar o no unos presupuestos y sostener un gobierno”, afirma Solano. De aprobarse la ley, esta entraría en trámite parlamentario, es decir, se iniciaría un periodo en el que todos los grupos deberían discutirla.

En la manifestación de este miércoles hubo gritos, pancartas y besos, montones de ellos: de unos con unas, de unas con unos, de unos con unos, de unas con unas y de cada cual con quien quiso. Para Juan Sánchez, de 75 años, fue una alegría ver tantos rostros besándose en la mitad de la plaza del Sol porque lo hicieron en libertad. Espera que esto nunca cambie: “Hay que defender los derechos que se han conseguido y no echarlos atrás”, comenta mientras la manifestación da sus últimos coletazos. Este jueves, una ley amenaza con empujar parte de estos derechos dentro del armario.