Jaleo en el Colegio de Médicos: contratos ocultos, lluvia de dimisiones y 4 años de actas 'fantasma'

Este jueves, casi de madrugada, el presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, Dr. Manuel Martínez-Sellés, y su junta directiva presentaron una querella en el juzgado de guardia de Plaza Castilla contra el secretario de la Junta del colegio, Armando Fernández, y su asesor jurídico, José Luis Antolín. El escrito judicial, al que ha tenido acceso El Confidencial, sostiene que ambos querellados suscribieron contratos laborales en nombre del órgano colegial, pero a espaldas de este. Denuncian que alteraron las actas de los plenos para que pareciera que se había aprobado estos contratos, el problema es que cuando comprobaron las grabaciones de los plenos vieron que no coincida lo sucedido con el contenido de las actas. Así lo plantea la querella.

La decisión se ratificó en la mañana de este viernes en una reunión donde el presidente ha afirmado que “se han falsificado actas con graves consecuencias para los intereses de los médicos y las personas que han provocado esta situación no deben estar en nuestra institución. Nada de lo que hemos descubierto es tolerable y vamos a llegar hasta el final”.

En el escrito judicial se les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, a los que hay que añadir el delito de administración desleal en el caso del secretario. Desde el ICOMEM añaden que no se descarta que se amplíe la acusación contra otras personas o entidades.

"Tampoco estaban todos los contratos que se habían suscrito hasta la fecha, y de igual forma, se habían llevado las impresoras"

En septiembre de 2020 se celebraron elecciones a la Junta Directiva del Colegio. Un mes después la nueva Junta tomó posesión de sus cargos y solicitó información sobre los contratos en vigor, así como, las actas correspondientes a las últimas reuniones celebradas por la junta directiva saliente para tener una imagen de cómo era la situación.

Según plantea la querella, es en ese punto cuando los miembros de la nueva Junta Directiva constataron que, "no existían o al menos no se localizaban las actas de los plenos y comisiones permanentes de la Junta Directiva saliente, con lo cual, no había información alguna de las decisiones adoptadas por los Órganos de gestión y administración durante los últimos cuatro años y medio en el ICOMEM. Tampoco estaban todos los contratos que se habían suscrito hasta la fecha, y de igual forma, se habían llevado las impresoras que eran utilizadas por la secretaría general".

Como los miembros de la Junta Directiva son todos médicos de profesión y en activo, no tenían experiencia en el ámbito de la gestión y administración colegial procedieron a contratar entidades y profesionales externos, "que se presentaron ante los miembros de la nueva Junta Directiva como expertos conocedores del funcionamiento de corporaciones colegiales, para que prestaran su asesoramiento y soporte para gestionar y dirigir el colegio".

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En la querella se puntualiza que es importante destacar que, junto al anterior hecho, el secretario, "había manifestado que él únicamente asumiría el cargo de Secretario si contaba con el apoyo de una determinada persona externa, quien al parecer era abogado y persona de la máxima confianza del secretario".

En el primer pleno de la Junta Directiva se aprobó un punto que se denominó “profesionalización de la gestión del Colegio”, en él se procedía a la incorporación de 5 nuevos miembros: Un asesor de Presidencia para asuntos que no estuviesen relacionados con la profesión médica, un abogado para asesorar al secretario, un director financiero con funciones equivalentes a las de director general, un asesor del área económica y un abogado responsable del área laboral.

Este primer pleno sostiene la querella que es trascendente, porque allí también se acordó que se grabarían los plenos de la Junta. En cuanto a la redacción y custodia de las actas, tanto del pleno como de la comisión permanente, se le encargó al secretario, Armando Fernández, con la "imprescindible colaboración de su asesor José Luis Antolín, como técnico, quedando encomendada la custodia de las actas al mismo secretario" (Ambos querellados).

La querella detalla que aunque las actas eran redactadas y firmadas por el secretario, con el visto bueno del presidente, nunca se leían para su aprobación en la junta posterior o a la finalización de la sesión, sino que en algunos casos se incluía una coletilla “ratificación de actas de acuerdos del pleno y de la comisión permanente".

En este sentido, las actas eran presentadas a la firma posteriormente para el visto bueno del presidente, junto con otros muchos documentos, (diariamente más de 40 documentos), según el documento. "Por lo que guiado de su buena fe, lo cierto es que nunca reparó en su lectura o revisión, sino que constando ya la firma del Secretario, en quien el Presidente tenía depositada toda su confianza, pues estampaba su firma de forma automática", sostiene la querella.

Saltan las alarmas tras contrataciones ocultas

El escándalo estalla cuando el presidente del Colegio recibe una carta de los representantes de los trabajadores, "donde se venía a poner de manifiesto y denunciar que, algunas contrataciones externas pudieran estar incumpliendo el convenio, en cuanto a horarios y servicios", por lo que el presidente acordó la revisión de todos los contratos y en los casos en los que se detectaran incumplimiento de convenio, se adoptó el acuerdo de proceder de forma inmediata a su rescisión.

En el documento judicial exponen que los querellados se aseguraron de que esta decisión no llegase a la asesoría jurídica interna del ICOMEM, ni al departamento de personal, ni a ningún otro departamento. Precisamente, aclaran que no fue hasta el pasado mes de octubre cuando la asesoría jurídica tuvo noticia sobre ello.

Tras dar instrucciones a la asesoría fueron entregados "una gran cantidad de contratos de los que se desconocía hasta ese momento su existencia". De entre estas contrataciones el documento destaca una serie de contratos laborales suscritos por el secretario que firmó en nombre del órgano colegial. En ese punto, el presidente actual solicitó todas las actas para comprobar dónde se había podido aprobar estos acuerdos.

Una vez contrastadas las actas con las grabaciones de los plenos, fue entonces cuando se descubrió que lo que aparecía en las ellas "no era fiel reflejo de lo manifestado en las sesiones correspondientes, ni de la voluntad de la Junta". "La redacción que se plasmó en el acta que “justificaba” las contrataciones antes mencionadas no coincidía con el contenido real grabado de la reunión del Pleno de dicho órgano de gobierno de la Corporación".

Precisamente, la querella concluye que tras revisar la grabación de la Junta "en ningún caso y en ningún momento de la sesión, se acordó delegar en el secretario ni la firma de los contratos, ni la negociación de sus términos, ni la fijación de las condiciones económicas, ni la duración de los mismos, como inverazmente hace constar el propio secretario en el acta levantada, sino que simplemente, lo que se acuerda es la incorporación de 5 personas, entre otras, la del Sr. Antolín".

Lluvia de dimisiones

Desde la institución aseguran que la semana pasada la Comisión Permanente aprobó solicitar una evaluación a la asesoría jurídica de las actas y los contratos de las personas implicadas. Horas antes de que se interpusiese la querella, se produjeron hasta cuatro dimisiones: la de la vocal de Médicos en Formación, Dra. Cristina Sánchez Díaz; del vocal de Médicos de Atención Especializada y Hospitales, Dr. Luis Cabeza Osorio; del vocal de Médicos para la Promoción de Empleo y cooperación Internacional, Dr. Alfonso Prada Cañizares y vocal de Médicos Jubilados, Dr. José Ramos. Acompañando a estas dimisiones se ha exigido que se convoquen elecciones anticipadas.

Opinión

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Los miembros de la Junta Directiva que han ratificado la presentación de la querella son el presidente, Dr. Manuel Martínez-Sellés, la vicepresidenta, Dra. Luisa González Pérez; el vicesecretario, Dr. Javier Martín Sánchez; el Tesorero, Dr. José Antonio Valero Sánchez- Concha Delgado; la vocal de Ejercicio Libre, Dra. María Esther Cordón Muro; el vocal de Médicos no asistenciales, Dr. Santiago Sevilla Alonso, y el vocal de Médicos de Atención Primaria, Dr. Rafael Carlos Ortega Gómez.