El juez vuelve a archivar el caso Jimmy al considerar insuficientes las nuevas pruebas
Acaba de ordenar un nuevo sobreseimiento de la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña tras agotar la instrucción que le ordenó practicar la Audiencia de Madrid
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La reapertura del caso Jimmy ha terminado en el mismo sitio en el que comenzó. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid acaba de ordenar un nuevo sobreseimiento de la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero tras agotar la instrucción que le ordenó practicar la Audiencia de Madrid. La declaración de un testigo protegido no ha permitido, pese a todo, al juez hallar indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio y de lesiones. Contra la decisión cabe recurrir en reforma.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó hace más de un año reabrir la investigación sobre la paliza mortal al seguidor del Depor. Según argumentó el tribunal, no se había prestado suficiente atención a la denuncia interpuesta por una mujer en 2017, cuando aseguró haber escuchado a un miembro del Frente Atlético presumir de su participación en el crimen. El pasado 14 de junio, la testigo compareció ante el juez y se ratificó en su versión.
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La declaración que adelantó El Confidencial apuntaba a un antiguo miembro del Frente Atlético de Talavera de la Reina (Toledo), identificado con las siglas D. P. La muerte de Jimmy se produjo el 30 de noviembre de 2014 y esta testigo le incriminó tres años después. Según explicó a la Policía, había coincidido con él en diversas fiestas y le había escuchado alardear de la pelea en la que mataron al hincha del Deportivo. D. P. no era el único que supuestamente presumía de haber participado en esta batalla campal frente al Manzanares, pero ella le atribuye una frase que le diferencia del resto: "Yo tiré a Jimmy al río, yo lo tiré". El instructor, sin embargo, apunta que el testimonio estuvo repleto de "contradicciones" y no le da credibilidad suficiente.
Este testimonio se cotejó con la declaración de un testigo protegido clave para la reconstrucción de la reyerta en noviembre de 2014 entre hinchas del Riazor Blues y el Frente Atlético sin que los indicios existentes hayan podido corroborarse. Esta persona supuestamente presenció los hechos y, en julio de 2015, de forma voluntaria, identificó a los seis presuntos autores de la muerte de Jimmy. Entre ellos, D. P. Los tribunales, sin embargo, no le dieron credibilidad y, un año y medio después, se archivó el caso porque no se podía identificar a los responsables. En junio de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrirlo y, tras otro archivo en 2018, volvió a pedir que se siguiera indagando en los hechos en abril de 2020.
En 2017, la Audiencia Provincial ordenó reabrirlo y, tras otro archivo en 2018, volvió a pedir que se siguiera indagando en los hechos en 2020
En su auto, el juez indica que ha practicado todas las actuaciones posibles y no ha logrado atribuir la autoría de la muerte a persona alguna. A lo largo de la investigación se llegó a imputar el homicidio a cuatro personas por error. Duda, además, de la nueva confesión del testigo citado dado que permaneció "impasible" durante los meses en que se atribuyeron los hechos a personas no relacionadas con los mismos que incluso fueron enviadas a prisión. Tampoco considera determinante un nuevo informe pericial sobre la caída de Jimmy al río que se acompañaba de un estudio "colorimétrico" sobre la ropa de quien lo lanzó. "Nos encontramos ante meras sospechas, hipótesis o elucubraciones absolutamente insuficientes", indica el auto.
La reapertura del caso Jimmy ha terminado en el mismo sitio en el que comenzó. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid acaba de ordenar un nuevo sobreseimiento de la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero tras agotar la instrucción que le ordenó practicar la Audiencia de Madrid. La declaración de un testigo protegido no ha permitido, pese a todo, al juez hallar indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio y de lesiones. Contra la decisión cabe recurrir en reforma.