Madrid, condenada a pagar medio millón a funcionarios a los que no subió el sueldo
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Madrid, condenada a pagar medio millón a funcionarios a los que no subió el sueldo

La CAM tendrá que abonar a los trabajadores de la Administración de Justicia el incremento de la masa salarial que sí percibieron el resto. El Gobierno regional estudia un posible recurso

placeholder Foto: Imagen de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad. (EFE)
Imagen de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad. (EFE)

La Comunidad de Madrid ha sufrido esta semana un duro varapalo judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de la capital ha fallado en contra del Gobierno regional en un caso que data de finales de 2018 y en el que se reclamaba que los funcionarios de la Administración de Justicia de la región recibieran el mismo incremento salarial que el resto de empleados públicos del territorio en ese curso. El Ejecutivo rechazó hacerlo al entender que no estaban bajo su paraguas, pero la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ha estimado la versión de la parte demandante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Declarando la obligación de la Administración demandada de aplicar la segunda línea de actuación a los empleados públicos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid por el que se distribuye el fondo del 0,2 por 100 de la masa salarial", reza el escrito, firmado por la magistrada Carmen Casado Guijarro y fechado el 6 de septiembre, contra el que la Consejería de Economía y Hacienda puede interponer recurso. Según las estimaciones de CSIF, con base en los datos facilitados por la CAM, el montante total de este abono ascendería a medio millón de euros.

Foto: Foto: Reuters/Sergio Pérez. Opinión

El origen de la causa se remonta al 2 de octubre de 2018, un momento en el que la Comunidad aún estaba gobernada por Ángel Garrido, tras haber dimitido Cristina Cifuentes, y estaba a los mandos de la cartera de Hacienda Engracia Hidalgo, actual concejal del ramo en el Ayuntamiento de Madrid. Aquel día, el Consejo de Gobierno acordó, en el marco de una subida nacional, la distribución del fondo del 0,2% de la masa salarial en el funcionariado que sirve en la región. La Puerta del Sol, sin embargo, no incluyó en este reparto a los trabajadores de Justicia al entender que era algo que correspondía al Estado.

El citado sindicato elevó un recurso a la consejería, pero esta emitió una resolución el 4 de junio de 2019, con el Gobierno autonómico en funciones tras los comicios de ese año, negando extender la medida a estos funcionarios. Fue entonces cuando dio el paso y presentó demanda ante el juzgado. Para CSIF, según consta en la sentencia, se produjo una "vulneración del principio de igualdad por haber incurrido la demandada en discriminación al respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia en relación con el resto de los empleados públicos".

"La diferenciación en el cobro de ese fondo no encuentra justificación"

Durante el proceso, Hacienda ha argumentado que "existe una imposibilidad competencial y legal" de aplicar esa medida salarial a los mencionados funcionarios, por lo que "no es posible el abono al personal" por "gozar este de un estatuto jurídico propio y un régimen específico cuya determinación corresponde al Estado y no a la Comunidad de Madrid", una justificación que la juez no ha dado por válida. En la sentencia enfatiza que el acuerdo del Consejo de Gobierno "comprendía a todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid". "La diferenciación en el cobro al respecto de ese fondo no encuentra justificación en las alegaciones", apostilla.

"No pueden ser aceptadas las razones que aduce la Administración demandada para denegar la aplicación del incremento adicional del 0,2%", señala en el escrito, en el que también recoge que los funcionarios de Justicia "no están excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo" de la Comunidad. Entiende la magistrada que en el momento en el que firmó ese acuerdo tras las negociaciones con los empleados públicos, Madrid ya era conocedora de que esa "paga adicional complementaria" para ese personal concreto era fijada por otra Administración y que, para no dejarlo "excluido", "podía haber imputado el citado fondo a otros conceptos retributivos respecto de los cuales la Comunidad tiene competencia".

Casado Guijarro condena, además, a que la consejería asuma las costas de la causa. Fuentes del Gobierno regional explican que ya han sido notificados y que están estudiando si interponer un recurso. Precisan, eso sí, que si hubiese un fallo firme en su contra abonarían la cuantía estipulada, que en CSIF cifran en ese medio millón y que estiman que supondría unos 78 euros anuales para los más de 6.400 trabajadores afectados.

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