Más Madrid se aferra a un 'punto negro' de la ley de Telemadrid para frenar el asalto de Ayuso
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LA REFORMA LLEGA A LA ASAMBLEA

Más Madrid se aferra a un 'punto negro' de la ley de Telemadrid para frenar el asalto de Ayuso

El partido de Mónica García estudia la fórmula jurídica con la que frenar las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso de tomar el control de la radiotelevisión madrileña

placeholder Foto: La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García. (EFE)
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García. (EFE)

La reforma de la ley de Telemadrid sale adelante este jueves salvo hecatombe. El PP solo necesita la abstención de Vox y estos ya informaron de que votarían en ese sentido, pese a no gustarles la norma. Con ella, Isabel Díaz Ayuso podrá tomar el control del ente público con una figura de nueva creación que nombrará ella y que deberá obtener el respaldo posterior de Rocío Monasterio (u otra formación). La izquierda busca fórmulas para poder frenar lo que considera un "atropello" a la imparcialidad, y aquí Más Madrid tiene abiertas varias vías, una de ellas poniendo el foco en un punto de la propia reforma impulsada por los populares, según apuntan fuentes parlamentarias.

La presidenta lleva preparando el nuevo texto desde que ganó las pasadas elecciones del 4 de mayo con el objetivo de modificar la dirección del ente. El nuevo proyecto supone la salida de su actual director antes de lo previsto, en cuanto entre en vigor, y el Gobierno regional podría nombrar entonces un administrador provisional sin límite de tiempo y que solo tendría que ser respaldado por la mitad más uno de los diputados de la Cámara, en lugar de dos tercios. Este tendría incluso la potestad de nombrar a los directivos, ya que la nueva norma elimina el visto bueno del consejo de administración para poder proceder con estos nombramientos. La izquierda teme que el PP opte por perpetuarlo en el poder.

Foto: Toni Cantó y Patricia Reyes junto a Albert Rivera en el Congreso en 2016. (EFE)

Es aquí donde Más Madrid cree que el Ejecutivo madrileño podría incurrir en un incumplimiento de su propia norma. El documento que se vota este jueves por lectura única señala que antes de que acabe el mandato del director general, habrá un plazo de tiempo en el que los partidos intentarán consensuar un nuevo director general. De no darse ese acuerdo, el texto introduce ese administrador provisional. En concreto, afirma: "Tres meses antes de que finalice el mandato del director general, el consejo de administración iniciará el procedimiento (...) para la elección de su sustituto (...). Si llegada la fecha de finalización del mandato no se hubiese podido completar el procedimiento descrito, el Gobierno nombrará un administrador provisional".

Desde la Puerta del Sol, señalan que una vez aprobada la reforma se pondrán manos a la obra para elegir un administrador provisional

Desde la Puerta del Sol, señalan que una vez aprobada la reforma este jueves, entrando en vigor al día siguiente, se pondrán manos a la obra para elegir un administrador provisional. Fuentes gubernamentales se limitan a decir que la elección será exprés, un proceso "rápido", aunque evitan dar plazos concretos. El siguiente Consejo de Gobierno ordinario sería el miércoles próximo, 14 de julio. Ese administrador tomaría el mando y debería ser luego respaldado por una mayoría absoluta en la Asamblea, previsiblemente en septiembre, aunque desde el PP enfatizan que esto último no tiene que ser inmediato. Vox niega que les hayan contactado para lograr su voto favorable para esta cuestión.

Fuentes de la formación de Mónica García explican a este medio que entienden que por cómo está redactada la reforma no podrían saltarse ese paso de los tres meses en que se activaría el proceso para elegir un nuevo director general consensuado. Creen que si optaran por nombrar a un administrador provisional rápidamente saltándose ese punto, estarían incumpliendo su propia ley. "La elección del administrador provisional es consecuencia de lo anterior", enfatizan estas fuentes. El partido expondrá sus posicionamientos en el corto debate de este jueves y paralelamente ultimará los detalles de esta estrategia jurídica, que podría tener su cauce en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"La propuesta reduce peligrosamente los mecanismos de salvaguarda de independencia"

El primer partido de la oposición ya apostó este martes por que los socialistas presenten un recurso de inconstitucionalidad, que ellos no pueden interponer, a través de su grupo en el Congreso o del propio Gobierno central. El PSOE madrileño está estudiando aún por qué vía optar, pero fuentes socialistas creen que uno de los elementos más reprochables es el método elegido para su tramitación, por lectura única, agilizando su aprobación y eliminando el debate y las posibles enmiendas.

Los partidos de izquierda, también Unidas Podemos, se unieron este miércoles en un manifiesto que también promueven el propio Comité de Empresa de Telemadrid, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los grandes sindicatos y otras asociaciones del gremio. "La propuesta reduce peligrosamente los mecanismos de salvaguarda de independencia y pluralidad que contiene en la actualidad", reza el documento, que firman 18 organizaciones. Fuentes del comité consultadas por este medio evitan indicar si se movilizarán contra la nueva realidad y prefieren esperar a que se vote y se aplique.

En los últimos días, el director general, Jose Pablo López, que tiene mandato hasta 2023 a la espera de la reforma, y la presidenta del consejo de administración, Celia Ferrero, han plasmado su firma en una misiva enviada a los grupos parlamentarios en la que se oponen a la nueva ley, al entender que no se busca ninguna medida para mejorar la gestión o la eficiencia, sino que "parece tener como único fin sustituir a la persona que ostenta la Dirección General". La gestión de López, que fue apoyado en 2016 por PP, PSOE y Ciudadanos, ha sido cuestionada por los populares en estos dos años y la propia Díaz Ayuso aseguró que era "la única presidenta que tiene una televisión que la critica".

Foto: La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)

Fuentes del consejo explican que están "muy preocupados" por la iniciativa y apuestan por crear un grupo de trabajo y dejar el proyecto popular en el cajón. El órgano, de hecho, es otro de los que se ven afectados con la reforma, ya que esta modifica su composición y especifica que sus miembros serán elegidos únicamente por los partidos políticos, suprimiendo el cupo existente para profesionales del sector. "Nos vacía de competencias al consejo, que es el garante de la imparcialidad, y deja fuera de él a las asociaciones profesionales", apostillan estas fuentes.

Díaz Ayuso tiene garantizado su proyecto de ley, la primera de la legislatura, con la abstención de Vox, que argumenta que no puede votar con la izquierda, pero deberá seducir a los de Monasterio para que su voto pase a ser un sí cuando tengan que refrendar al administrador provisional. El que está llamado a ser socio preferente del PP sigue defendiendo el cierre o la reducción del presupuesto para Telemadrid. La votación de la norma madrileña llegará una semana después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado el nombramiento en RTVE de Rosa María Mateo como administradora única provisional, aunque en este caso por haber recurrido Moncloa al decreto ley.

La reforma de la ley de Telemadrid sale adelante este jueves salvo hecatombe. El PP solo necesita la abstención de Vox y estos ya informaron de que votarían en ese sentido, pese a no gustarles la norma. Con ella, Isabel Díaz Ayuso podrá tomar el control del ente público con una figura de nueva creación que nombrará ella y que deberá obtener el respaldo posterior de Rocío Monasterio (u otra formación). La izquierda busca fórmulas para poder frenar lo que considera un "atropello" a la imparcialidad, y aquí Más Madrid tiene abiertas varias vías, una de ellas poniendo el foco en un punto de la propia reforma impulsada por los populares, según apuntan fuentes parlamentarias.

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