Almeida vence a Carmena, pero se arriesga a sufrir un agujero económico por las multas

La resolución del Tribunal Supremo que tumba Madrid Central fue una victoria para el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, pero con tintes amargos. Aunque el fallo supone un espaldarazo a los postulados que ha mantenido el PP en los últimos tres años, este pilla a contrapié al equipo de gobierno actual, que aún se encuentra realizando los trabajos de elaboración de la futura norma medioambiental que debe sustituir y enmendar la zona de bajas emisiones que impulsó Manuela Carmena. El consistorio tendrá que acelerar dentro de lo posible su tramitación para intentar que para cuando Madrid Central se extinga definitivamente, ya haya una nueva regulación que limite el acceso al centro de la capital y permita seguir multando a quienes entren a este recinto, así como continuar con la protección medioambiental. La gestión de las sanciones se antoja un tema clave.

Pese a que el acontecimiento tiene una incidencia mayúscula en términos políticos y de modelo de ciudad, la primera respuesta del ayuntamiento ha sido una llamada a la prudencia y la cautela para terminar de definir cómo encajan lo que debería ser una victoria sin matices para sus intereses, pero que puede convertirse en un dolor de cabeza. De hecho, el propio regidor se encargó de recordar que con esta resolución, contra los defectos de forma del proyecto, se confirma el "fracaso" de su predecesora. Fue el propio Grupo Popular quien recurrió la regulación y Almeida quien centró su campaña en 2019 en rechazar el área en cuestión. La paradoja es tal que este martes el popular criticaba la regulación, a la par que insistía a los madrileños en que debían seguir cumpliéndola.

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Fuentes municipales explican que se trata de un asunto tremendamente "complejo" y que el primer paso será esperar a que el expediente del Supremo llegue de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para dar por firme la sentencia. Entonces, auguran estas fuentes, tendrían un margen de dos meses para llevar la anulación de Madrid Central a la práctica. Hasta entonces, la normativa continúa vigente, como se encargó de enfatizar este martes el propio primer edil.

En el consistorio, tampoco descartan que el TSJM pudiera solicitar una ejecución inmediata de la sentencia, lo que trastocaría todos sus planes, ya que ni siquiera esperaban que el Supremo fuese a pronunciarse tan rápido. Sin embargo, entienden que la opción más probable es que tengan ese margen de dos meses para aplicar la anulación de Madrid Central. Ese plazo llevaría el último día de vida de la normativa a mediados del mes de julio. Desde la corporación, fuentes municipales aseguran que su nueva ordenanza medioambiental ya ha sido redactada y que se encuentra a la espera de culminar los últimos trámites, entre ellos, la aprobación inicial y la de información pública.

El área de Medio Ambiente y Movilidad se ha propuesto la última semana de julio como el momento en que debería llevarse a comisión y pleno para su aprobación definitiva, aunque los grupos de la oposición confirman a este medio que no han decidido aún su postura. Esto dejaría un estrecho margen de unos días en los que no habría limitación de acceso a la llamada 'almendra central' de la ciudad, aunque fuentes municipales insisten en que hay otras restricciones como la peatonalización de la Puerta del Sol que seguirían vigentes en cualquier caso. Estas mismas fuentes apuntan también a que podrían tomarse medidas intermedias mientras se consolida la nueva ordenanza, como por ejemplo limitar temporalmente el tráfico en alguna calle principal.

Pero sin duda una de las grandes preguntas que surgieron este martes fue la relativa a las multas, a las ya impuestas y a las que se impondrán de ahora en adelante. Fuentes municipales indican que desde abril de 2019 hasta febrero de 2021 el consistorio ha impuesto 1.393.827 sanciones por saltarse las prohibiciones de Madrid Central, lo que lleva a unas 60.000 mensuales. El pasado julio, Martínez-Almeida cifró en 36 millones lo recaudado hasta entonces y pareció abrir la puerta a devolverlos. Ahora la duda de muchos ciudadanos es si pueden o no recuperar lo que han pagado. El alcalde aseguró que aún es "aventurado" posicionarse claramente al respecto y que los servicios jurídicos estaban estudiando la situación que se abre ahora.

Fuentes municipales entienden, en principio, que no habrá abono alguno y se amparan en que las multas que han sido comunicadas a los infractores son firmes y deben ser pagadas, puesto que quienes entraron en Madrid Central sin permiso lo hicieron saltándose una normativa vigente, aunque esta haya sido luego tumbada. Es más, inciden en que las cámaras no se apagarán a partir de hoy, ni habrá vía libre sin restricciones, sino que la zona de bajas emisiones continuará funcionando y también las sanciones por incumplimientos. En la corporación asumen, sin embargo, que habrá parte de la población que recurra ante los tribunales, dada la nueva coyuntura. Cuando no podrían seguir multando sería en el caso, probable, de que la anulación del espacio se llevara a la práctica sin que haya una nueva normativa que la sustituya.

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Pese a todo, hacen hincapié en la complejidad de la situación y en que habrá que esperar a un análisis en profundidad. Como ya informó El Confidencial este martes, los expertos consultados se decantaban por que las multas ya pagadas no se devolverán, atendiendo a criterios de seguridad jurídica y al principio de evitar prejuicios económicos en las administraciones locales. Pese a esto, indicaban que hay vías para reclamar no solo la devolución, sino también otras cuantías. Sí atisban más opciones para quienes aún no hayan abonado las infracciones y para las que están por venir una vez se ha conocido la decisión judicial del alto tribunal.

No es la primera vez que la Justicia pone patas arriba la estrategia municipal en este ámbito. El actual Gobierno de coalición ya aprobó a comienzos de su mandato una moratoria temporal para las sanciones, pero esta fue suspendida rápidamente y en junio de 2020 un juez anuló esta decisión al considerar que era "disconforme a derecho". Las fuentes municipales ponen como ejemplo este episodio para señalar ahora el embrollo del escenario que se presenta.

La resolución y Madrid 360

La resolución del Supremo de este martes desestimó un recurso de Ecologistas en Acción, que había sido interpuesto contra la sentencia del TSJ del mes de julio en la que daba parcialmente la razón, a grandes rasgos, a los postulados del PP en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, consideraba que los defectos de forma, especialmente en cuanto a la memoria económica del proyecto, hacían que esta debiera ser anulada. El grupo activista entendía que el interés general y la incidencia social de tumbar Madrid Central debían primar, pero el TS respaldó las tesis del Tribunal Superior de Justicia, que también había admitido otros dos recursos —uno de ellos de la Comunidad de Madrid—, y dio por anulada la zona de bajas emisiones.

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El fallo no entra a valorar, por tanto, la necesidad de que haya o no esta protección medioambiental, sino que únicamente se limita a señalar si las deficiencias merecen que se elimine. Lo mismo sostiene el equipo de gobierno del consistorio, que incide en que ellos no se oponen a este tipo de proyectos, sino a la "chapuza" que se llevó a cabo en su elaboración. Así, resaltan que su proyecto de Madrid 360 es, a su juicio, más ambicioso, por abarcar otras zonas de bajas emisiones más allá de la almendra central, que también seguiría limitada en su actual delimitación —solo se alteran dos calles—, incluyendo otra restricción en el área de plaza Elíptica y, a partir de 2022, prohibiciones en el interior de la M-30 para vehículos sin etiquetas. Además, prevén equiparar a comerciantes y residentes para que los primeros puedan acceder sin límites.

Lo cierto es que el debate sobre la supervivencia de Madrid Central fue uno de los grandes debates en la campaña de 2019, en la que PP, Cs y Vox terminaron sumando mayoría para derrocar a Carmena. Almeida hizo de su oposición a estas limitaciones una de sus grandes banderas, como también la agitó Javier Ortega Smith. En el caso de los naranjas, los de Begoña Villacís han tenido discrepancias con sus socios de gobierno, pero también han criticado la gestión del consistorio previo en este ámbito. Se trataba de uno de los buques insignia de la exalcaldesa y, desde Más Madrid, Rita Maestre valoró que la capital está ahora "más desprotegida" frente a la contaminación debido a la acción del regidor: "Madrid retrocede".