El juez rechaza retirar el cartel de Vox sobre menores extranjeros

El Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha denegado la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del cartel de la formación política Vox sobre los menores inmigrantes no acompañados, al estimar que no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho. Una vez tramitada la medida cautelar por parte del juzgado de diligencias, será el Juzgado de Instrucción 53, órgano que conoce de la causa, el que continúe el procedimiento instado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio.

La decisión la ha tomado la jueza Carmen Rodríguez Medel, que puso en apuros al Gobierno por la manifestación del 8-M de 2020 y llegó a imputar al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La magistrada archivó aquel procedimiento tras su instrucción al no ver indicios de delito.

La Fiscalía había pedido la retirada inmediata del cartel en el que Vox compara las ayudas para los menores no acompañados y las pensiones de la tercera edad, informan fuentes jurídicas a El Confidencial, que concretan que la decisión se ha adoptado para proteger al colectivo. El Ministerio Público, que abrió este martes una investigación para comprobar si esta propaganda encaja con la comisión de un delito de odio, ha denunciado los hechos y reclamaba la eliminación cautelar de la publicidad colocada en la estación de Cercanías en la Puerta del Sol y de "todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".

En el cartel, se compara el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados ("Un 'mena' 4.700 euros al mes") con la pensión que reciben los mayores ("Tu abuela 426 euros de pensión/mes"). La supuesta peligrosidad de los menores no acompañados se ha convertido en uno de los ejes de la campaña de los de Abascal. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha referido a ellos en varias ocasiones destacando que suponen un problema "descomunal".

El Ministerio Público considera que el contenido del cartel incluye "una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado". La medida cautelar planteada por la Fiscalía obedece a que estos menores no nacionales "carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional". Eso les convierte en un colectivo "doblemente vulnerable", tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero, "lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos", indica la denuncia.

Para salvaguardar su derecho electoral, las fuentes consultadas apuntan que el partido de Santiago Abascal podrá seguir utilizando este espacio con otra publicidad en el caso de que un juez atienda la solicitud.

El Ministerio Público ha decidido analizar la cuestión a la vista de la especial vulnerabilidad del colectivo mencionado en el cartel. Reconoce la doble dificultad que supone, por una parte, determinar si el cartel supone una incitación suficiente como para constituir delito y, por otra, determinar quién sería el responsable de su colocación en el seno de la formación, pero ve delito.

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Son delitos de odio aquellos que inciten infracciones contra personas por su conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia "a un grupo", por su origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar. Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra estos colectivos considerados vulnerables, se enfrentan a penas de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a 12 meses.

Esa es otra de las cuestiones que, según las fuentes consultadas, centran la investigación de la Fiscalía. En el caso de que consideren que estos hechos pueden encajar indiciariamente con el mencionado delito, ¿quién es el responsable del mismo? Por el momento, tampoco se descarta que la Fiscalía proceda contra el jefe de campaña del partido o incluso contra la propia candidata.

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Más allá de la Fiscalía, el PSOE ya ha llevado a los tribunales el polémico cartel de Vox. "Se trata de un mensaje de odio y racismo, basado en el origen y en la religión. No solo invita al racismo y la xenofobia, sino que lo concreta en la islamofobia y, especialmente, en los menores extranjeros no acompañados, los más vulnerables de todos", recoge la denuncia a la que ha tenido acceso este diario. Según defiende, crea "un claro paralelismo entre la inseguridad, la delincuencia y los menores extranjeros (y mayores), especialmente los de religión musulmana, y una contraposición con la pobreza de algunos españoles por el gasto en los extranjeros".

La candidatura de Unidas Podemos, por su parte, registró este miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid para que “urgentemente” tome medidas en relación con la campaña de Vox por su “marcado carácter discriminatorio y xenófobo contra el colectivo de las personas menores inmigrantes no acompañadas, incitando al odio y a la violencia”. En dicho escrito, se reclama "la inmediata retirada de la publicidad electoral coincidente con el cartel denunciado", pero este jueves, la Junta Electoral ha remitido el caso a la Fiscalía. Tanto Podemos como Más Madrid ya habían denunciado esta propaganda electoral ante el Ministerio Público.