La Justicia avala al alcalde de Boadilla del Monte: casi toda la oposición sin sueldo

Boadilla del Monte (Madrid) es el tercer municipio de España con la renta media más alta, por encima de los 20.000 euros. Sin embargo, los concejales de la oposición, o tienen un salario parcial o no cobran nada por ir al Ayuntamiento. De los 25 ediles que se eligen en este municipio del noroeste de la capital, 15 fueron para el PP tras hacerse con más de la mitad de los votos en las elecciones de 2019. El alcalde, Javier Úbeda, decidió hacer gala de la mayoría absoluta que reeditaba su partido y estableció un régimen salarial para la oposición en el que solo tres de los diez concejales (5 de Cs, 3 del PSOE y 2 de Vox), uno de cada formación, tendrían un salario correspondiente al 75% de la dedicación. Ciudadanos recurrió y ahora el Tribunal Superior de Justicia regional ha avalado la medida.

El TSJM considera en su fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, que el consistorio no vulneró los derechos de representación con las regulaciones existentes en su decisión de que siete de los ediles que no eran parte del partido de Gobierno se quedaran sin salario. El recurso fue presentado por Alejandro Corral, de Ciudadanos, después de un pleno del 21 de junio de 2019, en el que se adoptó el nuevo modelo, así como otros elementos relativos al funcionamiento de la institución. El edil de Cs argumentó que los distintos movimientos impulsados por los populares cercenaban sus derechos como representantes electos, así como su capacidad para controlar al regidor.

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Corral, condenado a pagar 2.000 euros en costas, expuso ante la Justicia que se estaba consolidando un trato desigual respecto a los ediles populares en materia no solo salarial, sino de asignación de recursos humanos, ya que el personal eventual quedó en su totalidad a disposición del equipo del PP. El cargo naranja alegó en su argumentación que se trataba de una discriminación por motivos ideológicos, algo que el tribunal mencionado dice no tener pruebas para poder evaluar.

Lo que sí entra a valorar el TSJ, en su escrito del pasado 23 de febrero, es que no existe un derecho reconocido a que se concedan retribuciones de dedicación exclusiva o parcial para ejercer las funciones representativas en un ayuntamiento. Así lo argumenta citando un fallo previo en el que se explica que solo tienen derecho a estos salarios quienes desempeñan un cargo que lo requiere, deduciéndose que puedan corresponder a los ediles delegados de áreas de gestión. Concluye, asimismo, que la retribución no está vinculada en ningún caso a una supuesta necesidad de guardar "una determinada proporción con los grupos". Es decir, los sueldos completos no han de ir necesariamente distribuidos equitativamente entre las formaciones.

Los siete concejales que carecen de un salario mensual sí que ingresan cuantías, aunque inferiores, por acudir a los plenos o a las comisiones informativas. Las 'dietas' oscilan entre 180 y 375 euros, respectivamente, según fuentes municipales. En el momento de la aprobación del modelo, el PP no tuvo problemas para sacarlo adelante con su mayoría absoluta, pero el PSOE se abstuvo, como ya informó este medio.

La regulación

Lo cierto es que este tipo de prácticas son muy comunes en pequeños consistorios y están reguladas en la reforma de la Administración Local de 2013, que recoge entre otras cosas que los municipios con entre 50.001 y 100.000 habitantes -donde entra la localidad en cuestión- tendrán un máximo de puestos de personal eventual menor a la mitad de concejales (12 en este caso) y que podrán llegar a disponer de hasta 15 dedicaciones exclusivas (cobrando el 100% del sueldo), aunque en estos momentos disponen de 14 adjudicadas en Boadilla, todas del PP. No fija límites para las dedicaciones parciales. La norma en cuestión fue ideada para reducir el gasto en las corporaciones y adaptarlo al tamaño del municipio.

En una ciudad de mayor tamaño como es Valencia, el actual alcalde, Joan Ribó (Compromís), comenzó su presente mandato dejando a la mitad de los concejales de la oposición sin dedicación exclusiva, algo que recibió la contestación de esos grupos como sucede en el caso abordado en esta información. PP, Ciudadanos y Vox clamaron en el verano de 2019 con argumentos muy similares a los utilizados por Corral en el caso de Boadilla del Monte.

En conversación con este medio, Corral, el edil de Cs que recurrió en la localidad madrileña, explica que la labor de oposición que realizan los diez concejales es muy complicada debido a la falta de medios y a que solo tres de ellos tienen un sueldo asignado, aunque ni siquiera sea con dedicación completa. "No solo cuentan con el apoyo de los funcionarios, sino que han agotado todo el personal eventual para ellos. Te deja sin instrumentos para poder fiscalizar. Poder, podemos hacerlo, pero se nos está limitando".

Corral se ampara, del mismo modo, en el Código Ético y de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, al que está adherido el consistorio y que recoge que debe existir proporcionalidad en las dedicaciones exclusivas y parciales, por lo que considera que se debería atender su petición.

Pese a que la sentencia del TSJ desestima su recurso, avanza que ya está estudiando una nueva apelación ante el Tribunal Supremo, que podrá interponer hasta el 23 de marzo. Independientemente de lo que decidan finalmente los tribunales, Corral cree que la derrota "legal" no puede esconder la falta de "cortesía política" ni el "juicio moral" a la corporación actual. Como ejemplo de la falta de recursos, el concejal señala las denuncias que ha interpuesto: "Yo soy abogado, pero si necesito un procurador me lo tengo que pagar yo, y si me condenan a costas, también. El Ayuntamiento lo hace con su equipo jurídico".

No se trata del primer recurso presentado por el representante naranja. Hace unos días ya recibió un revés en una causa en la que se reclamaba que los partidos de la oposición pudieran participar en los medios de comunicación financiados por el consistorio para que se reflejara su actividad. Corral fue condenado a pagar otros 250 euros. El concejal afirma que está optando por la vía judicial para tratar de contrarrestar una actitud que considera impropia con la oposición.

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El ahora concejal de Ciudadanos en el pleno municipal de Boadilla entró en política después de haber sido el máximo responsable de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del municipio. Fue gerente de esta entidad entre 2009 y 2012, bajo el mandato del exalcalde Juan Siguero, que dejó el puesto tras ser imputado por la Gürtel. Después terminó siendo cesado por el primer edil posterior, el también popular y ahora diputado nacional del PP Antonio González Terol.

Corral fue indemnizado por su despido tras activar también la vía judicial. En 2020, regresó a la EMSV, aunque ya no como gerente, sino para ser consejero de la misma por parte de Ciudadanos. El movimiento llegó después de un reajuste en la organización del ente para incorporar a representantes de la oposición después de que así lo fallara un juzgado de Madrid. Precisamente, la anulación del reparto previo llegó tras un recurso del propio Corral.