El Gobierno prohíbe las manifestaciones del 8-M en Madrid por "salud pública"
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El Gobierno prohíbe las manifestaciones del 8-M en Madrid por "salud pública"

La decisión se ha tomado "por motivos de salud pública" tras estudiar los recorridos, previsión de asistencia, duración o lugares de celebración que se habían comunicado

placeholder Foto: Un momento de la manifestación en la Asamblea Madrid 8 de Marzo en 2017. (EFE)
Un momento de la manifestación en la Asamblea Madrid 8 de Marzo en 2017. (EFE)

Las manifestaciones convocadas en la Comunidad de Madrid con motivo del 8 de marzo no tendrán autorización. La Delegación del Gobierno en la región ha optado finalmente por prohibir aquellas concentraciones que habían sido comunicadas para el Día de la Mujer y el domingo previo, el 7 de marzo. Así lo ha comunicado el equipo de José Manuel Franco alegando razones sanitarias debido a la pandemia.

El veredicto se ha tomado, según citan en un escrito, "por motivos de salud pública". Es la conclusión a la que han llegado después de analizar los recorridos, la asistencia prevista, los horarios estimados o los lugares de celebración de las peticiones presentadas, y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid.

Foto: La ministra de Sanidad, Carolina Darias. (EFE)

La Delegación del Gobierno argumenta en su comunicado que la evolución de la pandemia en la capital sigue siendo de las peores a nivel nacional, a pesar de que nos encontramos en un momento de claro declive en los índices de contagios en los últimos días.

"Se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional", ha indicado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

El 8-M ha sido desde el año pasado un motivo de confrontación entre los distintos partidos nacionales. PP y Vox han acusado en múltiples ocasiones a Moncloa de haber autorizado las manifestaciones de marzo de 2020 por motivos políticos a sabiendas de los riesgos sanitarios que acarreó. Tanto el Ejecutivo como el propio Franco han incidido en todo momento en que con los datos que tenían entonces no podían suspender las concentraciones que se celebraron una semana antes del confinamiento.

En los últimos días, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el 8 de marzo pasó de "el Día de la Mujer a ser el de 'la mujer contagiada", lo que le valió las críticas de la izquierda madrileña.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy. (EFE)

Tanto en Madrid como en otras regiones de España, se han celebrado desde el inicio de la epidemia múltiples manifestaciones con distintas motivaciones y fines y con la aprobación de la Delegación del Gobierno, que tiene el deber de dar su autorización a aquellas movilizaciones que sobre el papel cuenten con todos los requisitos necesarios.

Hace solo 10 días, el propio Franco aseguró en una entrevista que no autorizaría concentraciones de más de 500 personas en el marco de las movilizaciones feministas, dejando la puerta abierta a que las que tuvieran un aforo menor a este pudieran tener lugar y ser autorizadas. Menos de dos semanas después, la decisión ha dado un giro y no habrá luz verde para las tradicionales manifestaciones en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

Tras conocerse la noticia, otras comunidades como la Región de Murcia, han instado a la Delegación de Gobierno a seguir el ejemplo de Madrid y no permitir movilizaciones por el 8-M, "tal y como recomiendan organismos internacionales y la comunidad científica, así como el propio Ministerio de Sanidad". Sin embargo, en otras, como en Cataluña, el Gobierno catalán ha defendido la viabilidad de los actos del próximo 8 de marzo porque se están organizando "con la máxima prudencia".

En rueda de prensa junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, y el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, la consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés ha insistido en que deben compatibilizar "todos los derechos" fundamentales, como el derecho a manifestación, con la gestión de la pandemia.

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