Ayuso pide al Supremo que fuerce el paso a fase 1 contra el criterio de Sanidad

La Comunidad de Madrid ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo que fuerce, como medida cautelar, el paso a la fase 1. En el recurso presentado ante la Sala Contencioso-Administrativa del alto tribunal el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso solicita que los magistrados declaren su entrada en la siguiente etapa de la desescalada al considerar que el criterio impuesto por el Gobierno central adolece de discrecionalidad y se aprecian diferencias de trato entre territorios. Si Sanidad avala mañana el salto, esta petición perderá objeto.

El recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, argumenta que no ha habido una aplicación "homogénea" de los indicadores técnicos y fundamenta su solicitud en que sólo la concesión de la medida cautelar evitaría "perjuicios irreparables". Defiende así que la Comunidad cuenta con datos objetivos que demuestran que las razones ofrecidas para denegar la segunda solicitud "no muestran una aplicación homogénea de los indicadores". La decisión fue, a su entender "arbitraria".

El escrito asegura en concreto que la diferencia de criterio "sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad" y no se basa en una evaluación objetiva y técnica de los indicadores. Después de ver rechazada su pretensión en dos ocasiones, la Comunidad de Madrid apunta, también, al daño económico. "Entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) hay 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados", destaca.

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Este motivo económico es fundamental, según defiende, para valorar el cambio de fase cuando -dice- ya no "imperan" razones de salud pública. "No se cuestiona que cuando razones de salud pública imperaban, estos perjuicios quedaban plenamente justificados por la defensa de un bien superior", comienza y continúa: "Ahora bien, desde el momento en que no se justifican desde esa perspectiva, la solución que se impone es la contraria; pues, precisamente, las graves consecuencias que las medidas restrictivas conllevan, reclaman un uso muy prudente de ellas, que no debe extenderse más allá de lo necesario".

Ayuso critica especialmente la falta de información. Dice que en estos momentos "sigue sin tener conocimiento de los concretos motivos" que la han motivado. Alega también que criterios como el de la incidencia acumulada de casos (IA) se usan de "manera arbitraria" y su distinta aplicación ha permitido pasar a algunas regiones y no a otras.

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Por ejemplo -dice- el informe de 15 de mayo del Ministerio de Sanidad señala que la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 39,74/100.000 habitantes, superior a la del conjunto de España (25,71/100.000). Esos datos "se refieren al día 13 de mayo, fecha en la que comunidades autónomas como Navarra, ya en Fase 1, tienen un 45,86 de IA, cifra superior a la de Madrid en 6,12 casos acumulados y en 20,15 a la media de España".

El agravio comparativo que cree sufrir queda reflejado en otros de los datos incluidos en el recuso. Destaca que lugares como La Rioja, Navarra o el País Vasco superan la media nacional. A esas tres comunidades se les comunicó su pase el día 8 de mayo cuando la superaban ampliamente, agrega. "Queda demostrado que este indicador se usa de manera arbitraria" y en contra de Madrid y que Sanidad aplica "distinto grado de severidad" a conveniencia. "Hay datos objetivos que demuestran que las razones ofrecidas para denegar la segunda solicitud no muestran una aplicación homogénea de los indicadores. Una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica", concluye.