La Fiscalía pide archivar la causa contra Almeida por mantener los parques cerrados

La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por mantener cerrados los parques y jardines de la capital durante la crisis del coronavirus. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar el próximo 23 de mayo al regidor y al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Francisco Borja Carabantante, por la presunta comisión de un delito de prevaricación, pero el Ministerio Público considera que dicha comparecencia no tiene sentido porque el juez y la denuncia no aclaran la razon por la que "la resolución concreta" es "arbitratia" ni concretan "las personas que dictaron" la misma.

La Fiscalía no aprecia en la resolución de mantener cerrados los parques “datos que permitan inferir que contradicen la norma de forma patente y grosera o desborden la legalidad de un modo evidente", ni tampoco una decisión que muestre "una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal”. Tras analizar el caso, el Ministerio Público se adhiere al recurso presentado por el propio alcalde y, además del archivo, solicita que se rechace la medida cautelar de reabrir los parques y jardines.

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El denunciante, el abogado José Luis Mazón, sostiene en su escrito que los alcaldes no tienen competencias para adoptar medidas de estas características en el estado de alarma, razonamiento que apoya en que el Gobierno se erige como mando único: "El alcalde no puede cerrar los parques arbitrariamente, y el estado de alarma no le habilita para tomar la decisión, de modo que se está cercenando la libre circulación del ciudadano sin potestad para ello", asegura en su denuncia.

La Fiscalía, sin embargo, se muestra en contra de esta postura y pide el sobreseimiento, para lo que apunta a la reciente orden "sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria", en la que se establece que las autoridades locales “facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta”. A la vista de esta competencia, considera que el cierre de parques está justificado.

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Al Ministerio Público subraya además que le llama “poderosamente” la atención que el denunciante atribuya al alcalde de Madrid y a su concejal un delito de prevaricación sin mencionar a qué resolución concreta se refiere, situación que obliga a las partes a "adivinar" y, al mismo tiempo, refleja que desconoce quién dictó la misma. Según sostiene en su escrito, la arbitrariedad aparece “cuando la resolución [...] no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley”, o “cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad".

Una vez expuestas estas dos posibilidades, la Fiscalía concluye que el caso analizado no encaja con ninguna de ellas, pues no puede entenderse como arbitrario el hecho de cerrar ciertas zonas de la ciudad “si se consideran lugares donde puedan existir aglomeraciones, y en consecuencia posibles fuentes de contagio”.