Los cadáveres del sótano de la Complutense: el fiscal pide ocho años de cárcel para el jefe

En 2014, tras la inspección de Trabajo y Seguridad Social, las autoridades sacaron 534 cadáveres del sótano de la Universidad Complutense de Madrid. La dejadez en el Departamento de Anatomía II llegaba a tal punto que “era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”, situación que el exdirector de este área, José Ramón Mérida Velasco, supuestamente intentó silenciar: “Las puertas cerradas y que no se hable nada”. Esa e el relato que la Fiscalía Provincial de Madrid recoge en su escrito de acusación, en el que pide ocho años de cárcel para él por un delito contra la salud de los trabajadores y cinco contra la integridad moral.

El Ministerio Público sostiene que el centro de trabajo se convirtió en "un grave riesgo para la salud". Cuando la cámara frigorífica se averió, el acusado supuestamente ordenó a los técnicos que extrajeran entre 40 y 50 cuerpos para incinerarlos, pero estos terminaron amontonados en el sótano: “Al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”. Mérida pidió entonces instalar otro motor para solventar el problema, “pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición”.

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“El 30 de abril de 2014, el técnico [,,,] volvió a solicitar que se llevaran los cadáveres, a lo que el acusado contestó que era imposible. Ese mismo día, a última hora, el acusado convocó a […] y a [….] para decirles 'por esa vía vais mal' en referencia a las fotografías que habían aparecido en la prensa. El 12 de mayo de 2014, a través de la secretaria de su Departamento, el acusado dijo a los técnicos que se ataran los machos, que estaba muy enfadado con todos ellos, que las cosas iban a seguir igual y que el que no estuviera a gusto se marchara. Asimismo, en referencia a la publicación de las fotografías del centro de trabajo en la prensa, manifestó que si se enteraba de quién había sido, que se preparara”, recuerda la Fiscalía.

El escrito destaca además que los cadáveres accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. “Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”. La ausencia de "duchas, aseos adecuados, vestuarios o taquillas individuales" agravaba los riesgos, así como el supuesto uso de ropa inadecuada para realizar sus tareas y unas condiciones de higiene “deficientes”.

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La Fiscalía señala que Mérida desatendió "sistemáticamente" las quejas de los trabajadores, a los que "culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución”. Los técnicos desempeñaban así sus funciones en presencia “permanente” de un fuerte hedor a putrefacción, a lo que se sumaba que carecían de un libro de instrucciones sobre cómo manejar el horno crematorio. Según el Ministerio Público, el acusado respondió a las primeras protestas dando la orden de que "no se hable nada", negativa que se repitió al plantear la posibilidad de llevar los cuerpos a otro sitio: se limitó a decir que "era muy caro" y no frenó la llegada de cadáveres. El 20 de mayo de 2014, tras enterarse de que iba a tener lugar la inspección de Trabajo y Seguridad Social, supuestamente les recriminó que no le ayudaran con la destrucción de cadáveres y efectos tóxicos.

El escrito incide una y otra vez en que Mérida sometió a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes”, obligándoles a prestar sus servicios en un subterráneo "que carecía de ventilación adecuada" y dejándoles expuestos a la inhalación de gases. De hecho, el Ministerio Público no descarta que esta situación pudiera provocar que vapores nocivos se extendieran por diversas salas y pasillos. “El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad".