Una trabajadora social cobró la pensión de un muerto durante 33 años

Juana Igeño era una de las trabajadoras sociales del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, en Madrid. Allí trabajaba en el año 1980, cuando murió J.P.M., uno de los internos del centro. El fallecido no tenía familiares ni nadie que reclamara sus pertenencias, por lo que Juana se hizo con su DNI y sus documentos bancarios con un único fin.

Juana no comunicó el fallecimiento al banco, sino que utilizó la documentación de J.P.M. para hacerse con su pensión. El 23 de diciembre de 1981 usó esa misma documentación para abrir una cuenta corriente a nombre de J.P.M. y domiciliar allí el pago de la pensión. Después, ella se encargaba de retirar cada mes el dinero que se ingresaba.

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Carlos Sánchez

El hombre había recibido la pensión en 1977 por una incapacidad absoluta y comenzó a cobrar 104 euros mensuales, algo más de 17.000 pesetas al cambio. Sin embargo, a partir de 2013, esa cantidad ascendió a 689 euros al mes. Juana Igeño cobró su pensión durante 33 años, hasta que finalmente fue descubierta.

33 años cobrando ilegalmente

Tal y como consta en el escrito de acusación, que publica Europa Press, Juana Igeño cobró de manera ilegal la pensión de J.P.M. desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio de 2013. Por eso, el fiscal le imputa un delito de estafa y otro de falsedad documental, además de reclamar que abone a la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros.

La Fiscalía pide seis años de prisión por estafa y falsedad documental y una indemnización de 205.590 euros a la Seguridad Social

En enero de 2013, el banco donde estaba domiciliada la pensión solicitó a J.P.M. una Fe de Vida y Estado como titular de la cuenta bancaria. Sin embargo, siempre según la Fiscalía, Juana Igeño consiguió ese documento del Registro Civil presentando el DNI original del fallecido. Además, mostró una autorización a su nombre para poder solicitarla, pero "que ella misma había confeccionado imitando su firma".

La acusada se enfrenta ahora a una petición de seis años de cárcel, además del pago de la indemnización que reclama la Fiscalía. El caso será juzgado a partir de este lunes 3 de febrero en la Audiencia Provincial de Madrid.