Los trabajadores del 'botón del pánico' en Madrid dejarán de tomar la tensión

Los trabajadores de Asispa, una de las tres concesionarias del servicio de teleasistencia de Madrid, han sido exonerados de tomar la tensión a los ancianos que visiten. Para obtener mejores valoraciones de los pacientes que posteriormente repercutiesen en la renovación de su concesión, Asispa obligaba a su plantilla a salir con un tensiómetro y medir la tensión arterial, algo que incomodaba a gran parte de los trabajadores, ya que no disponían de cualificación para emitir un veredicto después de la prueba. "Yo tengo el título de técnico en emergencias (...) Nos obligaban a tomar la tensión a todos los pacientes sin tener ni idea de cómo hacerlo. ¿Y si le digo a alguien que está bien, no va al médico y luego muere?", decía a este periódico una de las trabajadoras.

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Alfredo Pascual

El fin del tensiómetro se comunicó a los trabajadores de Asispa a finales de noviembre a través de un correo electrónico: "Os informamos que a partir del lunes 2 de diciembre, las Unidades de Apoyo Domiciliario dejarán de estar equipadas con tensiómetro y termómetro digital". Se trata de una victoria de los trabajadores, que llevaban casi diez años reclamando el fin del tensiómetro y que le ha costado el puesto a alguno de sus técnicos.

La marcha atrás de Asispa coincide con la denuncia pública de El Confidencial y del Colegio de Enfermería de Madrid, pero también con la imposición de una multa del ministerio de Trabajo por estos motivos estimada en 340.000 euros. El acta de inspección, al que tuvo acceso este periódico, no dejaba margen a la duda respecto a la actuación de Asispa: "Asimismo, se constata que se realizan la anamnesis y el registro de constantes, funciones que además de la cualificación expresa que requieren, no son conformes a las establecidas en el Convenio Colectivo (...) La realización de tales actividades por el personal cualificado, en la medida que implican un riesgo para el personal objeto de la presentes actuaciones, asumiendo una responsabilidad y debiendo pronunciarse sobre el estado de salud de las personas que atienden, supone una vulneración del derecho de dicho personal a la dignidad y consideración debida a su integridad, entendiendo como tal su integridad moral y su seguridad jurídica en el ejercicio de su trabajo".

Ahora los trabajadores de Asispa, que consideran que la empresa ha vulnerado la ley durante una década, se hacen preguntas: "La cuestión que nos planteamos es: ¿quién debe responder ante tal situación? ¿Va la dirección general de la empresa a cesar del cargo a algún miembro? ¿Van a pedir disculpas de forma pública ante tal abuso de poder? ¿Va el ayuntamiento a tomar cartas en el asunto con esta empresa de cara a la adjudicación del nuevo concurso público que tendrá lugar en 2020, sabiendo que esta empresa ha estado infringiendo descaradamente el pliego de condiciones realizado avisos clientes privados con medios del ayuntamiento, transmitiendo plagas de insectos en dispositivos sucios además de saltándose la ley a la torera?".