Madrid gasta 500.000 euros en puertas antivándalos: 216 pisos okupados a patadas

La Comunidad de Madrid quiere combatir las okupaciones ilegales en los pisos públicos. La Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene actualmente un patrimonio de 23.400 inmuebles, de los que 1.985 (el 8,5%) están en una situación irregular. El objetivo es 'recuperar' estas casas para que puedan ser usadas por "las personas que en realidad las necesitan y cumplan los baremos exigidos", explican desde la Consejería de Vivienda y Administración Local, donde señalan que hay 5.000 demandantes de vivienda pública en la región. El problema no es baladí. La agencia destina anualmente unos cuatro millones de euros en intentar frenar estas okupaciones, "lo que supone un quebranto del patrimonio de todos los madrileños".

Los métodos que utilizan los okupas para asaltar pisos públicos son dispares, explican desde la consejería. Desde la tradicional patada en la puerta, a okupas habilidosos que son capaces de descolgarse por el conducto de las canalizaciones, "a pesar de que estos no suelen tener más de 50 centímetros de diámetro". También hay casos en que los okupas han llegado a realizar un butrón desde la vivienda colindante, que obviamente también está okupada. Los asaltos se suelen dar principalmente en los pisos bajos y en los áticos, "aunque últimamente también se han ocupado viviendas en otras alturas porque se descuelgan por la fachada y entran por las ventanas".

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El Gobierno regional reconoce que aprende de estos asaltos para intentar combatirlos, ya que actualmente tiene 397 casas vacías. "Desde hace aproximadamente un año, y tras analizar las experiencias de ocupaciones violentas", la AVS decidió retirar la puerta de entrada que tenían las viviendas una vez que se recuperan y protegerlas solamente con una puerta antivandálica. Es decir, en vez de dejar dos puertas (la normal y la antivandálica), solo se coloca la segunda para evitar que los okupas, si consiguen romper esta, encima tengan otra puerta nueva para atrincherarse dentro.

Las arcas públicas destinan 500.000 euros cada año en la instalación de puertas antivandálicas y tabicar ventanas en las viviendas que la AVS tiene vacías para evitar que sean okupadas. Son pisos sin inquilinos porque están en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas. Los datos demuestran que no siempre se consigue. Lo que se conoce como patada en la puerta es, en la mayoría de los asaltos, algo más sofisticado. Los okupas descerrajan las puertas con radiales. La AVS también ha tenido que ampliar la colocación de planchas metálicas en las ventanas de pisos en todas las alturas, ya que no solo se asaltan bajos y áticos.

La comunidad adjudicó en julio de 2017 el contrato del servicio de vigilancia y seguridad del patrimonio de la AVS, por el que paga 5,7 millones de euros en dos años y medio (2017, 2018 y 2019). La empresa ganadora del concurso no solo protege las sedes oficiales de la agencia, sino todas las viviendas públicas de las promociones que forman parte del patrimonio de la AVS, más de 23.000 inmuebles. También están incluidos también garajes, locales comerciales y solares. En total, hay seis patrullas (con dos vigilantes no armados cada una) que prestan servicio las 24 horas, todos los días del año.

Estas patrullan se organizan en demarcaciones. En los edificios más problemáticos, la AVS puede ordenar a la empresa de vigilancia "rondas cada tres horas". En caso de que una patrulla detecte una okupación ilegal, esta "debe entregar un informe en 24 horas" y denunciar los hechos a la Policía Nacional, "solicitando la inmediata intervención dirigida a la identificación, desalojo y detención del ocupante ilegal". También hay que informar a la Delegación del Gobierno, que tiene una Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas. Los últimos datos, de finales de 2018, hablan de 4.700 pisos okupados en toda la región, casi 3.000 en Madrid. Desde la delegación, señalan que ofrecerán datos actualizados la próxima semana.

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En algunas ocasiones, en casos muy excepcionales, la consejería puede solicitar que la patrulla sea permanente. "Si se ha tenido conocimiento de algún intento de ocupación de una vivienda en concreto, se ha llegado a dejar durante unos días un vigilante dentro de alguna casa. En otras ocasiones, se han instalado alarmas, "aunque esto no ha constatado que mejoren las incidencias de ocupación", recalcan desde la consejería. De las 1.985 viviendas públicas que hoy pertenecen a la AVS y están okupadas irregularmente, 216 fueron asaltadas por la tradicional patada en la puerta. Y un total de 800 generan conflictividad en sus comunidades de vecinos.

La AVS ha detectado que muchos de los okupas suelen ser familiares de los verdaderos adjudicatarios de las viviendas o inquilinos que 'pagan' una especie de alquiler ilegal a los adjudicatarios. También hay okupas que se enteran de que los inquilinos se han ido o han fallecido. Y tras la okupación, llega la reforma. Muchas de las viviendas recuperadas están en mal estado (ver fotos). Las obras que se realizan son integrales, desde paredes a techos, pasando por nuevas instalaciones de gas y electricidad, cocina y baño. Estos trabajos de reparación suponen alrededor de un millón de euros al año. "La AVS mantiene unos contratos por zonas con empresas para la reparación de los inmuebles".

La Comunidad de Madrid y ayuntamiento de la capital, las dos administraciones que promueven el grueso de los pisos protegidos de la región, se reunieron esta semana pasada para analizar la realidad de las okupaciones y buscar soluciones. El consistorio, del PP, quiere destinar una unidad especial de la Policía Municipal para ayudar en los desahucios de los pisos okupados, que trabajará junto a la Policía Nacional. También se quiere trabajar con policías locales de otros municipios (donde la AVS también tiene inmuebles). "Como novedad, se acaba de poner en marcha con el actual Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos la autorización para que sus agentes puedan acceder a los garajes de nuestras promociones y de las zonas comunes. Está funcionando muy bien y se están evitando muchos problemas", señalan desde la consejería que dirige David Pérez.

Un sistema de colaboración que se ha ofrecido a la Guardia Civil y a otras policías locales. "No contar con una Administración ágil y eficiente en este sentido impide y bloquea en muchos casos la efectividad de las adjudicaciones de viviendas públicas a los adjudicatarios que reúnen todos los requisitos legales y cumplen la ley. La okupación es muy difícil de evitar, sale muy rentable, la única forma de luchar eficazmente contra ella es que haya una modificación legislativa que permita a la policía desalojar en menos de 24 horas, y que los jueces y fiscales sean más diligentes con los casos de okupación. Cuando una vivienda okupada sea desalojada en 24 horas o en un par de meses a lo sumo, la okupación se reducirá a datos apenas significativos", señala David Pérez.

En la lucha contra la okupación ilegal, también es clave el papel de los adjudicatarios de las viviendas sociales, los vecinos de los okupas, que, aseguran desde la consejería, "suelen estar muy involucrados y siempre que se enteran de algún intento de asalto avisan a la AVS a través de los trabajadores sociales asignados a esas promociones. Estos trabajadores sociales también intentan sensibilizar a todos los adjudicatarios contra la okupación". La AVS nunca equipara a estos okupas con el resto de inquilinos, "pues significaría reconocerles como parte de la comunidad de vecinos". La única relación existente con ellos es, cuando provocan daños a otros pisos, tratar de convencerles de que dejen entrar en las casas y permitir las reparaciones.

Los datos, no obstante, revelan que el fenómeno de las okupaciones se mantiene estable. A finales de 2016, cuando la AVS hizo el primer censo de viviendas okupadas, la cifra era de 1.863 pisos en manos de inquilinos no legítimos. A finales de 2017, el número era de 1.986. A finales de 2018, había bajado a 1.973. Hoy, es de 1.985. En algunas ocasiones, para intentar buscar una salida, la agencia suele regularizar la situación de los okupas pactando con ellos unas rentas mensuales. Con este sistema, se han podido recuperar 128 inmuebles en 2016, 192 en 2017, 136 en 2018 y 190 en lo que llevamos de 2019.

Para llegar a este paso, es importante que los inquilinos irregulares aporten pruebas (un recibo de luz, agua o cualquier otra factura) que garantizarían la voluntad de pagar. Otra condición es que no tengan ningún tipo de condena penal o que no estén inmersos en un proceso judicial. También que no sean conflictivos con los demás vecinos. Pero no solo estamos hablando de pactos. En la anterior legislatura (junio de 2015-junio de 2019), la AVS inició 2.179 expedientes administrativos de recuperación de viviendas que forman parte de su patrimonio, que derivaron en 1.300 procedimientos judiciales contra la okupación ilegal.

El objetivo, recalcan desde la consejería, es dar un buen uso a las viviendas protegidas. En la legislatura que acaba de finalizar, la comunidad ha adjudicado casi 2.600, de las que 1.000 no eran de nueva construcción, sino del patrimonio ya existente de la AVS, que incluyen aquellas recuperadas a inquilinos irregulares. El Ejecutivo de coalición que conforman PP y Ciudadanos quiere poner esta legislatura en el mercado otras 25.000 casas en régimen de alquiler.