El imputado 'rosa' de Púnica: el yerno de Raphael ayudó al PP a ocultar su caja B

Su nombre pasó desapercibido entre la treintena de nuevos imputados. Pero el caso Púnica también tiene su toque 'rosa'. Álvaro de Arenzana Jove, yerno del mítico cantante Raphael, estaba citado este martes pasado en la Audiencia Nacional para que declarara como investigado en la pieza que investiga la caja B del PP de Madrid. Arenzana, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) entre 2005 y 2011, no se presentó ante el juez "por un problema en la citacion", explican fuentes jurídicas. Pero tendrá que sentarse ante el magistrado Manuel García-Castellón para que explique si ayudó a los populares, desde su puesto de alto cargo en el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, a doparse electoralmente con el desvío de fondos públicos.

Arenzana, hijo de los condes de Fuente Nueva, está casado con Alejandra Martos, hija del artista y Natalia Figueroa. Actualmente trabaja en México para el grupo hotelero Vidanta. Antes estuvo en el departamento de contenidos globales de Telefónica Digital. Pero entre 2005 y 2012 trabajó para la Comunidad de Madrid como alto cargo. Primero en Imade, un instituto que dependía de la Consejería de Economía. Y después en Madrid Network, una empresa que se dedicaba a financiar a emprendedores y que recibía fondos públicos. De facto estaba controlada por el Ejecutivo de Aguirre. El juez imputó a De Arenzana porque cree que Imade sirvió como tapadera para recaudar dinero para las campañas electorales que ganó Aguirre.

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Las palabras de juez García-Castellón son claras en su último auto, en el que también imputó a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes: "La investigación está revelando que Imade [creado por ley en 1984], destinatario de importantes ayudas comunitarias, sería usado, por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación". El magistrado instructor reveló hace unos días que Aguirre presidió a principios de 2004 una reunión en la que se diseñó un plan, al que califica como "ardid", para desviar fondos públicos de las "partidas de publicidad de cada consejería del Gobierno al servicio del partido".

La operativa consistía en adjudicar a dedo contratos amañados por servicios de publicidad y asesoría que, por su naturaleza intangible, eran más difíciles de fiscalizar. Ese dinero público acabó ilegalmente en el PP madrileño de Aguirre para financiar varias campañas. El juez revela que se saquearon las arcas de Imade cuando este instituto público estaba controlado por dos personas de la confianza del Ejecutivo del PP: el gerente Aurelio García de Sola y Arriaga (pariente del marido de Aguirre) y del gerente adjunto Álvaro de Arenzana. Los dos han sido imputados.

El consejo de administración de Imade estaba integrado, entre otros miembros, por varios consejeros del Ejecutivo de Aguirre, "muchos de ellos colaboradores en el desvío de fondos públicos planeado desde la reunión del 2004 en Presidencia", señala la Audiencia Nacional. El ente público estaba presidido por el consejero de Economía e Innovación Tecnológica (posteriormente este departamento pasaría a denominarse Consejería de Economía y Consumo y de Economía y Hacienda). El magistrado señala que la presidencia de Imade la ostentaron esos años Fernando Merry del Val y Antonio Germán Beteta (hoy concejal del PP en Alcorcón).

Los investigadores recalcan que desde Imade y entre los años 2006 y 2010 "se amañarían contratos a favor" de varios proveedores electorales del PP de Madrid, "que colaboraron en el ocultamiento de los gastos de campaña a la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas". El juez explica cómo se diseñó la operativa desde Imade para desviar fondos públicos. En primer lugar se adjudicó en agosto de 2006, por el procedimiento de urgencia, un contrato de asesoramiento a la empresa Swat (cuyo dueño también está imputado), "que encubrió su verdadera finalidad bajo el alegato de la necesidad de contar con asesoramiento para realizar las valoraciones de las ofertas presentadas en las licitaciones del Imade".

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Es decir, con esta adjudicación, el Imade permitió que un empresario externo (el dueño de Swat) se sentará en la mesa de contratación del instituto público para valorar las ofertas técnicas de los contratos que se pretendían amañar para financiar luego la caja B del PP madrileño. "Una valoración que lo fue en todos los casos de forma arbitraria y en beneficio de los empresarios convenidos". Aurelio García de Sola y Álvaro de Arenzana "acomodaron los criterios de valoración que se introdujeron en los pliegos de prescripciones administrativas para que el precio no contase y fuesen los criterios que dependían de un juicio de valor, los que determinasen las adjudicaciones, primando la arbitrariedad en dicha valoración". Es decir, primaron la labor del dueño de Swat para que su opinión fuera determinante en la adjudicación de los contratos de publicidad que se querían amañar.