Blanco, Pedraza y Portero: tres víctimas del terrorismo en el juego de sillas de Madrid

El PP siempre ha apoyado a las víctimas del terrorismo. "Va en nuestro ADN", señalan desde las filas populares. Y el nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se va perfilando poco a poco en todas sus estructuras, quiere contar en su organigrama con figuras destacadas de las asociaciones de víctimas. Su encaje en el Ejecutivo, no obstante, está conllevando un llamativo juego de sillas y movimientos entre bambalinas cuanto menos curiosos. Al nombramiento de Ángeles Pedraza está previsto que le siga en breve el de María del Mar Blanco (actualmente diputada nacional). También podría llegar el de Daniel Portero (hoy diputado autonómico).

Génova quiere que Marimar Blanco dé el salto al Gobierno madrileño. Ya estuvo en las quinielas para ser consejera madrileña cuando Pablo Casado y Díaz Ayuso diseñaron el Ejecutivo madrileño, aunque ella finalmente rechazó tener esa responsabilidad. Ahora el PP quiere que sea la nueva comisionada de las Víctimas del Terrorismo, un puesto que está vacante en la estructura regional y que la Comunidad de Madrid creó en 2018. "Tiene muchas papeletas para serlo", explican fuentes de la Comunidad de Madrid. "Se decidirá en breve".

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Blanco actualmente es diputada en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, además de responsable de la Secretaría Sectorial de los populares madrileños. También es presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Su nombramiento en Madrid conllevaría su dimisión como parlamentaria nacional en un momento delicado, ya que la amenaza de nuevas elecciones y la disolución de las Cortes están cada vez más patentes. Si no hay comicios, su marcha del Congreso provocaría que la lista de los populares corriese en la circunscripción en Madrid y entrara en su lugar Carlos Aragonés, exsenador, exjefe de gabinete de Aznar y marido de la exconsejera madrileña Lucía Figar, imputada en el caso Púnica.

En teoría, con la marcha de Blanco del Congreso su puesto le correspondería a Javier Fernández-Lasquetty, que no podría tomar posesión porque actualmente es consejero de Hacienda con Ayuso. El cargo de comisionado de las Víctimas del Terrorismo está vacante desde hace pocos días, cuando el sorprendente juego de sillas de la política provocó sorpresivos movimientos. Porque hasta el pasado 3 de septiembre la comisionada era Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT. El problema es que ciertas personas en el Gobierno regional no querían a Pedraza en ese puesto.

Y aunque fue ratificada por el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas, el magistrado Enrique López, Pedraza fue recolocada el pasado 3 de agosto en otro comisionado autonómico, el de la Cañada Real Galiana. Su nuevo destino iba a consistir en hacer de interlocutora entre las distintas administraciones y coordinar los planes de intervención en materia social, urbanística, de vivienda y a nivel jurídico que se deberán llevar a cabo para normalizar esta zona de la periferia de Madrid, convertida uno de los mayores asentamientos de construcciones irregulares de España. Un puesto complicado, que requiere de cierta formación, muy alejado en principio de los logros de su currículo, centrado en su etapa profesional en El Corte Inglés.

Pedraza no quería el puesto. Y se quejó. Alto, muy alto. Como ya publicó El Confidencial, se dirigió a Isabel Díaz Ayuso, e incluso al presidente del PP, Pablo Casado, para pedir un cambio. Quería volver a la Consejería de Justicia e Interior. Y lo logró. Este martes, fue nombrada gerente del 112, su tercer puesto en tres semanas. La versión oficial es que su nombramiento es un "ejemplo de promoción de las víctimas del terrorismo" y una muestra de apoyo "a una persona significada" que "ha tenido una buena gestión al frente del Comisionado de Víctimas".

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Su nuevo nombramiento, no obstante, no ha sentado nada bien en determinados círculos del Gobierno regional. Fuentes de la Consejería de Interior y Justicia aseguran que Pedraza, que no tiene experiencia en la gestión de emergencias, no tendrá "competencias en la puesta en marcha de los planes de emergencia" y que su trabajo de gestión (dirigiendo este organismo) es dar soporte logístico y de recursos humanos al 112. Salarialmente, ha salido ganando. Las retribuciones de un comisionado son de 75.084 euros anuales, mientras que la gerencia del 112 está retribuida con 93.855 euros al año, lo que supone una subida del 20%.

Vox también ha criticado el fichaje de Pedraza y este miércoles registró en la Asamblea de Madrid dos preguntas para el Gobierno en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas, en las que plantea qué requisitos técnicos y profesionales debe cumplir el director de un organismo "tan importante" en lo relativo a la seguridad de los madrileños, y qué capacidades técnicas y experiencia profesional se han tenido en cuenta en la reciente designación de Pedraza. "Por eso, PP y Ciudadanos defienden con tanto ahínco el Estado de las autonomías: es su agencia de colocación", señaló en Twitter la diputada Ana Cuartero.

En el caso de Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, un independiente fichado por Ayuso para su lista electoral, también puede haber cambios en breve. Él es actualmente diputado regional e ingeniero del Canal de Isabel II. Algunas voces dentro del Ejecutivo regional creen que debería tener alguna función dentro del organigrama autonómico, aunque él no ha solicitado nada. La dirección del Canal, la mayor empresa pública, estará vacante a partir del 4 de octubre después de que su principal directivo, Rafael Prieto, haya sido elegido para comandar los destinos de Metro de Madrid. Ayuso quiere para sustituirle un perfil técnico y no piensa en Portero para ese puesto concreto.