ENTRE LA FEDERACIÓN Y LA COMUNIDAD

La guerra judicial del pádel madrileño por los 415.582€ que desfalcó su expresidente

El exdirectivo pactó devolver solo 200.000 € a cambio de no ir a prisión. "Era recuperar parte de dinero o seguir pleiteando durante años". Ahora la Comunidad ha reclamado 35.000 €

Foto: Francisco Sánchez, en su toma de posesión como concejal de Boadilla en 2011
Francisco Sánchez, en su toma de posesión como concejal de Boadilla en 2011

Siete años después, la Federación Madrileña de Pádel sigue inmersa en una guerra judicial provocada por el desfalco cometido por el que fuera su presidente, Francisco Sánchez Rodríguez, que en 2012 tuvo que dimitir y dejar también el Ayuntamiento madrileño de Boadilla, donde era concejal del PP, por la querella que le pusieron varios jugadores federados. Habían desaparecido más de 400.000 euros de la caja de la federación y se habían amañado las elecciones que revalidaron el cargo de Sánchez.

Siete años después, este espinoso asunto no se ha cerrado. Aunque el expresidente devolvió 200.000 euros en marzo de 2018 para resarcir parte del daño causado, la federación litiga ahora con la Comunidad de Madrid para que le devuelva los 35.000 euros que tuvo que pagar para que el Gobierno regional no les embargara tras el agujero financiero que les ocasionó el desvío de fondos urdido por el expresidente.

"Esta es una historia compleja", reconoce el actual presidente de la federación madrileña, José Luis Amoroto, precisamente uno de los denunciantes en 2012. En septiembre de ese año él y otro jugador federado se querellaron contra Francisco Sánchez por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y apropiación indebida. Un caso cuya instrucción recayó en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid y al que se adhirieron como acusación la Fiscalía y la Comunidad de Madrid, que tenía un convenio firmado con la federación para cederle la explotación de las 20 pistas de pádel del parque deportivo Puerta de Hierro.

"Pero la instrucción se demoró mucho tiempo y al final en 2018 decidimos llegar a un acuerdo de conformidad con la fiscal y el acusado para que devolviera parte del dinero desaparecido", explica Amoroto, que cree que fue el mejor acuerdo posible. "No podíamos prolongar este asunto más en el tiempo con juicios y luego con los recursos. Nuestro único objetivo era que la federación recuperase parte de los fondos sustraídos", afirma Amoroto.

Las pistas de pádel del Puerta de Hierro
Las pistas de pádel del Puerta de Hierro

Por eso, el 2 de marzo de 2018 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Francisco Sánchez y a la exsecretaria de la federación a un año y seis meses de prisión como responsables de un delito continuado de apropiación indebida, "con la circunstancia atenuante de reparación del daño", señala la sentencia. El expresidente devolvió 200.000 euros y la exsecretaria rechazó reclamar una indemnización de 70.000 euros por despido. A cambio evitaron penas que les hubieran llevado a prisión, ya que tanto la Fiscalía como los querellantes rebajaron sus peticiones de pena.

"Era lo mejor. Recuperar parte del dinero. La nueva junta directiva tuvo que empezar de cero. Cuando llegamos a la federación no había cuentas ni contabilidad. Nos encontramos en el despacho sobres con 18.000 euros en metálico. Era una trampa que nos pusieron por si nos los quedábamos y no decíamos nada. Tuvimos que levantar acta en un juzgado con ese dinero", explica Amoroto. ¿Cómo se produjo el desfalco denunciado?

La federación había creado en 2004 la empresa Centro de Tecnificación Federación Madrileña de Pádel SA (CTFMP), en cuyo consejo de administración solo estaban los dos acusados, expresidente y exsecretaria. Esta sociedad "fue creada para la gestión, explotación y administración de las instalaciones de pádel del parque deportivo Puerta de Hierro, propiedad de la Comunidad de Madrid que las cedió a la federación". El CTFMP facturaba y cobraba, en efectivo o a través de tarjetas de crédito, los alquileres de las pistas, las ventas de material, cursos y demás servicios prestados en las instalaciones por la federación, que se quedaba con todos los ingresos.

Pero entre 2011 y 2012 parte de los ingresos desaparecieron. La Comunidad de Madrid cuantificó en el juicio el dinero sustraído en 415.582 euros, por lo que la federación no ha podido recuperar 215.000 euros. El Gobierno regional no se avino al acuerdo de conformidad que denunciantes y Fiscalía pactaron con los dos acusados, aunque no recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial, que es firme. Y es que la Comunidad no fue tan benévola, ya que no quiso rebajar la pena que solicitaba: ocho años de prisión por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y apropiación indebida. "Como federación teníamos la opción de seguir pleiteando más años o recuperar parte del dinero. Y apostamos por lo segundo", insiste Amoroto.

La Comunidad de Madrid cuantificó en el juicio el dinero sustraído en 415.582 euros, por lo que la federación no ha podido recuperar 215.000 euros

La Viceconsejería de Deportes llegó incluso a abrir una investigación interna para comprobar la contabilidad presentada por la federación, que no había presentado las cuentas en los dos años anteriores a la querella de 2012. Lo que sí ha hecho la Comunidad es pedirle 35.000 euros a la federación por los daños ocasionados, "y lo hace con carácter retroactivo basándose en un convenio que no estaba en vigor", asegura Amoroto. El actual convenio se firmó en 2013 (después de la querella) y está vigente hasta 2023. Por ese convenio la federación explota las pistas y da un 17,5% de sus ingresos a la Comunidad. "Pero si reinvertimos ese porcentaje en el complejo deportivo no tenemos que pagar. Ahora remitimos a la Comunidad los ingresos diarios", explica el presidente José Luis Amoroto.

Pero la Comunidad les exige 35.000 euros aplicando un convenio que no estaba en vigor cuando se produjo el desfalco, ya que antes de 2013 la federación no tenía que pagar ningún porcentaje a la administración. "Hemos tenido que pagar para que no nos embarguen y nos quiten la subvención anual de 13.000 euros que nos dan, pero hemos puesto un contencioso administrativo en los juzgados porque entendemos que no teníamos que haber pagado esos 35.000 euros y queremos que la Comunidad nos devuelva ese dinero".

Madrid

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