ESTE MARTES HUBO DOS 'CESES' POR CORRUPCIÓN

El equilibrio de Cs: apoya la comisión pero no estamos "en la fase" de llamar a Ayuso

Ciudadanos avala una investigación parlamentaria "rigurosa" sobre Avalmadrid que no se convierta en un "circo mediático" donde comparezcan sobre todos técnicos y consejeros de la empresa

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado. (EFE)

Ciudadanos es un equilibrista. Políticamente hablando. No le queda más remedio. Su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid ha confirmado que apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid que este martes registraron PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, asegurando que "nunca les temblará la mano en llamar a nadie", en una clara alusión a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el polémico crédito que obtuvo una empresa participada por su padre. Sin embargo, desde la dirección regional de Ciudadanos matizan que "todavía no estamos en la fase de hacer comparecer a Ayuso", intentando calmar los ánimos de su socio de gobierno, el PP.

El equilibrio de Cs: apoya la comisión pero no estamos "en la fase" de llamar a Ayuso

Porque a los populares no les ha gustado nada la decisión de Ciudadanos, por mucho que el vicepresidente, Ignacio Aguado, haya explicado que "la presidenta ya sabe cuál es la posición de mi partido sobre este tema". Y una vez más surge el difícil equilibrio que debe intentar conjugar Ciudadanos durante toda esta legislatura: mantener su postulado de regeneración democrática y tolerancia cero con la corrupción y al mismo tiempo ir fraguando un Ejecutivo de coalición con el PP que se debe basar sobre todo en la confianza. "Buscar la transparencia no puede enfrentar a dos socios de gobierno", recalcó Aguado.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la comisión de investigación sobre Avalmadrid puede generar tensiones entre Ayuso y Aguado. Ya ocurrió entre PP y Ciudadanos la pasada legislatura, cuando no eran socios de gobierno pero sí de investidura. A Ciudadanos no le tembló entonces la mano y apoyó en junio de 2017 que la expresidenta Cristina Cifuentes desfilara por una comisión de investigación después de que la Guardia Civil la salpicara en un informe del caso Púnica, unos contratos en la Asamblea de Madrid que pudieron ayudar a financiar irregularmente el PP de Madrid, precisamente por lo que Cifuentes acaba de ser imputada por la Audiencia Nacional.

Esa comparecencia enfadó mucho a Cifuentes, e incluso deterioró las relaciones personales entre la entonces presidenta y el líder de Ciudadanos en Madrid. Todos son conscientes de que la citación de Ayuso en la comisión de Avalmadrid supondría un duro golpe para la confianza del nuevo Ejecutivo de coalición. Por eso, ese equilibrio es más necesario que nunca. "Queremos conocer lo que ha pasado le pese a quien le pese, y caiga quien caiga. Vamos a llegar hasta el final de cada uno de los asuntos, para saber qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien", señaló Aguado tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de los martes.

Los portavoces de Más Madrid, Íñigo Errejón (c); Unidas Podemos, Isa Serra; y PSOEM, Ángel Gabilondo, registrando en la Asamblea la solicitud de creación de la comisión de investigación de Avalmadrid. (EFE)
Los portavoces de Más Madrid, Íñigo Errejón (c); Unidas Podemos, Isa Serra; y PSOEM, Ángel Gabilondo, registrando en la Asamblea la solicitud de creación de la comisión de investigación de Avalmadrid. (EFE)

Sin embargo, Ciudadanos quiere un comisión "rigurosa" y que "no se monten circos mediáticos". Por eso, va a apostar por que comparezcan sobre todo "técnicos, trabajadores y directivos de Avalmadrid, que son los que deben explicar en una primera fase de la comisión el funcionamiento de los avales y los préstamos", explican fuentes de Ciudadanos. "No estamos en la fase de llamar a Ayuso", señalan las mismas fuentes. La solicitud de esta comisión, presentada por iniciativa socialista, versará "sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid desde el año 2007 al año 2018". Incluye por tanto el periodo en que la empresa del padre de Ayuso recibió el aval.

El PSOE quiere que la comisión dure desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020, más de un año, un periodo muy largo que según vaya avanzando puede suponer un quebradero de cabeza político para Ayuso y, por ende, para su socio Ciudadanos. "No se va a permitir que siga existiendo ese tipo de irregularidades en la comunidad. Quien la hace la tiene que pagar, y hay que recordar que en la anterior legislatura muchos expresidentes vinieron a dar explicaciones [a la comisión de investigación sobre corrupción política]", sentenció este martes César Zafra, portavoz parlamentario de Ciudadanos. Los naranjas recalcan que quieren que la comunidad salga del accionariado de Avalmadrid (tiene un 31%).

De puertas para adentro, desde Ciudadanos reconocen que hacer comparecer a Ayuso serían "palabras mayores" y complicaría el pacto de gobierno. De momento, los dos partidos quieren transmitir imagen de unidad y de tolerancia cero en la lucha contra la corrupción. De hecho, en el Consejo de Gobierno de este martes se tomaron dos decisiones importantes. La primera, cesar a Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad y por tanto cargo de confianza. La Audiencia Nacional le imputó el lunes en la pieza del caso que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Su nombre aparece vinculado a varios contratos públicos licitados por el Gobierno de Esperanza Aguirre que el juez cree que ayudaron a engordar la caja B de los populares.

Y la segunda ha sido la de vetar a Rosario Jiménez como secretaria general técnica de la Consejería de Economía, que depende de Ciudadanos. Su nombramiento estaba previsto para este martes, pero finalmente fue rechazado después de que la Audiencia Nacional también la imputara el lunes. El juez asegura que participó en desviar fondos públicos de la Consejería de Economía en el año 2006 por un importe de 199.991,40 euros. Supervisó con su firma el pago de unas facturas a una de las empresas de la trama, "dando por bien ejecutada la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado".

Madrid

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