¿Ultimátum de 20 días? Vox necesita a Más Madrid para lanzar una moción de censura

El Ayuntamiento de Madrid se constituyó el pasado sábado y ya tiene un nuevo equipo de gobierno. Sin embargo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su número dos, Begoña Villacís, no pueden cantar victoria. O, al menos, no todavía. A pesar de que las áreas de gobierno han quedado distribuidas (igual que las juntas de distrito) entre ambas formaciones, el tercer actor implicado, Vox, sigue exigiendo presencia en las estructuras de poder madrileño.

A partir de ahora se abre una negociación de 20 días en que el grupo que lidera Javier Ortega Smith exigirá el cumplimiento sobre lo pactado. Esta semana, de hecho, se producirá un primer encuentro con Almeida. El partido de ultraderecha es claro: su acuerdo con el PP contempla la integración de miembros de Vox en "concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales" en número y capacidad de gestión presupuestaria "proporcionales" a los resultados obtenidos en cada consistorio las pasadas elecciones del 26 de mayo. Y advierte: "Cualquier interpretación espuria de este acuerdo supondría un evidente incumplimiento de la palabra dada y, sobre todo, del compromiso firmado por las partes actuantes, ante el que este partido, evidentemente, reaccionaría".

¿Cómo reaccionaría? No está claro aún. Pero el propio Ortega Smith escribió en su cuenta de Twitter que quienes no cumplan los acuerdos "serán los responsables de las consecuencias". Y este lunes, el partido en la comunidad madrileña que dirige Rocío Monasterio pegó un frenazo a la negociación con el PP de cara a una investidura por lo mismo: creen que los populares no satisfacen lo pactado a nivel municipal.

Un ultimátum a todas luces que, sin embargo, podría tener salidas con extraños compañeros de viaje. Las cosas están así: sin el apoyo de Vox, el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene poco futuro para sacar adelante los acuerdos en el pleno municipal o en cuestiones tan esenciales como aprobar los Presupuestos de la ciudad. El partido de Santiago Abascal ha pronunciado incluso las palabras "moción de censura" en otros territorios, dejando claro que si los pactos no se ejecutan podrían no contar más con su apoyo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es clara al respecto de cómo se impulsarán las mociones de censura de un alcalde. En su artículo 197 recoge que el regidor puede ser destituido mediante este instrumento. Ahora bien, la moción deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Además, la normativa establece que si alguno de los proponentes de la moción formara parte o lo hubiera hecho del grupo político municipal al que pertenece el alcalde, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias.

La traducción directa sería que Vox necesitaría contar en la misma ecuación con Más Madrid en cualquier supuesto para presentar esa moción si así lo decidiera para romper con el candidato del PP. Además, necesitaría un tercer actor —PSOE— para sacarla adelante. Pero en cualquier caso, la candidatura de Carmena debería estar en la votación con los de Ortega Smith.

Aunque fuentes de la corporación municipal desechan esta opción, reconocen que el órdago de Vox puede llegar lejos. En este punto entra en juego el papel de Ciudadanos que, a su vez, tiene firmado un acuerdo con el PP en el que estipula claramente que el Gobierno de la ciudad solo puede contar con miembros de su partido y los populares y que cualquier cambio que se registre en ese sentido deberá contar con una nueva firma de los dos implicados.

¿Las juntas de distrito son Gobierno?

Es la eterna pregunta desde que Vox exigió formar parte de la corporación municipal. El PP, como publicó este diario el viernes por la noche, le ofreció presidir alguna Junta de Distrito, eso sí, de su cuota, para evitar una colisión con Ciudadanos.

La verdad es que la cláusula introducida por el partido naranja en uno de los documentos de su pacto con el PP —y que la propia Villacís reconoció que fue obra suya— dice literalmente que "toda modificación de lo estipulado en este documento requiere del acuerdo expreso y escrito entre los partidos firmantes". Y en ese mismo documento se recogen tanto las áreas de gobierno como los distritos. El PP mantiene 12 y Ciudadanos, nueve. Según ha podido saber este diario, el ofrecimiento de los populares a Vox fue un asunto a tratar en las negociaciones de populares y naranjas. Por eso no es casualidad que en el mismo papel aparezcan ambas cosas.

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Para Ciudadanos, la cesión del PP de alguno de sus distritos a Vox será considerada como un "incumplimiento" del acuerdo. Y necesitaban que quedara por escrito. Ahora bien, como reconoció públicamente la vicealcaldesa este lunes: la ley de capitalidad establece en su artículo 7 la organización de los órganos de gobierno municipal. Concretamente, los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa son "el alcalde, la Junta de Gobierno, los tenientes de alcalde, los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen en el correspondiente reglamento orgánico".

Técnicamente, las juntas municipales de distrito no son parte del Gobierno de Madrid, aunque la realidad es que gestionan presupuesto municipal y ostentan competencias (muy inferiores a la de las áreas, pero que existen). Siguiendo esta lógica, el grupo municipal —según ha podido saber este diario— reaccionaría ante el incumplimiento del pacto pero no lo consideraría roto.

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Cuestión distinta sería si el PP cediera algún área de gobierno, porque entonces, además de no cumplir con lo pactado, Ciudadanos debería elevar el asunto a la ejecutiva nacional del partido. El órgano (al que pertenece además Begoña Villacís) aprobó por unanimidad el veto expreso a estar en ejecutivos autonómicos o municipales de los que formara parte la formación de Santiago Abascal.