Boadilla pagó 557.000€ anuales a una empresa ubicada en la casa de su asesora

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, adjudicó en el año 2011 un contrato de 557.000 euros anuales a una UTE de empresas cuyo domicilio fiscal era entonces la residencia personal de una de las asesoras del Consistorio. El contrato licitado consistía en que la empresa ganadora organizara talleres deportivos en instalaciones municipales. El cargo de confianza, Silvia C.C., también trabaja casualmente en esa misma área dentro del Ayuntamiento, como "asesora de actividades físico-deportivas". Ocho años después, una de las dos firmas que formaban aquella UTE sigue gestionando el contrato. Ella, en cambio, ya dejó el Ayuntamiento.

El contrato se adjudicó a finales de abril de 2011, en un momento especialmente convulso para el Ayuntamiento boadillense. El caso Gürtel se había destapado hace dos años y la instrucción judicial ya se había cobrado dos regidores: Arturo González Panero, alias 'el albondiguilla', y su sucesor, Juan Jesús Siguero, que dimitió en febrero de 2011. Fue por tanto la concejala Mercedes Nofuentes (que sucedió a Siguero brevemente al frente de la Alcaldía hasta las elecciones municipales de mayo de 2011) la que finalmente adjudicó el contrato de "desarrollo y ejecución del programa de actividades físico-deportivas municipales y servicios relacionados en el complejo deportivo de Boadilla y otras instalaciones", que se llevó la UTE formada por las empresas Proa Promoción de Actividades Deportivas y Norfel Sport.

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En la documentación que aportó la UTE al Ayuntamiento figuraba como domicilio fiscal un piso del municipio vecino de Brunete, aunque la sede de Proa está en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la de Norfel en León. Según ha podido saber El Confidencial el domicilio fiscal de la UTE era la residencia personal en esos momentos de la asesora de deportes del Ayuntamiento, que estaba en nómina del Gobierno local desde junio de 2008. Este diario no ha podido hablar con la asesora, sino que un portavoz del Ayuntamiento ha explicado en su nombre que ella desconocía que esa UTE había puesto como domicilio fiscal la que entonces era su casa personal.

Según la versión municipal, la asesora reconoce que vivió en esa casa de Brunete con el que era su novio, un trabajador de Proa, aunque rompieron en el año 2009. La expareja sigue manteniendo la propiedad de la vivienda diez años después, ya que aunque están separados la alquilan juntos para obtener unos ingresos extras. El actual Gobierno local, encabezado hasta este fin de semana por Antonio González Terol (elegido diputado en el Congreso), señala que se ha enterado de esta circunstancia tras la llamada de El Confidencial. La asesora dejó su puesto en el Ayuntamiento el 30 de abril de 2013.

Boadilla pagó por ese contrató 557.000 euros anuales y la UTE se encargaba de realizar, en la principal instalación de la localidad, el Complejo Deportivo Municipal, todo tipo de talleres deportivos, campamentos de verano, gestionaba la piscina municipal, y organizaba los tradicionales Juegos Deportivos en los centros escolares del municipio. El contrato, licitado durante el mandato del alcalde Juan Jesús Siguero, duró cuatro años, entre 2011 y 2015. El Complejo Deportivo Municipal tiene un pabellón cubierto, seis pistas de tenis y dos de pádel, una pista polideportiva exterior cubierta, tres campos de fútbol, otro de rugby, piscina de verano y una explanada de ocio dotada con bancos de pícnic y zona de juegos infantiles. Siguero está hoy procesado en la pieza del Boadilla del caso Gürtel, a la espera de juicio.

La UTE adjudicataria no solo ingresó el canon que pagaba el Ayuntamiento, sino que también tuvo derecho, según el pliego de condiciones técnicas, a cobrar los precios públicos autorizados por el Ayuntamiento a las actividades deportivas que se podían desarrollar en esas instalaciones, a los ingresos de publicidad en los espacios reservados, y a los ingresos correspondientes a la venta o el alquiler de material deportivo propiedad de la empresa adjudicataria. También a la gestión de los servicios prestados en los 'quioscos-bares-cafeterías' del Complejo Deportivo Municipal "y a la explotación de máquinas de 'vending' en dicho espacio". Un buen negocio.

Opinión

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El Confidente

La UTE Proa-Norfel se llevó el contrato tras presentar la mejor oferta económica. Proa, constituida en noviembre de 2001, está administrada por María Iciar Erana Castro. El Confidencia ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de esta empresa para conocer por qué facilitaron como domicilio fiscal una casa de Brunete que no tiene nada que ver con la empresa y que, sin embargo, era la residencia personal de una asesora municipal. Proa sigue trabajando con el Ayuntamiento de Boadilla, ahora sin formar parte de una UTE. En marzo de 2015, ya con Antonio González Terol al frente de la alcaldía, Boadilla le adjudicó un nuevo contrato: "desarrollo y ejecución del programa de actividades físico-deportivas y servicios relacionados en el Complejo Deportivo Municipal, en el pabellón deportivo Viñas Viejas y en otras instalaciones municipales". Una nueva licitación en la que la empresa amplía la gestión de centros deportivos del Ayuntamiento y este eleva su oferta económica: paga 927.000 euros anuales.