La impune suciedad de Madrid: la Justicia tumba el 90% de las multas a las contratas

La todavía alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo en un debate en campaña electoral que "Madrid está limpio y precioso". Pero un paseo por la capital deja escenas continuas de papeleras rebosantes, bolsas de basura al azar, contenedores desbordados... El contrato de limpieza de Madrid, firmado por Ana Botella en 2013, impone penalizaciones a las contratas según multitud de indicadores sobre el estado de la ciudad. El sistema establecido es tan complejo que las empresas están recurriendo las sanciones que les impone el ayuntamiento y ganan un 90% de los contenciosos. Hay alrededor de 200 procedimientos judiciales planteados y en muchos el ayuntamiento acaba pagando incluso las costas.

En 2013, con Ana Botella como alcaldesa y con la ciudad ahogada por la deuda de ocho años de gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, el ayuntamiento cambió la contrata de limpieza. Adjudicó —con una notable rebaja— por 1.900 millones entre 2013 y 2021. La ciudad quedó dividida en seis lotes que se llevaron Cespa (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), OHL y Ascam, y FCC. El ahorro para el ayuntamiento fue de un 23%, pero como el contrato no exigía un mínimo de plantilla, inmediatamente las empresas rebajaron el número de barrenderos más de un 30%, bien con despidos o con ERTE. Y la suciedad se disparó en la ciudad.

Hay un problema de forma: los pliegos de 2013 no prevén trámite de alegaciones a las empresas en los descuentos y eso genera indefensión

En lugar de exigir una plantilla mínima de personal limpiando las calles, el ayuntamiento debía vigilar la limpieza con indicadores sobre la limpieza de la ciudad: las manchas, las pegatinas, las papeleras rebosantes, las pintadas... Años después, se ve que esos indicadores han sido una gatera para las empresas. Las empresas responsables de tres de los lotes, Valoriza, OHL y Ascan, recurren sistemáticamente a la Justicia "las detracciones" que aplica el ayuntamiento, los descuentos que aplica cuando sus inspectores descubren que los indicadores no se están cumpliendo. Así, ha habido hasta 200 contenciosos entre las empresas y el ayuntamiento. De ellos, se han resuelto ya 76, según fuentes próximas al caso, de los que el ayuntamiento ha perdido 69. Es decir, un 90% de los procedimientos judiciales ha caído del lado de las empresas. En algunos casos, ya hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que incluso ha condenado en costas al consistorio.

El pasado 10 de abril, por ejemplo, el TSJ dio la razón a la UTE del lote 4 (OHL y Ascam) por una 'multa' de 182.040 euros. La sentencia señala que el contrato "ha fijado un muy complejo sistema tanto para la determinación de los indicadores de calidad del contrato como para su aplicación, en orden a determinar con qué grado de calidad se presta el servicio". Además de complejos, los pliegos de 2013 contienen errores de forma porque "no prevén trámite de alegaciones ni reclamaciones a los descuentos en las certificaciones".

Aunque así lo aceptaran entonces las empresas, los tribunales están recordando que "es principio de carácter general que no se puede privar al concesionario de su derecho a conocer la causa de las deducciones económicas que se le practican y de su derecho a mostrar su discrepancia e impugnarlas, siendo lo fundamental que en algún momento haya podido hacerlo y no haya padecido indefensión". Y concluye: "El hecho de que el ayuntamiento se haya atenido a lo dispuesto en los pliegos no impide que el contratista puede y deba impugnar las relaciones valoradas si no está conforme con los descuentos practicados". Es decir, que el hecho de que las empresas no puedan alegar ante el ayuntamiento les genera indefensión y por eso el consistorio está perdiendo muchas de las sanciones que impone.

Una portavoz del departamento que dirige Inés Sabanés admite que están sufriendo derrotas en los tribunales, pero señala que, "sobre todo, se han perdido las demandas por detracciones que se hicieron en el mandato anterior" y acusa al consistorio de la época de Ana Botella de no acudir a los juicios. Algunas de las sentencias obligan a devolver el proceso del descuento al inicio, por lo que no necesariamente implica que el ayuntamiento haya renunciado al dinero. "Muchas ordenan dar audiencia al contratista y volver a calcular los descuentos, y suelen salir parecidos". "Esta problemática, que se suma a otros problemas de los contratos integrales firmados por el PP en 2013, surge porque las detracciones del contrato integral 5 no se encuadran en el procedimiento administrativo sancionador, lo que complica el asunto".

El equipo municipal insiste en que ahora "se ha mejorado el procedimiento de las detracciones y se asiste a las vistas". Añade que ahora se da audiencia a las empresas y antes no y por eso las detracciones funcionan mejor, con menos problemas.

Valoriza, la filial de la constructora Sacyr con más procedimientos ganados en los tribunales, considera normales sus recursos: "Dentro del contrato se establecen unos indicadores de calidad con unos grados de cumplimiento sobre los que puede haber diferencias entre Valoriza y el ayuntamiento, pero no son sanciones, se las denomina detracciones. Como consecuencia de esas diferencias en la valoración de los grados de cumplimiento en los indicadores de calidad, en algunas ocasiones, se inician procedimientos contencioso-administrativos contra esas propuestas de detracciones del ayuntamiento".

Fuentes conocedoras de las interioridades del contrato de limpieza apuntan otros problemas: las empresas acaban sabiendo dónde serán las inspecciones y se centran en la limpieza en esas zonas antes de que lleguen los funcionarios, y en algunos de los contenciosos con las empresas, el ayuntamiento no ha presentado informe técnico para justificar su actuación.