Carmena pierde en el taller de artillería: la Justicia rebaja la factura de 41 a 13 millones

Los cooperativistas del Residencial Maravillas, en el antiguo taller de precisión de artillería de Raimundo Fernández Villaverde, en el centro de Madrid, están de enhorabuena. Un juzgado ha anulado la compensación de 41 millones de euros que impuso el Ayuntamiento de Madrid tras subirlo de los 13 millones previstos inicialmente. El juez considera que la subida "quiebra el principio de confianza legítima" puesto que los cooperativistas habían creído la valoración inicial del ayuntamiento.

El residencial Maravillas protagoniza desde hace años una de las promociones más polémicas de Madrid. En 2014, la cooperativa compró el antiguo cuartel de artillería en el centro de Madrid al Ejército por 111 millones. El emblemático edificio fue derribado en 2016 entre las protestas de algunos de los concejales de Manuela Carmena. Meses antes, en abril de 2016, el ayuntamiento había cifrado en 13 millones la compensación de los cooperativistas al ayuntamiento.

El trámite siguió su curso hasta que más de un año después, en junio de 2017, el ayuntamiento elevó "el valor del suelo para la cesión de redes públicas, descontando los deberes y cargas pendientes, a 41,13 millones". El precio por metro cuadrado, fijado inicialmente entre 2.054 y 1.294 euros, subió a 3.818 euros. El ayuntamiento encargó un informe a Luciano Parejo, catedrático de la Universidad Carlos III, para justificar ese cambio.

El ayuntamiento no admitió las alegaciones de los cooperativistas contra ese cambio del precio y estos pusieron un contencioso que recayó en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Madrid. El juez, Pablo Álvarez López, da la razón a los propietarios, al considerar que el cambio de la tasación quiebra "el principio de confianza legítima". El caso lo ha llevado Javier Martín-Merino, de Verdegay Abogados.

El juez, Pablo Álvarez López, da la razón a los propietarios, al considerar que el cambio de la tasación quiebra "el principio de confianza legítima"

La sentencia cita un informe que contradice al de Parejo —y que firman Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Administrativo de la Autónoma, y José Antonio Chinchilla, profesor de la misma universidad— que afirma que al cambiar la valoración, el ayuntamiento está aprobando "una norma reglamentaria que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos" pese a no tener competencia. "Debemos apreciar el acierto de las anteriores consideraciones, que no podemos considerar desvirtuadas por el informe [...] de Luciano Parejo", explica la sentencia.

Y concluye: "Tal como se alega por los recurrentes, el Ayuntamiento de Madrid no puede elaborar un 'criterio de valoración' mediante unas instrucciones, careciendo estas de la naturaleza y de las garantías de las disposiciones de carácter general, incumpliéndose lo dispuesto en el plan general de ordenación urbana de Madrid de 1997".

La sentencia, contra la que cabe recurso, supone otro revés a la gestión urbanística del ayuntamiento. El consistorio que dirige Manuela Carmena se ha enredado en luchas internas por la Operación Chamartín, a la que se oponen concejales de IU como Carlos Sánchez Mato. Además, hay sentencias que ordenan el derribo parcial de importantes centros de El Corte Inglés en Madrid. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión del ayuntamiento.