SOLO QUEDAN TRES IMPUTADAS

La alumna, la profesora y la asesora: así está el caso máster tras la muerte del "urdidor"

El catedrático Álvarez Conde ya no podrá explicar las presiones que asegura que recibió de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes, Cecilia Rosado y María Teresa Feito siguen investigadas

Foto: Fiscalía pide tres años de cárcel a Cifuentes por falsificación de su máster.
Fiscalía pide tres años de cárcel a Cifuentes por falsificación de su máster.

"Mi único error fue no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo de 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid. Parece que cometí el error de estar situado en el lugar y en el momento más inoportunos, siendo el objeto de encarnecidas luchas políticas inter e intrapartidarias y académicas, en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que ver; es decir, fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Este es mi pecado capital y creo que ya he sido injustamente vapuleado por ello". Estas fueron las últimas palabras públicas de Enrique Álvarez Conde, pronunciadas el pasado 15 de febrero en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

La alumna, la profesora y la asesora: así está el caso máster tras la muerte del "urdidor"

El director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ya no podrá explicar esas presiones. El catedrático, uno de los principales imputados en el caso máster, ha muerto este lunes a los 66 años por complicaciones derivadas del cáncer de pulmón que padecía y deja la investigación judicial sin uno de los pilares básicos. La Fiscalía había solicitado tres años y nueve meses de cárcel para él como autor indirecto de un delito de falsedad documental.

Tutor del polémico trabajo fin de máster (TFM) de Cristina Cifuentes, el ministerio público le otorgó un papel principal en la trama, ya que "dio instrucciones para confeccionar el documento que reflejase que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal". No en vano, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid le calificó como el "urdidor" de todo el "sistema de prebendas" que había en torno a su departamento, que básicamente consistía en "regalar" títulos.

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde. (EFE)
El exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde. (EFE)

"Como ya he declarado reiteradamente en sede judicial, el Instituto de Derecho Público nada tiene que ver con los másteres en cuestión, pues son másteres de la Universidad Rey Juan Carlos y la responsabilidad corresponde a los órganos rectores de dicha universidad. Tampoco he sido director de los másteres que cursaron las alumnas doña Cristina Cifuentes y doña Carmen Montón [exministra de Sanidad]; fui un profesor más de dichos másteres, impartiendo además asignaturas compartidas con otros docentes", señaló en la Asamblea.

Con su fallecimiento, ya solo hay tres investigadas en la causa: la alumna que se benefició del TFM falsificado, la profesora que presuntamente lo redactó y una asesora de la Comunidad de Madrid que presionó para que la universidad ayudara a la expresidenta madrileña. O lo que es lo mismo, Cristina Cifuentes, Cecilia Rosado y María Teresa Feito. Lo que está claro es que la muerte de Álvarez Conde impedirá conocer de primera mano qué tipo de presiones recibió por parte del Gobierno regional que presidía Cristina Cifuentes. Presiones que sirvieron para falsificar el TFM.

En esta función jugó un papel importante María Teresa Feito, que en el momento de los hechos era asesora de la Consejería de Educación. La Fiscalía cree que Cifuentes recurrió a ella, "ya que había sido profesora en la Universidad Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que las noticias habían provocado". El ministerio público subraya que Feito accedió a lo solicitado y que, de acuerdo con Álvarez Conde, presionó para que se confeccionara un acta que acreditara que Cifuentes había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.

La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por la falsificación del acta de TFM. Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de la profesora que finalmente falsificó el TFM de forma "agobiante" e "incesante", "indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza". Tras dejar la consejería, solicitó la reincorporación en la Universidad Rey Juan Carlos, donde es funcionaria como profesora de Filología Inglesa.

Cecilia Rosado.
Cecilia Rosado.

La profesora a quien llamó repetidas veces es Cecilia Rosado, para la que se pide una pena de prisión de 21 meses. La Fiscalía la acusa de obedecer las instrucciones de Álvarez Conde debido a la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático. "Y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía", llegó incluso a calificar a la expresidenta de Madrid con un notable (7,5) en esa acta, antes de falsificar las firmas otras dos profesoras. También creó un correo electrónico a nombre de Álvarez Conde y envió el TFM al 'mail' del rector, Javier Ramos López. Rosado sigue como profesora de Derecho Público en la universidad, en la carrera de Criminología, Deontología Profesional en Administración y Dirección de Empresas.

La tercera investigada es Cristina Cifuentes. La Fiscalía solicita tres años y tres de meses de prisión para ella por inducir a la falsificación del TFM, que exhibió en varios medios de comunicación y redes sociales tras estallar el escándalo. Un documento que mostró "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse", según señala la acusación pública. La Universidad Rey Juan Carlos pide por su parte una pena de cuatro años de cárcel.

Madrid

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