El drama de Ronys: inválido, sin habla, sin frente y 489.000€ bloqueados por ser ilegal

La vida de Ronys Roberto Martínez Rodríguez, hondureño de 30 años, cambió para siempre el 27 de julio de 2017 a las 15 horas. Ese día, el camión en el que viajaba de copiloto se salió de la carretera (en la A-1 a la altura de San Sebastián de los Reyes) y chocó frontalmente "contra una barrera semirrígida metálica y plancha de hormigón", según el atestado de la DGT. El accidente fue brutal. La carga del vehículo, papeles para reciclar, se volcó de atrás hacia delante y aplastó la cabina donde iba el conductor, sobre todo en el lado de Ronys, que se llevó la peor parte. La mercancía lo aplastó, literalmente.

Sobrevivió. Tras nueve meses en coma. Hoy es un inválido, totalmente dependiente. No se puede mover y no habla. "Solo nos ve. Debemos cambiarlo cada dos horas de posición para que no le salgan llagas por el cuerpo", señala Merlyn, su mujer. Sufrió graves lesiones. Un pie izquierdo destrozado, que los médicos pudieron recomponer con 18 tornillos. Pero lo más grave es la cabeza. "No tiene frente. El hueso frontal de la cabeza quedó destruido. Desde la ceja hasta donde crece el pelo. Hoy no lo tiene. En su lugar le pusieron una placa. La cirugía fue muy delicada", explica su esposa.

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Desde el 11 de enero está en casa, tras una largo y complejo proceso de hospitalización. Atendido por un fisioterapeuta, un cuidador y su mujer, que también está buscando un logopeda que le pueda ayudar. El problema es que Ronys va a necesitar cuidados médicos de por vida y la ley prevé unos gastos para ello. La compañía titular del seguro de responsabilidad civil del vehículo implicado en el accidente ha cumplido. Tiene que pagar 2.178.130 euros. De ese dinero 489.000 euros están reservados para ese futuro tratamiento. Así lo regula el convenio que la Seguridad Social firmó con Unespa (la patronal del sector).

Es decir, la aseguradora destina esa cantidad a la Administración para que Ronys pueda seguir siendo atendido (fue operado y hospitalizado en un centro privado sufragado por el seguro hasta que llegó a casa a principios de enero). Pero hay un inconveniente, uno muy importante. Ronys está en situación irregular en España. No tiene papeles y la empresa para la que trabajaba no le tenía contratado. Le pagaba en negro. "Así llevaba un año", explica su mujer. Y al no tener tarjeta sanitaria la Administración recibiría el dinero, pero no le podría atender. "Solo tiene pasaporte. Un juzgado ya le ha declarado incapaz, su tutora es su esposa, pero no le dan la tarjeta sanitaria", señala Manuel Castellanos, su abogado y presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes (Anava).

Su caso ha derivado en cuatro juzgados. El accidente de tráfico está en el juzgado de instrucción número dos de Alcobendas. Fue archivado, pero la Audiencia Provincial ha ordenado su reapertura. Un segundo juzgado ya resolvió su incapacidad permanente. Y luego otros dos juzgados, de lo social números 41 y 24, están dirimiendo el impago de unas prestaciones por parte de la compañía que empleaba a Ronys y el reconocimiento de su situación laboral. "Esto último es lo más importante. El juez debe reconocer que Ronys mantenía una relación contractual con su empresa, aunque cobrara en negro. Es necesario este reconocimiento para que tenga número de la seguridad social y pueda recibir prestaciones sanitarias", afirma Castellanos.

No está siendo fácil. La Inspección de Trabajo cerró la investigación abierta contra la empresa de Ronys. "Dijo que no podía sancionar con los indicios que había. Solo un testigo nos ayudó, el que conducía ese día el camión. Como le pagaban en mano y en negro no hay pruebas de las transferencias. Tampoco hay documentos que prueben sus horarios de trabajo", explica el letrado. Cobraba 800 euros al mes. Mientras su familia y sus abogados intentan resolver su situación legal han conseguido que el juzgado bloquee los 489.000 euros que la aseguradora paga a la seguridad social.

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El abogado Alberto López Oribe también está ayudando a Ronys. "Como estaba en situación irregular estamos realizando los trámites para que pueda tener un permiso de residencia temporal por motivos de arraigo o razones humanitarias. Ya lleva tres años en España". Su pareja asegura que se siente agobiada. "Me preocupa mucho el futuro mientras no tenga tarjeta sanitaria. El médico de cabecera no le puede recetar los medicamentos. Los tenemos que comprar sin receta. Y necesita de por vida tener tratamientos y que lo sigan viendo los médicos", asegura Merlyn, que lamenta también como su empresa se ha despreocupado.

"Algunos de sus compañeros le visitaron una vez en el hospital cuando se produjo el accidente y él estaba muy grave". Su jefe, el que le pagaba en negro, pasó. "Yo no le conozco. Nunca se interesó por él. Era su primer trabajo". La pareja vive sola en Madrid. La madre de Ronys es enfermera en Honduras y vino nada más producirse el accidente. Pero solo tuvo permiso para estar tres meses en España. "Se tuvo que ir y ahora espera volver, porque tiene que pasar un año para poder regresar".

La asociación Anava lidera la defensa de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico, que "se han visto perjudicados" tras las últimas reformas legales: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, y la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que ha cambiado el baremo de compensaciones. "La primera despenaliza los accidentes de tráfico, obligando a todas las víctimas a demandar a las aseguradoras por la vía civil, que tiene unos gastos, frente al sistema anterior, que era por la vía penal y sin gastos. Y la segunda fija un nuevo baremo que en modo alguno consigue el proclamado principio de restitución íntegra a la víctima, pues sigue limitando los derechos y conceptos indemnizatorios, siendo sus cuantías bajas y el procedimiento de reclamación complejo y costoso para los ciudadanos", señala su presidente Manuel Castellanos.

Por primera vez más de 130 despachos de abogados de toda España se han reunido para abordar la defensa de estas víctimas, que ha visto cómo en los últimos tres años sus indemnizaciones han descendido un 40%.