Un consejero con 100.556€ de sueldo y un año de baja bloquea la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas de Madrid no pasa por su mejor momento. Tiene un presidente en funciones desde que el oficial (Arturo Canalda) dimitiera en diciembre de 2017 tras ser imputado por el caso Lezo (el desfalco del Canal de Isabel II). A punto de acabar la legislatura, Ciudadanos, Podemos y PSOE acusan al órgano fiscalizador de retrasar ciertos informes comprometidos hasta después de las elecciones autonómicas de mayo, como por ejemplo el que analiza el gasto de las tarjetas de crédito que usan los altos cargos de la Comunidad de Madrid, o el que versa sobre ICM, una de las empresas públicas salpicadas por el caso Púnica.

Para más inri, uno de los consejeros encargado de dirigir alguno de estos informes, Marino Díaz Guerra, lleva un año sin aparecer por la Cámara de Cuentas, según denuncia el PSOE. El Confidencial ha intentado sin éxito conocer la versión oficial de su ausencia, teniendo en cuenta que el salario de cada uno de los consejeros es de 100.556,52 euros brutos anuales. Desde la institución no han contestado. Fuentes de la misma señalan que Díaz Guerra lleva varios meses enfermo y que interinamente le ha sustituido el vicepresidente, Carlos Salgado, que ya hace las funciones de presidente.

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La Cámara de Cuentas, creada en 1999, tiene independencia para elegir y planificar lo que debe fiscalizarse cada año, ya que el sector público madrileño es amplio y complejo, con más de 500 entes que manejan fondos públicos. El programa de cada año incluye informes obligatorios, fiscalizaciones por iniciativa de la propia Cámara y generalmente informes pendientes del año anterior. El consejo (formado por siete consejeros) aprueba cada programa y lo remite a la Asamblea de Madrid. Pero a principios de 2016, Ciudadanos, con al apoyo del resto de grupos de la oposición, solicitó a la institución la realización de 17 informes extra.

Ciudadanos acababa de firmar el pacto de investidura con el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y quería fiscalizar parte de la gestión de los anteriores gobiernos del PP, salpicados ya por varios procesos judiciales. Los 17 informes se aprobaron en marzo de 2016. Hoy, casi tres años después, seis están pendientes de entregar. Se trata de la fiscalización de la situación del inmovilizado material de la Comunidad de Madrid, el gasto sanitario y farmacéutico, la educación pública no universitaria, el uso de las tarjetas de crédito, la contratación con empresas vinculadas a los casos Púnica y Gürtel, y, por último, la fiscalización de la agencia Informática y Comunicaciones (ICM), un ente público salpicado también por casos de corrupción.

Podemos, por su parte, denuncia que la Cámara (cuyos actuales consejeros fueron elegidos por el PP y el PSOE) decide arbitrariamente qué es lo que fiscaliza, ignorando muchas veces las peticiones surgidas desde el Parlamento madrileño. "Hemos propuesto y aprobado desde la Asamblea que la Cámara fiscalice la empresa pública Arpegio, una de las piezas hoy del caso Púnica. En lo que llevamos de legislatura, nunca ha querido incluirlo en sus programas de fiscalización. ¿Por qué?", se pregunta el diputado morado Miguel Ongil.

Otro de los vetos se produjo sobre Madrid Network, un ente privado sin ánimo de lucro que tiene a la comunidad entre sus asociados y que se dedica a financiar con dinero público proyectos empresariales. "Uno de esos proyectos fallidos es el de Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y curiosamente marido de una de las consejeras de la Cámara, Concepción Ruano. La excusa para no fiscalizar en esta ocasión es que Madrid Network no es una empresa 100% pública", afirma Ongil.

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Ciudadanos asegura que la Cámara se comprometió a entregar todos los informes antes de diciembre de 2018. De hecho, en febrero de 2018, el presidente en funciones, Carlos Salgado, señaló en la Asamblea que el informe de las tarjetas de crédito estaría en noviembre del año pasado, y el relativo a Púnica y Gürtel, en octubre de 2018. El de gasto sanitario y farmacéutico estaría listo "entre septiembre y octubre de 2018" y el de la educación no universitaria, "en diciembre de 2018". De momento no se han cumplido los plazos. Salgado ha vuelto a comparecer ahora en febrero de este año en el Parlamento madrileño para informar sobre los retrasos, argumentando que el alto volumen de fiscalizaciones y el poco margen de tiempo han complicado los trabajos.

De hecho, desde la Cámara argumentan que aunque el acuerdo de 17 fiscalizaciones se firmó en marzo de 2016, el órgano fiscalizador no lo incluyó en su programa hasta junio de 2016, cuando ya estaba aprobado el de ese año, con otras 27 fiscalizaciones. Aprobadas en 2016 pero que no se pusieron en marcha hasta 2017, por lo que en la práctica solo se ha tenido dos años para hacerlas. Sin olvidar que también hay que sumar las fiscalizaciones de los programas 2017 y 2018. La oposición cree que la Cámara ha retrasado deliberadamente algunos de estos informes hasta después de las elecciones de mayo, a pesar de que el año pasado se aprobó un aumento de la plantilla para agilizar los trabajos.

De hecho, uno de los consejeros encargados de supervisar alguno de los informes retrasados lleva ya un año sin pisar por la Cámara. Se trata de Marino Díaz Guerra, de 81 años, uno de los consejeros nombrados por el PP. El presidente en funciones no quiso explicar los motivos de su prolongada ausencia. Según ha podido saber este diario, lleva varios meses enfermo, sin acudir a su puesto de trabajo y sin ser sustituido. Los seis consejeros que quedan (había siete antes de la dimisión de Canalda) fueron elegidos por un plazo de seis años y su mandato finalizó en diciembre.

La situación de la Cámara ha provocado toda una bronca política. El presidente en funciones ironizó con la mala suerte que tiene una de sus compañeras, una consejera propuesta por el PSOE, ya que sus informes "siempre acaban filtrándose a la prensa". Ella tiene que supervisar el del gasto sanitario, cuyo anteprotecto fue publicado en exclusiva por 'eldiario.es'. "Es un anteproyecto de informe, pero no es el informe definitivo. Hubo un error en su tramitación porque no se dio traslado para el periodo de alegaciones a los tres consejeros de Sanidad que ostentaron el cargo en el periodo fiscalizado. Además, se ha hecho un apartado para una entidad privada y también se le han dado alegaciones. Todo esto ha conllevado un retraso tras examinar las nuevas alegaciones. El informe está pendiente de ser debatido y examinado por el consejo".

El presidente en funciones ironiza con la mala suerte que tiene una de sus compañeras, ya que sus informes "siempre acaban filtrándose a la prensa"

El informe de las tarjetas de crédito también va con retraso. "No ha sido fácil. Hay que conciliar los datos con entidades privadas, hemos tenido una seria oposición para que nos den los datos", explicó Salgado en la Asamblea. La fiscalización sobre la educación no universitaria está terminada, "pero nos han pedido una prórroga en el trámite de alegaciones. Siempre la damos". El de contratación con empresas de la Púnica y Gürtel "está terminado, en fase de alegaciones y pendiente de aprobación. Tuvimos que recurrir al Poder Judicial para que nos ayudara a la hora de recabar la información de la Audiencia Nacional". El del inmovilizado material del sector público "estará en julio de 2019". El de la empresa pública ICM "está pendiente".

El PP es el único que ha defendido la labor de la Cámara de Cuentas, a la que en 2016 se pidió algo "inviable", ya que las 17 fiscalizaciones solicitadas en 2016 han tenido que analizar periodos que comprenden como mínimo cinco años. Los populares han calificado de "infumables" algunos de los informes ya presentados, que han supuesto un duro varapalo a la gestión de gobierno del PP. "Hay dictámenes que dejan mucho que desear. Algunos tiene datos falsos y manipulados. Hechos por 'hooligans' de partido". Los populares se refieren, sin nombrarla, a la consejera Mónica Melle, propuesta en su día por el PSOE.

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Los actuales consejeros tienen los meses contados. Los cuatro grupos políticos en la Asamblea de Madrid han llegado a un acuerdo para reformar la Cámara de Cuentas, una modificación impulsada por Podemos. Cambios que llegarán tras las elecciones. Solo habrá tres consejeros durante un periodo de nueve años (ahora había siete por seis años) sin posibilidad de renovar el mandato, elegidos por una mayoría aumentada de la Cámara de dos tercios (ahora es de tres quintos). Los candidatos tendrán que comparecer antes en la Asamblea. La nueva Cámara tendrá función sancionadora para recabar toda la información que necesite.