Fiscalía de Madrid pone en su diana miles de licencias de arquitectos de 'confianza'

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid decidió el pasado mes de noviembre elevar al juzgado una denuncia contra el Ayuntamiento de Robledo de Chavela (3.900 vecinos) por encargar sus trabajos urbanísticos a un arquitecto que no tiene la plaza. La denuncia está dirigida contra el alcalde (un independiente), contra el concejal de Urbanismo, contra el propio arquitecto y contra "todas las autoridades municipales o funcionarios competentes en materia urbanística que hayan de identificarse", a los que acusa de los delitos de prevaricación urbanística continuada, contra la ordenación del territorio y usurpación de funciones públicas.

La Fiscalía ha decidido abrir así todo un melón jurídico. Y es que son muchos los municipios madrileños (y en toda España) que no cuentan con arquitecto municipal y sustituyen esta figura con un arquitecto de confianza, bautizado como 'honorífico', que se encarga de tramitar todas las licencias de ese ayuntamiento, es decir, que se dedica a ejercer potestades públicas que están reservadas a los funcionarios. "Hay varios consistorios denunciados", señala un portavoz de la Fiscalía. La ley es clara al respecto: solo un arquitecto funcionario de carrera puede ejercer funciones públicas. Así lo indican el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL).

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El objetivo de la Fiscalía madrileña es conocer en los ayuntamientos investigados y en aquellos que se vayan a investigar quiénes fueron "los responsables de la contratación" del arquitecto honorífico, estudiando los antecedentes en cada caso y la intencionalidad. Las consecuencias pueden ser graves. Porque si al final se determinase que la plaza del arquitecto honorífico es irregular, todo lo que haya aprobado también lo es. "Las licencias emitidas son irregulares, al ser los informes técnicos nulos. De ahí que tendrían que revisarse por un arquitecto nombrado como funcionario", aclaran desde el ministerio público.

"Todo es nulo de pleno derecho. Todas las inspecciones, los informes y todas las licencias emitidas, de obras, de uso, de primera ocupación", señala Fernando Jabonero, concejal socialista del Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara). Jabonero ha convertido este asunto en una cruzada personal. El 5 de febrero de 2018 denunció ante la Audiencia Nacional a varios ayuntamientos de toda España, entre ellos varios madrileños, por incurrir "de modo recurrente y crónico en infracción urbanística" al emplear a falsos arquitectos municipales. La Audiencia derivó la denuncia al Tribunal Supremo y este ha ordenado a todos sus fiscales provinciales investigar este asunto.

En la Comunidad de Madrid pueden ser varios los ayuntamientos afectados. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) elaboró ya hace tres años un documento que especifica cuántos municipios tenían la figura del arquitecto honorífico. Eran 76. "La lista no está actualizada", explica José María Ezquiaga, decano del COAM. "Nos consta que algunos han ido sacando la plaza a concurso". Todas estas localidades suman 450.000 habitantes. La mayoría (44 municipios) son pueblos de menos de 1.500 habitantes con presupuestos muy bajos y reducido nivel de construcción, los argumentos principales para no tener un arquitecto en plantilla.

Los municipios con 'honoríficos'

Los municipios que hace tres años tenían arquitectos honoríficos eran: Fuenlabrada, Fuenlabrada, Coslada, Humanes, Alpedrete, Griñón, Torres de la Alameda, El Molar, Villa del Prado, Torrejón de la Calzada, Guadalix de la Sierra, Fuente El Saz, Cobeña, Chinchón, Pedrezuela, Campo Real, Robledo de Chavela, Cenicientos, Navas del Rey, Valdilecha, Cadalso de los Vidrios, Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa, La Cabrera, Los Santos de la Humosa, Fuentideña del Tajo, Bustarviejo, Rascafría, Chapinería, Carabaña, El Vellón, Zarzalejo, Estremera, Villanueva de Perales, Belmonte del Tajo, Fresno de Torote, Orusco de Tajuña, Villamantilla, Valdemanco, Anchuelo, Titulcia, Torremocha del Jarama, Lozoyuela, Santorcaz, Valdelaguna, Valdarecete, Cabanillas de la Sierra, Puentes Viejas, Lozoya del Valle, Ribatejeda, Valdepiélagos, Ambite, Patones, Brea del Tajo, Valverde de Alcalá, Canencia, Garganta, Rozas de Puerto Real, Gargantilla, Olmeda de las Fuentes, Montejo, Redueña, Alameda del Valle, Villavieja de Lozoya, Piñuecar, Braojos de la Sierra, Navarredonda, Gascones, Robledillo de la Jara, La Serna del Monte, Somosierra, El Atazar, Puebla de la Sierra, La Hiruera, la Acebeda, Madarcos y Horcajo de la Sierra.

En teoría, los arquitectos honoríficos no cobran y han sido elegidos sin pasar por ningún tipo de proceso de selección, que en una Administración pública debe respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. La simbiosis es perfecta, pero no deja de ser ilegal, señala Jabonero. El arquitecto gana un gran cliente, como es un ayuntamiento, y este se garantiza a un arquitecto sometido que firmará todos aquellos informes técnicos que le pida si quiere mantener su privilegio. José María Ezquiaga, el decano del COAM, lo tiene claro. "Esto es un problema con una triple dimensión".

La primera, "que ningún funcionario público debe estar en situación irregular, lo que supone una vulneración de las condiciones laborales. Además, los arquitectos honoríficos no han sido contratados por un concurso abierto". La segunda, porque "en ningún caso debe admitirse el conflicto de intereses, es decir, el arquitecto honorífico al no cobrar no está sujeto al régimen de incompatibilidades". ¿De dónde vienen los beneficios de un arquitecto honorífico? Al no cobrar un salario fijo del consistorio y tener además su propio estudio, suele percibir una liquidación municipal por redactar proyectos o dirigir obras encargadas por el propio ayuntamiento. Sin olvidar que suelen recibir más encargos particulares basados en la creencia de que las licencias urbanísticas tendrán una tramitación más ágil al ser redactadas por el arquitecto que hace las funciones de funcionario municipal.

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La tercera, según Ezquiaga, es que la Administración no debe lavarse las manos en este asunto. "Si este problema está sobre todo en ayuntamientos pequeños con un presupuesto muy reducido que no tienen para tener arquitectos en plantilla, la Comunidad de Madrid debería a través de oficinas comarcales poder ofrecer este servicio para que lo compartan varios municipios. O en su lugar, crear un cuerpo de arquitectos regionales que dé servicio en las localidades que no cuentan con esta figura. Sabemos que la comunidad no está obligada, pero sería una buena solución". Desde COAM, recuerdan que un consistorio puede nombrar a un arquitecto honorífico, pero solo en casos excepcionales y cuando se trate de profesionales de gran experiencia y reconocimiento que hacen las funciones de asesor.

Aparte del arquitecto honorífico, luego está la figura del arquitecto laboral o 'contratado'. Según el listado del COAM, hay otros 34 municipios madrileños que cuentan con esta modalidad. En principio, la contratación laboral es completamente legal, ya que se paga al arquitecto y este pasa por un proceso de selección. Fernando Jabonero no está de acuerdo y asegura que solo un funcionario de carrera puede ejercer una función pública.