Metro devalúa 740 millones su patrimonio desde que la comunidad lo controla al 100%

El patrimonio neto de Metro de Madrid vale hoy un 67% menos que en 2011, cuando la Comunidad asumió el control de todas las acciones de la empresa pública. De los 1.100 millones que registraron las cuentas de hace siete años se ha pasado a los 359,4 millones del balance de 2017, el último consolidado. Para la oposición, la situación del suburbano madrileño es "dramática": la crisis del amianto, las múltiples quejas de los usuarios, que denuncian que el servicio ha empeorado, un parque móvil relativamente obsoleto, problemas de seguridad con los grafiteros, todo ello aderezado con los paros periódicos de los maquinistas, han provocado que Metro no pase por su mejor momento y que Podemos y PSOE hayan pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del consejero delegado.

Las cuentas no cuadran. El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, quiere volver al accionariado de Metro, pero de momento no ha sido posible. El pleno del consistorio, donde Ahora Madrid no tiene la mayoría, aprobó en octubre una proposición descafeinada que no obliga a nada. Y desde la Comunidad de Madrid, del PP, están convencidos de que al menos en esta legislatura no se va a producir ningún acuerdo. El objetivo del consistorio es volver a controlar el 75% de las acciones que a finales de 2011 el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón cedió al Gobierno regional. El acuerdo de cesión entró en vigor el 1 de enero de 2012. Desde entonces, la capital no contribuye económicamente a la financiación del suburbano, ahorrándose unos 150 millones de euros anuales.

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Pero desde que la Comunidad controla totalmente el suburbano madrileño su patrimonio neto se ha devaluado. Cuando cerró el ejercicio contable de 2011, la diferencia entre su activo y sus deudas y obligaciones alcanzaba los 1.100.193.432 euros. La misma cifra había disminuido hasta los 359.400.000 euros a cierre de 2017, un descenso del 67%. Si solo se utilizara el patrimonio para calcular el valor de la acción del suburbano, cada una de las 4.679.212 acciones que había en 2011 tenía un valor de 235,12 euros. Ahora hay más acciones (5.972.391), tras la ampliación de capital de 2016, por lo que cada una de ellas se pagaría hoy a 60 euros.

"A la falta de trenes y de personal hay que sumar un desgobierno que ha permitido que la joya del transporte madrileño se haya descapitalizado tanto en pocos años. Lo que impide abordar con solvencia el servicio que se lleva prestando de manera puntual 100 años e hipoteca de manera decisiva una renovación de infraestructuras y personal imprescindible para la mejora de las actuales deficiencias que sufren a diario los millones de viajeros. La supuesta excelencia en la gestiona tiene en Metro de Madrid un caso palmario de irresponsabilidad que vamos a tardar años en revertir", explica Alberto Oliver, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y uno de los portavoces en materia de transporte.

Desde el ayuntamiento de la capital recalcan que el interés sigue vigente, pero no a cualquier precio. "La regla es sencilla. Lo que dejó de pagar el consistorio en 2011, la Comunidad lo ha compensando descapitalizando el Metro estos años. El debate sobre si el ayuntamiento debe contribuir o no a financiar el suburbano es un debate torticero, ya que primero debería producirse esa recapitalización o una compensación equivalente al ayuntamiento que en caso contrario recibiría una mercancía por mucho menos valor del que pagó", explican desde el Gobierno local. Una ecuación que no cuadra para la Comunidad, ya que Carmena exige fuertes inversiones "para recuperar niveles de servicio óptimos".

Ese es el planteamiento del consistorio, un nuevo acuerdo que esté basado en la recapitalización de Metro a través de inversiones finalistas de capital aportadas por la Comunidad y que la ciudad de Madrid vuelva a recuperar el 75% de las acciones aportando solo lo que ya financiaba antes de 2011, unos 150 millones de euros anuales para compensar el déficit de tarifa, es decir la diferencia entre lo que pagan los viajeros y lo que realmente cuesta el servicio. Pero antes de que se produzca el acuerdo es necesario que el patrimonio de Metro sea el mismo que hace siete años. Así lo regular la cesión de 2011: en caso de revertirse la titularidad de las acciones su "valor neto contable en ningún caso puede ser inferior al valor de las transmitidas".

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Desde Podemos recuerdan que el objeto social de Metro no solo es la gestión y explotación del servicio público del ferrocarril, sino también "la gestión y rentabilización de su patrimonio por cualquier medio". El último informe de la Cámara de Cuentas que analizó la situación del suburbano madrileño (presentado en 2016) ya reflejaba que en los dos años siguientes a la cesión de las acciones (periodo 2012-2014) el patrimonio había disminuido un 36,2%, "debido sobre todo a los resultados negativos acumulados (la deuda se había incrementado en 300 millones) y la reducción de "subvenciones, donaciones y legados".

La deuda ha seguido creciendo. Ya es de 915 millones de euros, cuando comenzó 2012 era de 584 millones. Entre los ejercicios 2009 y 2016 la empresa ha dado pérdidas. El diagnóstico de la empresa pública es breve: "Debido a los años de crisis, Metro ha tenido que utilizar recursos propios para financiar su servicio y mantener los niveles de calidad, algo que ha sido posible gracias a que se trata de una empresa saneada económicamente. Esta situación ya se está revirtiendo desde 2017, cuando Metro dio beneficios por primera vez desde 2008, concretamente 4,2 millones de euros. A falta del cierre de este año, está previsto que Metro obtenga en 2018 más de 40 millones de euros de beneficio", explica un portavoz de la compañía. Entre esos recursos propios está la venta de cocheras e instalaciones (como Cavanilles, Cuatro Caminos y Puerta Bonita) por valor de 118,4 millones.

Metro dio beneficios en 2017 por primera vez desde 2008 (4,2 millones) y esperar cerrar 2018 con 40 millones de resultado positivo

Otro dato relevante es que Metro también ha perdido valor de su inmovilizado material, integrado tanto por infraestructuras viarias como por instalaciones técnicas y maquinaria. Ahora es de 1.410 millones, cuando en 2015 era de 1.584 millones. Estamos hablando de una infraestructura que tiene casi 300 kilómetros de extensión y llega a 12 municipios, tiene 300 estaciones ferroviarias, cuenta con un total de 2.319 coches y ha movido a 687 millones de viajeros en 2018. No hay que olvidar por ejemplo que Metro es el mayor consumidor de electricidad de la comunidad de Madrid: 60 millones de euros en 2018.

"Estamos en una senda de controlar la pérdida de valor patrimonial de la compañía", recalcan desde la Consejería de Transportes. El objetivo es detener la pérdida del valor patrimonial de la compañía y consolidarla solo en 350 millones (ahora pierde 740) y reducir la deuda en 165 millones de euros. Todos los grupos de la oposición se han mostrado a lo largo de la legislatura muy críticos y recuerdan que las cuentas van a seguir sin cuadrar teniendo en cuenta las importantes inversiones futuras: la compra de 60 nuevos trenes por 700 millones de euros y que en los próximos cinco años terminan los contratos de alquiler de otros vagones por valor de 516 millones.