sentencia del tribunal de cuentas

La condena a Botella por vender vivienda social tapa la crítica de Madrid Nuevo Norte

El anuncio de retomar el proceso judicial para revertir la venta ha calmado en parte la campaña de sectores aliados del Gobierno municipal contra la operación Chamartín

Foto: Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2013. (EFE)
Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2013. (EFE)

El ministerio de Fomento, representado por el consejo de administración de Adif, autorizaba este viernes la renovación del contrato que tenía vigente con Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora formada por la constructora San José y BBVA de la antiguamente denominada operación Chamartín, para desarrollar este proyecto urbanístico. Una operación ampliamente cuestionada por las organizaciones vecinales y los sectores críticos de Ahora Madrid y que desde el Ayuntamiento de Madrid se habían propuesto poner en marcha antes de finalizar la legislatura. Al mismo tiempo, se filtraba que el Tribunal de Cuentas condenaba a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y siete miembros de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender viviendas públicas a fondos buitre a un precio muy por debajo del precio de mercado. Un 'regalo' que, precisamente, coincide con lo conocido estos días tras desvelar 'Eldiario.es' que la venta de Adif de los 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público que ocupará esta operación se producía a la mitad de precio de mercado.

Los términos del contrato, guardado bajo llave y que no se conoció hasta la víspera de la renovación del contrato, generaron un terremoto tanto dentro del Ayuntamiento de Madrid como entre las formaciones afines que integran el Gobierno municipal. Izquierda Unida incluso exigió inmediatamente la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que detalle todos los pormenores de este polémico asunto.

Las voces dentro del denominado 'Gobierno del cambio' y las formaciones afines que han solicitado paralizar la operación Chamartín han ido en aumento. El edil y exconcejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se refería en estas mismas páginas a un "expolio para el patrimonio público" y concluía que "es evidente que hay razones más que sobradas para detener este desvarío. No solo por los evidentes motivos de modelo urbanístico, desarrollo de ciudad y reequilibrio territorial, sino también por el claro ejemplo de saqueo de lo público que supone esta operación de transmisión de suelo".

Desde Adif se ha asegurado a través de un comunicado que el precio de los suelos de los que es titular en la operación Madrid Nuevo Norte no está por debajo del mercado. Se aduce en este sentido que la renovación del contrato con la promotora —San José y BBVA— "se mantiene inalterado tanto el precio establecido en el contrato hasta ahora vigente como la forma de pago pactada", a pesar de que la superficie a transmitir a Distrito Castellana Norte (DCN) por parte de las entidades ferroviarias se ha reducido en 798.366 metros cuadrados y de que la edificabilidad neta atribuible a los suelos ferroviarios disminuye en 575.246 (un 31,02%).

Para el presidente de DCN, Antonio Béjar, la renovación del contrato pone de manifiesto la voluntad de ambas partes para llevar a cabo esta actuación de interés general para la ciudadanía en la que llevamos años trabajando y supone un importante paso adelante que va a permitir concluir con éxito un proyecto clave para la ciudad de Madrid y sus ciudadanos”. Asimismo, entiende que “el acuerdo con Adif refuerza el consenso que todas las partes implicadas hemos alcanzado sobre este proyecto, que cuenta con el apoyo de todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos”. DCN defiende que este proyecto solucionará los problemas que sufren los barrios del norte de la capital ocasionados por la brecha que forman las vías del tren, además de que "impulsará un nuevo modelo de urbanismo sostenible, enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas, que va a situar a Madrid a la vanguardia de las ciudades más avanzadas".

La alcaldesa en funciones ha aprovechado la condena a Botella para anunciar que va a reiniciar un proceso de nulidad para revertir la compraventa

En este contexto, la condena a Ana Botella por parte del Tribunal de Cuentas, que cifra en casi 26 millones de euros los perjuicios ocasionados en los fondos públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, ha calmado en parte la campaña de sectores aliados del Gobierno municipal contra Manuela Carmena por considerar que se estaba promoviendo un pelotazo urbanístico. Consciente de ello, y la oposición cada vez mayor desde las organizaciones sociales a la política urbanística del Ayuntamiento de Madrid —operación Chamartín batió récords de alegaciones—, la alcaldesa en funciones Marta Higueras ha aprovechado esta noticia para desempolvar el programa de vivienda de Ahora Madrid y anunciar que va a reiniciar un proceso de nulidad para revertir la compraventa con el objetivo de conseguir que esas viviendas vuelvan a pertenecer a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). El programa abogaba por "recuperar las viviendas vendidas de la EMVS".

El Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid. (EFE)
El Palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid. (EFE)

El Ayuntamiento de Madrid ya había llevado a los tribunales la reversión de la venta de las 1.800 viviendas sociales a las mercantiles Fidere Vivienda, S.L.U. y Fidere Gestión, S.L.U., sociedades instrumentales de Magic Real Estate, S.L, detrás de las cuales se encuentra el fondo norteamericano Blackstone, conocido por ser el mayor casero de España con más de 20.000 pisos en alquiler. El proceso judicial se archivó porque, como recordó Higueras, un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra. A la vista del fallo del Tribunal de Cuentas, donde trabajó Higueras hasta antes de presentarse a las elecciones, ocupando la secretaría de la consejera María Antonia Lozano, la teniente alcaldesa espera que esta posición cambie.

La sentencia y la reactivación del proceso promete convertirse en uno de los caballos de batalla de la campaña electoral de Manuela Carmena, que se espera tener perfilada coincidiendo con el arranque del próximo año. En la misma línea que el Gobierno municipal, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha cargado contra la actuación "injusta, fraudulenta y fuera de la ley y de los derechos fundamentales" del equipo de la exalcaldesa Ana Botella y anunció que su grupo seguirá trabajando para que sea posible anular el proceso. "A pesar del bloqueo que ha hecho el PP, con el apoyo que le dio Cs", añadió, "esto da la razón al PSOE cuando propuso constituir una comisión de investigación en el Ayuntamiento, cuyo dictamen dijo lo que hoy avala el Tribunal de Cuentas, que en el proceso de venta de viviendas sociales a fondos buitre había daño patrimonial a la ciudad y al Ayuntamiento. Y también dijimos que había un daño más allá a las familias a las que se les quitó su derecho a la vivienda".

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