El espíritu navideño no llega a los 'menas': padres de un instituto denuncian a Madrid

La Comunidad de Madrid está teniendo serios problemas a la hora de poder realojar a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la región, más conocidos como 'menas'. A la negativa de varios municipios a la hora de acoger a estos chicos, se ha sumado ahora la denuncia que han puesto ante la Fiscalía Provincial de Madrid varios padres del instituto público San Fernando, situado en la capital, que aseguran que el Gobierno regional ha llevado esta misma semana a cinco de estos 'menas' a la residencia que hay en este complejo educativo, situado en el norte, en el kilómetro 12 de la carretera de Colmenar Viejo.

La denuncia va dirigida contra el presidente madrileño, Ángel Garrido; la consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno; y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. El caso ha sido derivado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los 'menas' han llegado desde el centro de acogida de Hortaleza, dependiente de la Comunidad, que actualmente está desbordado. Cuando acaben las vacaciones navideñas los menores inmigrantes compartirán instalaciones con los más de 700 alumnos del instituto, ya que la residencia forma parte del complejo educativo.

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En su denuncia, los padres señalan que la Comunidad recurrió a una argucia legal para poder trasladar a los 'menas' al instituto. El 28 de noviembre la Comunidad modificó la adscripción de la residencia de estudiantes (el pabellón 1), pasando de la consejería de Educación a la de Políticas Sociales. Esta residencia actualmente no se utiliza. "Esta decisión se tomó a espaldas de la comunidad educativa e incumpliendo el procedimiento legal establecido", tal y como marcaría la Ley 3/2001 de 21 de junio de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el Decreto 11/2018, de 6 de marzo, por el que se regula el régimen de uso de los inmuebles educativos.

"Entendemos que no puede considerarse una solución a esta emergencia social trasladar a un grupo de menores de entre 14 y 17 años a un centro educativo de ESO y Bachillerato, donde compartirían zonas comunes del centro, lo que generaría una situación complicada de gestionar por parte de la dirección y supondría una convivencia diaria entre el alumnado menor de edad y los menores extranjeros, los cuales precisan de una supervisión que no podrá ser atendida por el instituto", señalan los padres. Algunos de ellos pertenecen a la plataforma Educación Pública de Madrid.

"No parece razonable trasladar al alumnado y al profesorado de un centro público de enseñanza secundaria, que carece de los medios adecuados para afrontar esta realidad, la responsabilidad que otras zonas no han querido asumir, ni un problema social y político que es necesario atajar", concluye la denuncia. Los padres se refieren a las reiteradas negativas con las que se está encontrando la Comunidad para solucionar este problema. Ante la falta de espacios, el Ejecutivo autonómico está valorando la idoneidad de alojar a los menores en emplazamientos situados en diversos municipios. Lo que provoca un tira y afloja con muchos ayuntamientos, reacios a la acogida. El problema se acrecienta porque llegan tantos menores en tan poco tiempo que no hay tiempo legal para poder licitar nuevas plazas públicas y la única opción es firmar convenios de urgencia con entidades sociales.

Primero fue el municipio de Tres Cantos (gobernado por el PP) quien se negó a habilitar urbanísticamente el Palacio Valdés (propiedad en este caso del Ayuntamiento de Madrid). Luego el de Somosierra, del PSOE, que aprobó urgentemente un decreto para suspender cautelarmente la licencia de actividad de una residencia privada que se barajaba como destino de unos 40 'menas'. Pozuelo de Alarcón, también del PP, ha ordenado el cese de la actividad de un centro de menores instalado en una urbanización del municipio por incumplir la propia normativa urbanística municipal. Allí se alojan 14 'menas'.

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Los padres también han pedido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM medidas cautelares para que anule la orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda que sirvió para desafectar el servicio público educativo de la residencia de San Fernando y se afectó el servicio público social (que permitió que la instalación pasara de Educación a Servicios Sociales). El TSJM ya ha admitido a trámite el recurso y ahora la Comunidad tiene hasta el día 30 para presentar alegaciones. En su escrito, los padres acusan a responsables de la consejería de amenazar a la dirección del instituto para que colaborasen en el traslado. Los padres han escrito al presidente madrileño expresando sus preocupaciones.

La Comunidad de Madrid, por su parte, está haciendo un esfuerzo para alojar los menores. Las plazas públicas han pasado de 130 a 238 plazas. De estas, 78 son de gestión directa a través de la Agencia Madrileña de Atención Social (lo que se conoce como primera acogida) y las otras 160 se concertarán con diferentes entidades sociales. Según cifras de la consejería, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre Madrid atendió a 1.161 niños, 926 más de los que había al comenzar el año. Un incremento muy fuerte que ha levantado las suspicacias del Gobierno regional, que ha pedido a la Fiscalía que investigue la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región sin que ninguna Administración los haya derivado por los cauces legales.

Desde la consejería reiteran que no quieren dar datos sobre la reubicación de los menores "para no estigmatizarlos". El presidente regional, Ángel Garrido, ha señalado que hay menores extranjeros no acompañados repartidos por quince municipios de la comunidad "y no ha habido ni un solo incidente".