Pozuelo ordena cesar la actividad del centro de menores alojado en una urbanización

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha ordenado el cese de la actividad de un centro de menores instalado en una urbanización del municipio por incumplir la propia normativa urbanística municipal. La Comunidad de Madrid concedió a la Fundación SAMU -dedicada a los centros de menores- una autorización administrativa para instalar un piso tutelado con 14 plazas en mitad de una comunidad de vecinos situada en la zona de la Colonia de los Ángeles. En total, catorce Menas (menores extranjeros no autorizados) conviven ahora con sus respectivos monitores en la urbanización de pareados. El gobierno regional tomó esta decisión sin hablar con el consistorio dirigido por la popular Susana Pérez Quistant, que ya ha elaborado el decreto de cese de actividad.

Según el informe de la gerencia municipal de Urbanismo elaborado para este caso al que ha tenido acceso este diario, dada la tipológica de las edificaciones existentes sobre la parcela, los únicos usos compatibles a los que puede destinarse el edificio son el de local comercial o despacho profesional, ambos vinculados a la vivienda. Así consta en el Plan General de Ordenación Urbana, descartando por tanto, el uso dotacional que requiere la categoría salud y bienestar social en el que se engloba la actividad de la Fundación SAMU. Fuentes municipales insisten en que esto sería aplicable a cualquier otra actividad de la misma categoría, como una residencia mayores, por ejemplo, que tampoco podría instalarse.

Los pareados destinados al centro de menores acogerán a 20 personas, 14 chavales y 5 profesionales que les acompañan

Los vecinos de la Colonia de los Ángeles reconocen estar “indignados” ante una situación que les ha pillado por sorpresa. De hecho, los propietarios reconocen haberse enterado de lo que ocurría al ver directamente los camiones de la mudanza hace días en la calle, descargando entre otros enseres, más de una decena de cabeceros de cama. En total, los pareados destinados al centro de menores acogerán a 20 personas, 14 chavales y 5 profesionales que les acompañan. Los vecinos entienden que no es un lugar adecuado para este uso, empezando por el tamaño y las zonas comunes, y recuerdan que el inmueble tiene deudas acumuladas con el Ayuntamiento al no haber pagado el IBI desde 2015.

En el consistorio tampoco pueden esconder su sorpresa. La única interlocución mantenida con la regidora se ha sucedido con el vicepresidente Pedro Rollán, al no haber podido mantener contacto con la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno, ni con el director general del ramo, Alberto San Juan.

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Por el momento, el Ayuntamiento de Pozuelo ordenó esta misma mañana el cese de actividad, la única vía administrativa posible en este momento. Fuentes municipales dan por descontado que el centro de menores recurrirá y el proceso administrativo continuará su curso. En todo caso, el consistorio no puede precintar el inmueble, precisamente por haber menores de edad en su interior. Si se interpone un recurso, el procedimiento quedará en manos del juzgado, que establecerá los pasos a seguir.

La alcaldesa del municipio insiste en que su voluntad es sentarse con los responsables de la Comunidad para buscar alternativas “que reúnan las condiciones y que cumplan con la normativa”, recordando que en Pozuelo ya existe una vivienda para refugiados por la que han pasando varias familias, además de otras licencias existentes para pisos tuteados en zonas de inmuebles permitidos. Pero, por ahora, el consistorio sigue sin tener noticias de la Comunidad.