El chollo del comisionado madrileño: cuatro elegidos a dedo que cobran 290.000 euros

La Comunidad de Madrid tiene actualmente en su organigrama cuatro comisionados, una figura de alto cargo que la Administración suele crear en principio durante un periodo limitado de tiempo para llevar a cabo una función muy definida. Los cuatro suman una retribución bruta anual conjunta de 290.000 euros. Todos han sido elegidos a dedo, directamente por el Ejecutivo autonómico, sin pasar por ningún proceso de selección. El último nombramiento, el de Ángeles Pedraza como comisionada para las Víctimas del Terrorismo, ha despertado las críticas de la oposición, que ha preguntado sobre los requisitos que han regido su elección.

"El proceso seguido para determinar la idoneidad de Ángeles Pedraza ha sido el análisis de su trayectoria en el ámbito de la atención a las víctimas del terrorismo, valorándose su capacidad de trabajo durante seis años al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (la más antigua y numerosa de las existentes en España) hasta el año 2016, así como su responsabilidad como vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, cargo que ocupa actualmente. Además, durante estos años ha participado en el desarrollo de una decena de leyes autonómicas sobre víctimas del terrorismo", ha contestado la comunidad a una pregunta del grupo parlamentario Podemos. La respuesta obvia que Pedraza es también miembro del comité ejecutivo del PP.

La Comunidad de Madrid quiere que Pedraza juegue un papel clave en el desarrollo de la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, aprobada el pasado 4 de octubre por la Asamblea de Madrid. Contará con una pequeña oficina, explican desde la comunidad, y personal de apoyo, "ya que los comisionados no cuentan con personal eventual sino con funcionarios de la comunidad que les ayudan en su trabajo". Aunque su salario no está incluido en los presupuestos de 2019 (como sí pasa con los otros tres comisionados), su retribución será la de un director de área, es decir, 75.084 euros brutos anuales.

Ni Esperanza Aguirre primero ni Ignacio González después abusaron de esta figura. La expresidenta regional anunció en 2003 que iba a crear un comisionado para reducir las listas de espera (puesto que llegó incluso a ofrecer al hoy ministro socialista Josep Borrel), pero el anuncio quedó en nada. Nunca se puso en marcha. Fue con la llegada de Cristina Cifuentes cuando el Ejecutivo autonómico empezó a pensar de nuevo en esta figura para poner en marcha ciertos proyectos. El primero de ellos fue el nombramiento en enero de 2016 de José Antonio Martínez Páramo como comisionado para la Cañada Real Galiana. Martínez Páramo ya fue alto cargo con Aguirre.

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David Fernández

Para muchos en el Ejecutivo madrileño, este comisionado era muy necesario para dar soluciones a un problema que se enquistaba, "dignificar las condiciones de vida de los 7.200 habitantes" que viven en este gran poblado chabolista que ocupa 14 kilómetros y que afecta a tres municipios madrileños: la capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid. Martínez Páramo cuenta con una oficina en el Ensanche de Vallecas y siete personas asignadas a su cargo. Su creación sí estuvo avalada por todos los grupos de la Asamblea y por todas las administraciones implicadas. Su salario es de 65.933 euros anuales.

En junio de 2018, llegó la creación del comisionado para el Cambio Climático y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ocupa actualmente Susana Magro, que ya ha desempeñado altos cargos con Aguirre, Cifuentes y Mariano Rajoy. La verdad es que la Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de este comisionado dos veces. La primera, en marzo de 2017, cuando fue elegido Mariano González. No empezó con buen pie. El responsable de que las políticas del Ejecutivo autonómico contribuyan a reducir los efectos del cambio climático denunció ese mismo año que trabajaba sin equipo y sin presupuesto asignado.

Apenas duró año y medio en el cargo. El 13 de junio de 2018, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) oficializaba el nombramiento de Arturo González Cardialliaguet como nuevo comisionado para el Cambio Climático. Exactamente una semana después, el 20 de junio, el BOCM anunciaba su cese. González Cardialliaguet es hijo del nuevo tesorero nacional del PP, Sebastián González Vázquez, y su paso tan efímero ejemplificó a la perfección la guerra que muchas veces se vive en las administraciones para que los partidos políticos que las controlan coloquen y enchufen a los suyos.

Tras González llegó Susana Magro. La comunidad volvió a anunciar la creación de este comisionado por segunda vez en junio de 2018. Esta vez, sumando al nombre el apellido "... y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", que según el Gobierno regional heredaba "las competencias del anterior comisionado centrado en la lucha contra el cambio climático, ampliándolas para hacer frente a otros desafíos internacionales marcados en 2016 por Naciones Unidas". Su retribución anual es la más alta, de 82.491 euros anuales. El PSOE recuerda que esta figura la crea el PP "porque nosotros presentamos la proposición de Ley de Cambio Climático en la Comunidad de Madrid. Se ven forzados a tomar esa decisión al rechazar la toma en consideración junto a los votos de Ciudadanos de la proposición de ley".

El comisionado para el Cambio Climático es el mejor retribuido, 82.491 euros anuales

Para Rafael Gómez Montoya, portavoz de Medioambiente del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, "el cambio climático debe estar dentro de la jerarquía administrativa y política de la comunidad en un puesto de responsabilidad funcional". Y sobre todo fijo en el tiempo. No hay que olvidar que por norma general los comisionados (hay varios también en la estructura del Gobierno central) no suelen manejar presupuesto, solo coordinan determinadas funciones durante un tiempo determinado para hacer un estudio concreto de una realidad para que luego el Ejecutivo pueda tomar decisiones.

El 5 de julio de 2018 llegó el nombramiento de Rafael García González como comisionado para la Revitalización de los Municipios Rurales. García es exconcejal del PP en el pequeño pueblo de Prádena del Rincón. En los presupuestos no aparece una partida presupuestaria concreta, ya que en principio sus funciones son transversales y afectan a varias consejerías. El Gobierno regional de Ángel Garrido quiere invertir 130 millones de euros para evitar el despoblamiento de 78 localidades madrileñas con menos de 2.500 habitantes. El objetivo es dotar de 500 kilómetros de fibra óptica a estos pueblos, mejorar sus infraestructuras de transporte, mantener abiertas escuelas infantiles, la construcción de vivienda pública o mejorar la asistencia farmacéutica y sanitaria. Su retribución es de 65.933 euros anuales.