un juzgado condena al ayuntamiento de rivas

Rivas: el alcalde de IU purga a un mando que no quiso enchufar a un sindicalista

Rivas tendrá que readmitir al trabajador o indemnizarle con 86.385€. La sentencia desmonta los argumentos del despido. "Todo ocurrió porque un militante de CCOO no pasó una prueba"

Foto: Pedro del Cura, alcalde de Rivas
Pedro del Cura, alcalde de Rivas

El Juzgado de lo Social número 18 de Madrid acaba de condenar al Ayuntamiento madrileño de Rivas-Vaciamadrid por el despido improcedente de un jefe de servicio que llevaba 17 años en su puesto. El trabajador asegura que fue despedido justo después de que decidiera no avalar el periodo de pruebas de otro empleado, integrante de CCOO. El consistorio, el último gran bastión de IU en la comunidad, alega que echó a este responsable de área por reiteradas falsas de asistencia y porque estuvo cobrando dos trienios de más durante años, aunque también incluye en la carta de despido su "responsabilidad en la actuación respecto de la no continuidad por no superación del periodo de prueba" del mencionado sindicalista.

La sentencia, fechada el pasado 10 de octubre, desmonta casi todos los argumentos del ayuntamiento y le obliga a readmitir al jefe de servicio o a indemnizarle con 86.385 euros. No es la única sentencia que se espera relacionada con todo este asunto. Porque no hubo un solo despido, sino dos. El Gobierno local también decidió echar a la directora de recursos humanos, pareja del jefe de área, por los mismos motivos. Ella pide como indemnización 152.000 euros. Un portavoz municipal asegura que van a recurrir la decisión judicial.

Contextualicemos la historia. Izquierda Unida gobierna en Rivas desde 1991. En las últimas elecciones, las de 2015, la formación se integró en una alianza con Equo bajo la marca Somos Rivas, obteniendo la alcaldía con siete concejales. Podemos, bajo la marca Rivas Puede, quedó en segundo lugar obteniendo seis ediles. Aunque en un primer momento no entró en el Gobierno local, Rivas Puede decidió integrarse en el equipo municipal en mayo de 2017. Una concejala de IU, Sira Rego, es la consejera delegada de la empresa pública Rivamadrid, que se encarga de la limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de jardines. Sira Rego es también militante de CCOO.

El trabajador despedido, Óscar B., entró en la plantilla de Rivamadrid en julio de 2001. En la actualidad desempeñaba el cargo de jefe de servicio de edificios. Hasta que el 8 de junio de este año el Ayuntamiento le comunicó que le despedía alegando causas disciplinarias. La primera, que había cometido 18 faltas injustificadas a su puesto de trabajo entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Solo en ese periodo. No antes en sus 17 años en la plantilla. El matiz es importante. Algunas de esas ausencias son de 25 minutos. La segunda causa es que, de repente, el Ayuntamiento descubrió que Óscar estaba cobrando dos trienios de más porque aparecía como si trabajara en la empresa pública desde junio de 1995, cuando ingresó en julio de 2001. El Consistorio no se había dado cuenta en los 17 años anteriores.

El líder de IU, Alberto Garzón, junto al alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (en el centro). (EFE)
El líder de IU, Alberto Garzón, junto al alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (en el centro). (EFE)

Por último, Rivas alegó una tercera causa. "Este es el meollo de la cuestión. Las otras dos se las crearon para enmascarar el principal motivo", señala Óscar en conversación con este diario. "Usted ha tenido una manifiesta responsabilidad en la actuación respecto de la no continuidad por no superación del periodo de prueba del trabajador D.P.G en el proceso de promoción al que optó dicho trabajador", le recrimina el Ayuntamiento en la carta de despido. El Consistorio acusó a Óscar de no realizar una baremación "lo más ecuánime e igualitaria posible" del empleado que quería optar al nuevo puesto. "Su gestión hostil y arbitraria ha llevado a que el trabajador afectado y CCOO presenten una demanda por tutela de derechos fundamentales", concluye el Ayuntamiento.

Óscar resume lo sucedido bajo su punto de vista. "Un conductor de la empresa pública afiliado a CCOO quería cambiar de turno y de servicio. Y tienen que pasar un periodo de prueba. Su responsable me dice que no ha pasado el periodo de prueba y yo se lo digo al gerente, que ya me hizo ver que nos metíamos en un problema. Y ese problema llegó. Hasta CCOO pidió que se repitiera el informe de evaluación y la empresa decidió crear una comisión de investigación, presidida por el PP, para ver qué había pasado. ¡Una comisión de investigación! Nunca había visto que se creara una comisión cuando otros trabajadores no han pasado el periodo de prueba".

Esto fue en abril y mayo. El 8 de junio llegó la carta de despido. "Yo he tenido que ir a los tribunales para que me den la razón. Pero estoy sin trabajo. El conductor consiguió que repitieran el proceso de evaluación y ha conseguido el puesto", explica Óscar. Varias fuentes municipales que piden el anonimato y varios ediles de la oposición destacan el poder y la influencia que tiene CCOO en las estructuras del Gobierno local. La propia consejera delegada de Rivamadrid es de CCOO. El despido de Óscar no llegó solo. El Ayuntamiento también prescindió de su actual pareja, que era directora de recursos humanos. Por los mismos motivos.

La sentencia judicial, que el Ayuntamiento va a recurrir, desmonta muchos de los argumentos municipales. En cuanto a las faltas injustificadas todos los trabajadores de Rivas tienen un plus de asistencia (es decir, se les paga un extra por acudir a trabajar), que se deduce de la nómina cuando el empleado falta. En los días en los que Óscar supuestamente se ausentó el Consistorio no le descontó nada. "Yo soy jefe de edificios, entro y salgo a ver muchas instalaciones municipales. Algunas de esas ausencias si están motivadas por visitas al médico".

Sira Rego, concejal de Rivas, en un reciente acto de CCOO. (EFE)
Sira Rego, concejal de Rivas, en un reciente acto de CCOO. (EFE)

Curiosamente el consistorio solo se interesó por las presuntas ausencias de Óscar cuando estalló el problema del periodo de prueba del conductor. "¿Por qué han analizado mi horario entre diciembre de 2017 y mayo de 2018?, ¿en los 16 años anteriores nunca falté?", se pregunta el trabajador despedido. El juez explica en su sentencia que si en todo caso hubo abandono del puesto de trabajo este nunca fue perjudicial para la empresa pública ni perturbó el trabajo de otros compañeros, por lo que no puede considerarse falta muy grave.

En cuanto a los trienios cobrados de más, la sentencia alega que "se ha acreditado que el actor no tiene participación en la elaboración de las nóminas". Y que de la cuantía de estas "no puede desprenderse que el actor sabía que se le abonaba una cantidad superior a la que tenía derecho". En este punto Óscar pone el grito en el cielo. "Yo no puse mal la antigüedad de mi nómina. No puedo hacerlo. Yo no sabía que me estaban pagando de más. Tenemos tantos pluses que esa supuesta antigüedad de más apenas suponía una gran variación en mi sueldo. ¿Nadie se dio cuenta en tanto tiempo? Solo cuando empezó el problema con el conductor". La sentencia es tajante: "no tenía conciencia del pago en exceso". Óscar se comprometió a devolver lo que le pagaron de más, 2.800 euros. El Ayuntamiento no aceptó.

En cuanto a los trienios cobrados de más, la sentencia alega que "se ha acreditado que el actor no tiene participación en la elaboración de nóminas"

La sentencia destaca que cuando ha habido problemas con otras nóminas de otros trabajadores sí se ha aceptado la devolución del dinero. Llegado al punto principal, el juez señala que "se realizó una valoración del empleado por el encargado en el modelo que se utiliza para todas las valoraciones. El problema es que la empresa quería que la valoración de ese empleado se tenía que hacer de otra forma, incluido un informe porque era representante de un sindicato. Si la empresa quería que se hiciera la valoración de otra forma, debía dar por escrito las instrucciones precisas". Es decir, "no se ha acreditado que el actor [Óscar] actuara arbitrariamente".

"Se ha realizado una evaluación como siempre se había hecho. El actor no modifica la evaluación realizada por el encargado, porque no tenía ningún fundamento para modificarla". Es decir, el conductor afiliado a CCOO no pasó la prueba. Y esa valoración fue correcta. "Ese es el problema. Que tenía que pasarla", concluye Óscar. El juzgado ha declarado improcedente el despido y condena a Rivamadrid a readmitir al trabajador o abonar una indemnización de 86.385 euros. En pocos días está previsto que el juzgado dicte una nueva sentencia sobre la exdirectora de Recursos Humanos, también despedida. "Lleva también muchos años en el puesto y es mi pareja desde hace poco tiempo. Creo que ha quedado demostrado en su juicio que no intervino para nada en la valoración del conductor ni tuvo nada que ver con el error de mi nómina", afirma Óscar.

Madrid

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