El PP presume de imputados: "Tras Cifuentes, vuelve la presunción de inocencia"

La foto se tomó el pasado 16 de octubre en las escaleras del Congreso de los Diputados. La presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor, escoltada por Juan Carlos Vera (secretario general del PP de Madrid), Dolors Montserrat (portavoz en el Congreso) y Antonio González Terol (secretario de Política Local), apoyan la reforma electoral presentada para que gobierne la lista más votada. Junto a ellos, unos 60 cargos públicos del partido en los ayuntamientos madrileños, entre alcaldes y portavoces en la oposición. Y entre todos ellos, sonrientes y posando, un buen puñado de investigados en los juzgados madrileños, incluso por delitos de corrupción. Y es que el nuevo PP de Pablo Casado presume de imputados.

El mantra que ahora se repite entre los dirigentes populares define la nueva política del partido: "Desde que se fue Cristina Cifuentes, ha vuelto la presunción de inocencia". Una frase que esconde un reproche. Para muchos, el código ético que aprobó la expresidenta madrileña y ex presidenta regional del partido (que tuvo que abandonar la política por el caso máster y el bochornoso vídeo del Eroski) era demasiado estricto y se cobró 'víctimas' inocentes. Cifuentes redactó un texto que obligaba a dimitir en el momento en que un juez citaba como investigado en un caso de corrupción. Sin esperar a la apertura de juicio oral, como hace el PSOE.

Entonces Cifuentes ostentaba todo el poder, y los críticos con esta medida (muchos dentro del PP de Madrid) guardaban silencio y acataban las órdenes. Hubo diputados autonómicos que tuvieron que dejar la Asamblea, cargos del Gobierno regional que tuvieron que dimitir, incluso un asesor que se marchó de Presidencia tras ser imputado en una investigación llevada a cabo por un juzgado de Getafe. El código ético se aplicó también a presidentes locales del PP. Pero Cifuentes ya es historia y los imputados ya no se tienen que esconder como antes. "Ha vuelto la presunción de inocencia. Que estén investigados no quiere decir que sean culpables", recalcan en el PP de Madrid, controlado ahora por los afines a Casado, una nueva estructura que no cuenta con los pocos 'cifuentistas' que quedan.

Así, en las escaleras del Congreso se pudo ver el pasado 16 de octubre a Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, imputado en el caso Púnica por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a Cofely, una de las principales empresas investigadas en la trama. Gutiérrez se ha convertido últimamente en uno de los cargos municipales más asiduos a cualquier acto del PP de Madrid. "No se pierde una", señalan fuentes populares. No hay más que echar un vistazo a la cuenta de Twitter del partido para constatarlo. Incluso estuvo en la cena que se celebró el pasado 21 de julio en el restaurante Las Moreras para festejar la victoria de Casado.

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Al lado de Gutiérrez aparece Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo. Declaró un día después de la foto en el Congreso, el 17 de octubre, en el juzgado de instrucción número 4 de esa localidad madrileña en las causas que se sigue contra varios miembros del Gobierno local por prevaricación urbanística. La Fiscalía ha abierto varias diligencias contra García Díaz (por su etapa de primer teniente de alcalde) y otros concejales del PP por llevar años concediendo licencias presuntamente de forma irregular. Encima de García Díaz aparece Susana Pérez Quislant, regidora de Pozuelo. Su caso no está relacionado con la corrupción sino con el medio ambiente.

El juzgado número 1 de Pozuelo mantiene imputados a todos los cargos públicos que desde el año 2005 han gestionado el área de Medio Ambiente del ayuntamiento y los tenientes de alcalde de los que dependía esa área, por los vertidos tóxicos que una depuradora municipal, la del barrio de Húmera, lleva soltando durante años al arroyo Antequina, que a su vez desemboca en el río Guadarrama. En la última fila también aparece con gafas de sol la alcaldesa de Colmenarejo, Nieves Roses. La Fiscalía Provincial de Madrid abrió en julio una investigación, que ha acabado en un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, por la sospechosa adjudicación de una parcela a una empresa que es propiedad del exalcalde de Colmenarejo, compañero de partido de Roses.

En el centro de la imagen, con corbata verde, también está Eusebio García, alcalde de Torrejón de la Calzada. El pasado 1 de octubre, el juzgado número 1 de Valdemoro solicitó la apertura de juicio oral en la causa que sigue contra él por las obras de ampliación de Desguaces La Torre. Según el auto judicial, el regidor, "pese a tener conocimiento de sus deberes y de las prescripciones legales", dilató conscientemente entre 2011 y 2017 todos los expedientes administrativos abiertos contra los desguaces "con el fin de beneficiar el proyecto desarrollado ilegalmente en suelo protegido". En resumen, García está acusado de prevaricación por permitir las obras ilegales del mayor empresario del municipio.

Otro de los regidores señalados judicialmente es Narciso de Foxá, de Majadahonda. Está imputado desde enero en dos causas judiciales por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia desde el año 2008. Según la información adelantada por la Cadena SER, el juzgado número 4 le investiga por delitos urbanísticos, ya que no sancionó al centro sanitario por abrir sin licencia. En segundo lugar, el juzgado número 3 le acusa de delitos medioambientales, ya que el hospital no tenía licencia de vertidos residuales.

En las escaleras del Congreso también se juntaron el otro día cargos del PP con el horizonte judicial lleno de nubarrones. Uno de ellos es Juan Soler, exalcalde de Getafe y actual diputado autonómico y senador. La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Getafe que eleve a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "exposición razonada" de los indicios delictivos hallados contra Soler en la causa que se sigue en este juzgado por amañar varios contratos, bautizada como caso Teatro. El ministerio público acaba de presentar su escrito final de acusaciones y pide el procesamiento de 32 personas entre actuales concejales populares en la oposición, ex altos cargos del Ayuntamiento de Getafe, funcionarios del consistorio y empresarios.

De momento, todos tienen la confianza del nuevo PP de Madrid porque no hay ningún condenado. Ese día, a la cita no acudió el alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras, que acaba de ser condenado a dos años de prisión por usurpación de cargo público. Aunque ya ha sido procesado, el PP no ha tomado ninguna decisión y sigue en el cargo. Y eso que el PP presume también de nuevo código ético, aprobado hace unos días sustituyendo al anterior, de 2009. Es de obligado "cumplimiento para todos los empleados y cargos directivos y orgánicos del partido". Es decir, no se aplicaría por ejemplo a un concejal o un diputado (cargo público) que no ostente ninguna función dentro del PP.

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Este texto no incluye la obligatoriedad de renunciar al cargo si un juzgado cita como investigado por un caso de corrupción a la persona que lo ejerce, como sí impuso Cifuentes en el código que redactó hace meses para el PP de Madrid. Ahora prima la presunción de inocencia, recalcan en el partido. Incluso el nuevo comité ejecutivo del PP madrileño, presentado el 1 de octubre, no ha tenido en cuenta los problemas judiciales de algunos dirigentes a la hora de elegir los nombramientos. Una elección que ha provocado las críticas del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ya dijo públicamente que él hubiera seleccionado otros nombres.

Lo que está claro es que no hay mucho 'feeling' entre el nuevo PP de Madrid, "los chicos de Casado", y el Ejecutivo regional, el antiguo equipo de Cifuentes. El propio Garrido no está confirmado como candidato autonómico para las elecciones autonómicas de 2019 y la dirección nacional está sondeando a otros aspirantes, aunque de momento ningún nombre sobresale de entre todos.