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El juez archiva el caso de los vehículos públicos de Alcorcón: no hubo estafa
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el alcalde había remitido la informació a la fiscalía

El juez archiva el caso de los vehículos públicos de Alcorcón: no hubo estafa

Un juzgado no aprecia indicios de estafa, falsedad documental, apropiación indebida o malversación en las facturas para arreglar los camiones de limpieza del municipio

Foto: Un vehículo de Esmasa
Un vehículo de Esmasa

El juzgado de instrucción número seis de Alcorcón ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación de las presuntas irregularidades de contratación en las adjudicaciones de la empresa pública Esmasa, dependiente del Ayuntamiento, relativas a la reparación de los vehículos municipales que se dedican a la limpieza de las calles de este municipio del sur de Madrid. Según el auto del juzgado, "de las diligencias practicadas no se desprende que las facturas que obran en las actuaciones no se correspondan con servicios efectivamente prestados o se haya cuestionado el precio de las mismas en función de los servicios prestados". El juez concluye que no se aprecian indicios delictivos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, o malversación de caudales públicos.

El juzgado citó a declarar en calidad de investigadas a seis personas: Benito Manuel Camacho Ruiz (jefe de taller), Eduardo San Román (encargado general y exgerente del 112 con Esperanza Aguirre), Juan Carlos Clemente Herráiz (ex encargado general), Nuria Gómez Vendrell (jefa de área técnica), Teresa López Chico (jefa de personal y administración) y Yolanda Pérez Tenorio (ex consejera delegada de Esmasa y ex directora general de Parques y Jardines del consistorio). Los contratos investigados abarcan tres años, 2012, 2013 y 2014, la primera legislatura del popular David Pérez en la alcaldía de Alcorcón. La investigación ahora archivada había partido precisamente del regidor, que ordenó la remisión de toda la información relativa a las contrataciones de la empresa a la Fiscalía, que a su vez decidió remitir el caso a los juzgados de Alcorcón.

Foto: Un trabajador de la empresa pública Esmasa limpiando una calle de Alcorcón.

Una auditoría encargada en su día por la propia Esmasa reveló que la empresa pública pagó en esos años facturas por valor de 1.154.330 euros a la empresa privada encargada de las reparaciones de los vehículos, Jotrinsa SL, cuando los contratos oficialmente suscritos con esa mercantil solo alcanzaron los 285.194,33 euros, existiendo por tanto "una diferencia de 869.136,13 euros". Según el juzgado, "no queda acreditado que ninguno de los investigados actuara con ánimo de lucro, ni que desviara fondos de la entidad en su propio beneficio, sino que se trata de irregularidades administrativas al no haber sacado a licitación los servicios prestados por la mercantil Jotrinsa, no constituyendo ilícito penal al no concurrir los elementos de los delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, y en su caso, malversación de caudales públicos".

Susana Mozo, portavoz municipal del PP, ha manifestado que "el juzgado ha desmontado las burdas maniobras de Ganar Alcorcón para intentar involucrar al PP en una trama corrupta que jamás ha existido en Emsasa durante el Gobierno del PP. Lo único que hay aquí es un intento de politizar una investigación que se abrió a instancias del alcalde David Pérez, que tan pronto tuvo conocimiento de las denuncias sobre supuestas irregularidades en los contratos de reparación de los vehículos lo puso en conocimiento de la Fiscalía para despejar cualquier atisbo de duda", ha indicado Mozo, que ha anunciado que el Partido Popular estudiará acciones judiciales contra los concejales de Ganar Alcorcón que difundieron falsas acusaciones que ahora el juez ha desmontado.

El juzgado de instrucción número seis de Alcorcón ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación de las presuntas irregularidades de contratación en las adjudicaciones de la empresa pública Esmasa, dependiente del Ayuntamiento, relativas a la reparación de los vehículos municipales que se dedican a la limpieza de las calles de este municipio del sur de Madrid. Según el auto del juzgado, "de las diligencias practicadas no se desprende que las facturas que obran en las actuaciones no se correspondan con servicios efectivamente prestados o se haya cuestionado el precio de las mismas en función de los servicios prestados". El juez concluye que no se aprecian indicios delictivos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, o malversación de caudales públicos.

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