UNA CONTRATACIÓN LLENA DE IRREGULARIDADES

El PSOE da un paso más y lleva el caso del Planetario de Madrid a la Oficina Antifraude

La contratación llena de irregularidades para suplir la subdirección del centro cultural sigue en el foco. Tras pasar por la comisión del ramo y el pleno... llega a la Oficina Antrifraude

Foto: Imagen general del Planetario de Madrid. (Google)
Imagen general del Planetario de Madrid. (Google)

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid trasladará en las próximas horas a la Oficina Antifraude el caso del Planetario, una contratación de relevo llena de posibles irregularidades tramitada desde la secretaría general técnica del área de Cultura —dependiente de la alcaldesa, Manuela Carmena— para cubrir la plaza de subdirección de este centro cultural. Como publicó este diario, una de las candidatas al puesto denunció la resolución en un recurso administrativo y no descarta emprender acciones legales contra el ayuntamiento por prevaricación, usurpación de funciones, falsedad documental y cohecho impropio.

La concejala socialista Mar Espinar llevó el asunto a la comisión del ramo hace dos semanas y, posteriormente, al pleno del ayuntamiento, pidiendo al Gobierno de Ahora Madrid que trasladara el expediente a la Inspección General de Servicios y se investigara desde los órganos competentes. Pero no hubo respuesta. De hecho, el gerente de la ciudad y responsable de los procedimientos relacionados con la selección de personal y contratación, Eloy Cuéllar Martín, lo tildó de anecdótico y se remitió al recurso de alzada de la candidata no elegida, que aún está por resolverse.

Los socialistas consideran que la contestación del Gobierno municipal es del todo insuficiente y su inacción les ha llevado a dar un paso más. Por eso, el grupo dirigido por Puri Causapié ha decidido trasladar el caso a la Oficina Antifraude, un ente impulsado por el Gobierno de Carmena por exigencias del PSOE-M, y cuya función principal es desarrollar investigaciones propias que prevengan el fraude y la corrupción en la capital.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)

Precisamente, el reglamento de esta oficina establece que "toda persona conocedora de hechos o conductas irregulares pueda ponerlos en conocimiento", garantizando el anonimato del denunciante, para "reforzar las buenas prácticas de la Administración pública, prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos".

Desde el momento en que el grupo socialista registre el expediente (previsiblemente este jueves), la actuación de la oficina deberá desarrollarse en un plazo máximo de seis meses, pudiendo ampliarse por un periodo de tres meses más. Eso sí, con anterioridad a las actuaciones de inspección, el reglamento de la oficina permite procedimientos iniciales para determinar los hechos e identificar a los responsables. A la postre, las actuaciones dependerán del caso y podrán suponer desde peticiones de información a requerimientos concretos a órganos de contratación y concedentes de subvenciones.

Como explicó el grupo socialista, y tal y como consta en el recurso presentado por una de las participantes, el proceso pudo estar plagado de irregularidades. Para empezar, los vocales de la comisión de valoración encargada de calificar a los aspirantes conocían —como quedó acreditado— a la candidata elegida. Además, dicha comisión estuvo formada por dos vocales (y no por cuatro, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). A esta cuestión se une el hecho de que el propio presidente de la comisión dimitió, según el escrito al que accedió este diario, por entender que, tras celebrarse dos reuniones, "no tenía el convencimiento de que el proceso se estuviera llevando con la absoluta imparcialidad y objetividad que debe existir". Un día después, y de manera inexplicable, cambió de idea, "con el fin de evitar perjuicios organizativos", dado que el proceso se encontraba "muy próximo a su conclusión".

Y a estos ingredientes se une el cambio de criterios y requisitos por los que se analizaban las candidaturas con el proceso ya en marcha, y la valoración de la experiencia laboral de la ganadora en el propio Planetario cuando este se encontraba cerrado por obras. Precisamente sobre la experiencia, uno de los mayores requisitos tenidos en cuenta, la aspirante denunciante acreditó más de 23 años, frente a los 40 días de experiencia laboral retribuida que la vencedora aseguró tener.

Una serie de circunstancias que Mar Espinar calificó en la comisión del área como "trajes a medida" que impiden la libre concurrencia en los procesos de contratación públicos y advirtió de que, con el actual caso, que se suma a otras polémicas del ramo (sobre todo en lo referido a Madrid Destino, empresa pública que gestiona la política cultural de Madrid), los socialistas "llegarán hasta el final". "El caso representa una infección en el funcionamiento de la Administracion local", zanjó Espinar.

La concejala socialista Mar Espinar, junto a Carmena. (EFE)
La concejala socialista Mar Espinar, junto a Carmena. (EFE)

La Oficina Antifraude echa a andar

En verano del pasado año, el TSJM suspendió de manera cautelar algunas funciones de esta oficina entendiendo que se podía producir una duplicidad de competencias con la Intervención General Consistorial y la Inspección General de Servicios. Lo hizo tras el recurso de la Delegación del Gobierno a finales de 2016 bajo el mandato del PP. En la primavera pasada, el tribunal madrileño confirmaba que la oficina, dirigida por el magistrado jubilado Carlos Granados, se ajustaba a derecho. Y tras meses en el limbo, la oficina ha dado sus primeros pasos. Una de las primeras cuestiones que deberá abordar será la del Planetario.

El PSOE-M insiste en que su objetivo es "garantizar la transparencia en la contratación pública" y Espinar asegura que "Ahora Madrid no ha entendido la apuesta que hizo su partido cuando les dejó gobernar", tras 26 años de gobiernos "que entendían que las instituciones eran sus cortijos". Precisamente, la portavoz socialista de Cultura propuso que el Ejecutivo municipal de Carmena llevara a cabo una auditoría sobre todos los contratos de personal que dependen de Madrid Destino. Una iniciativa que se aprobó en el pleno con el apoyo de toda la oposición y la abstención de Ahora Madrid y que sigue esperando en un cajón.

Madrid

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