121.000 euros por un despido pactado antes de jubilarse: el dispendio en Madrid Destino

Las dudas legales y los altos costes para las arcas públicas derivados de la política laboral desarrollada en la empresa municipal Madrid Destino siguen aumentando al sumar nuevos casos de dispendio. El último de ellos tiene que ver con el despido pactado entre la empresa del Ayuntamiento de Madrid y uno de sus trabajadores más veteranos, que se llevó un desembolso de 121.000 euros cuando apenas le faltaban dos años para su jubilación. Así consta en el acta de conciliación con expediente 5763/2018 a la que ha tenido acceso este diario, y que fue firmada el pasado 21 de febrero ratificando las causas objetivas del despido producido tres semanas antes. Trabajadores de Madrid Destino incluso aseguran que se le realizó una fiesta de despedida "por jubilación" a dicho trabajador.

El interesado había intentado pactar su despido en otras ocasiones, pero la anterior dirección de la empresa municipal se negó. En primer lugar, por las numerosas dudas legales, y en segundo lugar por el alto coste de dinero público que supondría. Tanto es así que ya había perdido un juicio contra la empresa a la que demandó por "readmisión irregular" después de un ERE en 2012 cuando era alcaldesa Ana Botella y que posteriormente la Justicia tumbó obligando a pagar y readmitir a los trabajadores.

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El acuerdo habría llegado tras la incorporación a Madrid Destino de Antonio Fernández Segura como su máximo responsable y de otros altos cargos, como el responsable de Organización y Recursos Humanos, Julián Lobete Pastor, quien dimitió de su cargo "por mutuo acuerdo" recientemente. Antes del acto de conciliación, Madrid Destino ya había abonado al trabajador 85.909 euros y se comprometió a abonar los 35.090 restantes, hasta llegar a la cifra de 121.000 euros, en un plazo no superior a 72 horas. Además de la indemnización, dicho trabajador podrá cobrar el paro durante los 23 meses que le quedan para llegar a la edad de jubilación y recibir la pensión.

El número de despidos improcedentes se ha disparado en Madrid Destino durante los últimos meses, llevándose por delante a mayor parte de los altos cargos que, según se refleja en alguna sentencia judicial, se produjeron como "represalia". Todo habría empezado con la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en el contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y el Open de Tenis. Concretamente, los hechos probados de una sentencia, tras negarse la empresa a una conciliación, señalan al coordinador general de la Alcaldía y vicepresidente segundo de esta empresa municipal, Luis Cueto, por haber despedido a un alto cargo como represalia "a la libertad de expresión en el ejercicio de su actividad profesional tratando a toda costa de defender los intereses de la sociedad". En el relato de los hechos probados se acusa también a Cueto de haber provocado "una serie de perjuicios económicos" para las arcas municipales.

La sentencia añade asimismo que acatar las órdenes del número dos de Manuela Carmena, permitiendo nuevamente el montaje sin asunción expresa de responsabilidad por la empresa organizadora del torneo de tenis, Madrid Trophy Promotion (MTP), "implicaría una responsabilidad directa" por parte del alto cargo responsable "de los daños producidos para la empresa pública". La gran mayoría de esta oleada de despidos improcedentes, como el de la anterior gerente de Madrid Destino, Ana Varela, se saldaron con un acuerdo de conciliación, reconociendo por tanto los daños y perjuicios de los que se daba cuenta en las demandas.

En el caso de Varela la indemnización ascendió a 31.000 euros. Entonces, desde el grupo municipal del PP se puso en duda la legalidad de la indemnización porque "la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que no se tendrá derecho a indemnización alguna" cuando el despedido de un cargo como el que desempeñó la exgerente es un funcionario de carrera. Por este motivo, desde el PP se exigió reincorporar al erario público la cantidad pagada.

La cuantía total entre despidos improcedentes o readmisiones de altos cargos de la anterior dirección de Madrid Destino se acercaría ya a los 300.000 euros, incluyendo el despido declarado improcedente por los juzgados de la exdirectora de Matadero, Carlota Álvarez-Basso, a quien se indemnizó con 34.585 euros. Una de las indemnizaciones más elevadas fue la consignada a la directora de Relaciones Empresariales e Innovación Social, Julia López, que ascendió a 52.559 euros. Varela tuvo que ser reincorporada por Madrid Destino pero tras ello se acordó la extinción de la relación laboral al haber desaparecido el puesto que desempeñaba o alguno similar. A estas cantidades hay que sumar, al menos, otras dos conciliaciones con trabajadores despedidos en los últimos meses por valor de unos 40.000 euros, además del caso de los 121.000 que se embolsó el trabajador que estaba a las puertas de su jubilación.

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La demanda de la exgerente de Madrid Destino, tras la que se llegó a un acuerdo de conciliación, señalaba directamente a Luis Cueto como responsable del cese, asegurando que "tiene como causa la represalia y sanción por haber ejercitado acciones legales de denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o de presentar relevancia penal. Y de los cuales he tenido conocimiento por el desempeño de mis funciones como gerente de la empresa". Fue la primera de una larga lista de demandas por despidos improcedentes, conciliaciones o readmisiones, que han supuesto un alto coste para las arcas públicas. Ahora se le añaden dudosos despidos pactados antes de la jubilación de los trabajadores, como el que ha supuesto un dispendio de 121.000 euros para Madrid Destino.