un juzgado dirimirá si el proceso fue legal

Así 'legalizó' Fuenlabrada el empleo público de la mujer del alcalde socialista

La pareja del regidor ya es funcionaria desde marzo de 2017. El sindicato CSIF denuncia que su nombramiento es irregular porque no cumplía los requisitos que exige la ley

Foto: María José Sánchez Martín, en uno de los cursos del CIFE.
María José Sánchez Martín, en uno de los cursos del CIFE.

El 17 de marzo de 2017, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) formalizaba el nombramiento como funcionarios de carrera de 20 trabajadores del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) del Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE. Concluía así un proceso de funcionarización que llevaba años tramitándose en el consistorio. Uno de los nombres de la lista es María José Sánchez Martín, "técnico medio" del CIFE con un salario bruto anual de 51.567 euros y la actual pareja del regidor de la localidad, Francisco Javier Ayala Ortega. El juzgado de lo contencioso administrativo número 13 de Madrid dirimirá a mediados de octubre si el nombramiento de María José Sánchez y de sus 19 compañeros se ajusta a derecho tras la demanda interpuesta por el sindicato CSIF, que habla de proceso "viciado". Para el consistorio, en cambio, "está claro que el proceso se hizo conforme a la ley y no existen irregularidades".

CSIF ya llevó estos y otros nombramientos a la Fiscalía Anticorrupción, que acabó archivando el caso porque no vio indicios de delito. "El enchufismo no lo es. Habló de que en todo caso habría una falta administrativa si el proceso era irregular. Por eso hemos tenido que ir a la vía contencioso administrativa. Y nosotros estamos convencidos de que es irregular", explican desde CSIF. ¿Por qué? "El proceso de funcionarización por promoción interna está viciado desde el principio, a este proceso solo podría haber accedido personal laboral fijo del CIFE y que hubiera accedido al puesto por una oposición, algo que no ha sucedido aquí", señalan en CSIF.

Javier Ayala, alcalde socialista de Fuenlabrada.
Javier Ayala, alcalde socialista de Fuenlabrada.

Todo el personal que ha funcionarizado el ayuntamiento "accedió en su día al puesto por contratos laborales a dedo. Estos empleos tendrían que haber sido ofertados mediante oposición libre, y que cualquier ciudadano hubiera tenido el derecho de presentarse. Ahora, al proceso de funcionarización, solo se han podido presentar aquellas personas que ya ocupaban esos puestos y que habían accedido a los mismos a dedo. De esta forma, cualquier político contrata a un familiar o amigo en una empresa pública o fundación, después se decide políticamente que esta fundación pase a ser organismo autónomo, sus trabajadores pasan a formar parte de dicho organismo y luego se les hace funcionarios. Mientras que cualquier ciudadano ha de pasar por una oposición libre y competir con el resto de opositores para acceder al puesto, aquí no ha pasado esto", concluyen en CSIF.

El CIFE funciona como agencia de desarrollo local para facilitar el acceso al empleo y fomentar la cultura emprendedora en el municipio, aunque la oposición y algunos sindicatos llevan años denunciando que ha servido, también, para enchufar a familiares y amigos del único partido que ha gobernado la localidad en democracia, el PSOE. Lo que nació como fundación privada en 1994 se convirtió con el paso del tiempo en organismo autónomo. María José Sánchez Martín fue contratada en el CIFE el 1 de diciembre de 1999, cuando Ayala aún no había accedido a sus primeros cargos públicos. No fue concejal de Obras hasta 2002. Desde entonces, ocupa responsabilidades en el ayuntamiento, llegando a la alcaldía en febrero de 2018 sustituyendo a Manuel Robles. Ayala era la mano derecha de Robles cuando se tramitó todo este proceso.

Las instalaciones del CIFE.
Las instalaciones del CIFE.

El recurso interpuesto en el juzgado contra la resolución de marzo de 2017 que nombra funcionarios de carrera a los empleados del CIFE se argumenta en que estos 20 trabajadores "no tenían la condición de personal laboral fijo a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público. Tampoco ejercían funciones de funcionario, pues cabe destacar que muchos de estos empleados provienen de la fundación, que no era ni siquiera organismo autónomo, y otros fueron contratados de forma temporal después de la entrada en vigor del estatuto".

Además, "el personal que ha sido nombrado funcionario es personal laboral temporal, no ha sido siquiera nombrado personal indefinido por sentencia judicial". La demanda concluye que "la corporación municipal ha utilizado fraudulentamente las contrataciones temporales llevándolos a declarar como trabajadores fijos cuando en último caso serían laborales indefinidos en caso de que un tribunal de justicia los declarara como tal". Además, "los procesos de funcionarización al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público no han sido configurados para personal laboral indefinido sino para personal laboral fijo". El sindicato concluye que "los trabajadores nombrados funcionarios no han sido contratados cumpliendo las garantías legales, no son trabajadores fijos y no pueden formar parte de un proceso de promoción interna horizontal".

Manuel Robles, exalcalde de Fuenlabrada y predecesor de Javier Ayala. (EFE)
Manuel Robles, exalcalde de Fuenlabrada y predecesor de Javier Ayala. (EFE)

La demanda inicial no pudo incluir el currículo laboral de María José Sánchez, ya que CSIF tuvo dificultades a la hora de solicitar esta información. Entre los 20 trabajadores que fueron funcionarizados y a los que afecta la demanda, también están Juan Bernete García, pareja de la concejala socialista Carmen Bonilla Martínez, y varios responsables de la sección sindical de UGT en el ayuntamiento. María José Sánchez también es representante de UGT en el CIFE. Desde el ayuntamiento señalan por su parte que ya existe una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid, fechada el 29 de junio, que avala todo este proceso. "La fecha de la vista del juzgado 13 se retrasó hasta el 17 de octubre precisamente a la espera de esta sentencia del juzgado 22".

Esta primera sentencia dirimió otro recurso que puso CSIF contra las bases generales y la convocatoria para la provisión de plazas en el CIFE en 2013, "es decir, contra la arquitectura misma que sustentó el proceso. Al desestimar dicho recurso, el juzgado no hizo sino refrendar dicha arquitectura del proceso de funcionarización", señalan desde el ayuntamiento. Según un portavoz municipal, "esta sentencia acredita que en un proceso restringido como lo era el que nos ocupa, no se ha admitido real y efectivamente a ningún aspirante cuya antigüedad como personal laboral fijo hubiera sido de fecha posterior al citado 13 de mayo de 2007, fecha de entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), por lo que no se ha incumplido 'de facto' la disposición legal imperativa que imponía este requisito temporal".

"Al considerar acreditado que el ayuntamiento no admitió a ningún aspirante cuya antigüedad como personal laboral fijo hubiera sido posterior a la fecha de entrada en vigor del EBEP, la sentencia tumba el criterio de CISF, que dice que las personas que concurrieron al proceso no eran personal fijo", concluyen desde el consistorio. Desde CSIF matizan que el juez del 22 elevó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional porque "entendía que la disposición transitoria del EBEP que permitía al personal laboral fijo participar en los procesos selectivos de promoción interna podía ser contraria a los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública".

No ha sido el único nombramiento polémico. El ayuntamiento acaba de fichar como asesora a la hija del exalcalde Manuel Robles, predecesor de Javier Ayala y un hombre con mucho peso dentro del PSOE de Madrid, ya que sigue siendo presidente de los socialistas madrileños. El pasado 2 de julio, el BOCM también hizo pública la designación de Esther Robles Ortega "como asesora en materia de relaciones con personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género". Ha sido contratada, como cargo de confianza, apenas cinco meses después de que su padre dimitiera como alcalde. Su retribución es de 43.410,08 euros brutos al año.

Madrid

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