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La 'tasa Carmena' a los cajeros hace aguas: recauda un 41% menos de lo previsto
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437.000 euros frente a los 745.000 esperados

La 'tasa Carmena' a los cajeros hace aguas: recauda un 41% menos de lo previsto

Aprobada hace dos años, la tasa a los bancos por la ocupación de la vía pública no cumple con las expectativas. La mayoría de los cajeros a pie de calle están en el centro financiero

Foto: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. (EFE)

Los bancos pagan por tener sus cajeros en las calles de Madrid. Llevan haciéndolo desde 2016, cuando el Ayuntamiento de Madrid presidido por Manuela Carmena aprobó la Ordenanza Reguladora por el Uso de Cajeros Automáticos que obliga a las entidades a pagar por cada uno que tengan ubicado 'a pie de calle', es decir, de cara a la acera. El entonces concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, explicó que la justificación de esta tasa era por la ocupación de unos dos metros cuadrados de espacio público por parte del cliente. La teoría se puso en práctica el 1 de enero de 2017, fecha en la que las entidades empezaron a abonar la tasa anual correspondiente -de 26 a 750 euros en función de la zona- si querían mantener sus cajeros en las calles de la capital.

En total, el Ayuntamiento de Madrid ha recaudado en este año 437.000 euros, un 41% menos de los 745.000 euros anuales previstos por el consistorio, cifra que sí alcanzó en 2017 al estrenarse la ordenanza. Además, la información publicada en el portal de datos abiertos y analizada por El Confidencial contabiliza 1.348 cajeros en la vía pública, muy lejos de los 2.084 citados por el equipo local en la presentación de este nuevo impuesto.

El consistorio madrileño reconoce a este diario esta caída en la recaudación pero eleva la cifra a 468.288 euros, es decir, un 35% menos de lo que se preveía percibir. Preguntado sobre las razones de esta caída en la recaudación, el Ayuntamiento no ha aclarado las razones del descenso y si la nueva tasa ha provocado el cierre de cajeros.

Desde el Partido Popular madrileño, el concejal Pedro Corral reitera la misma posición del grupo municipal cuando se conoció la ordenanza: “Manuela Carmena fue la primera que se opuso a la tasa de cajeros en el año 2015 y ahora esa tasa forma parte del sablazo fiscal de su gobierno”.

Una tasa avalada por el Supremo

En 2006, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Palma de Mallorca contra la aplicación de la tasa, alegando que los cajeros eran de propiedad privada y por tanto usaban el suelo público "de forma general". Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó que sacar dinero exige "una parada física ante el cajero" y, por tanto, una ocupación de la vía pública. Teniendo en cuenta que son los cajeros y bancos los que se benefician del servicio, el Alto Tribunal acabó por dictar que, efectivamente, tienen que cargar con los costes, y no los clientes.

De hecho, tanto Bankia como Banco Santander han asegurado a este periódico que "continúan trabajando sin ninguna alteración en el trabajo sin afectar a los clientes". El banco madrileño añade que una tasa así "no es algo tan relevante como para afectar a la actividad del banco por sí sola" aunque, aclara, "todos estos tipos de tasa restan rentabilidad".

Desde el consistorio madrileño reproducen el mismo razonamiento que el Tribunal Supremo: que los cajeros usan la calle de la misma forma que una terraza, un puesto o un surtidor de la gasolina porque están obteniendo un beneficio. Por eso, para estimar la tasa, realizó un estudio del mercado del suelo de Madrid delimitando una superficie de dos metros cuadrados, área entendida como "la zona de privacidad que ninguna otra persona puede ocupar mientras el consumidor está utilizando el cajero".

La tasa de Madrid es una de las más baratas si se compara con las de las otras 18 ciudades que también la tienen en vigor, según publicó 'Europa Press'. Barcelona cobra hasta 855 euros por cada cajero al que se pueda acceder desde la acera, mientras que en Valencia, la misma ordenanza lleva activa desde 2013, con tasas de 787 a 669 euros. Incluso en pueblos más pequeños como el de Rute (Córdoba), de apenas 10.000 vecinos, los bancos están obligados a pagar por cajero entre 550 y 650 euros al año.

Cuanto más lejos del centro, menos cajeros

La calle de Alcalá es una de las arterias del mundo bancario. Si paseamos por sus más de 10 kilómetros de longitud encontraremos hasta 44 cajeros en plena calle (sin contar las oficinas con cajeros propios). El primero es de Bankia y está en plena Puerta del Sol. El último, de Kutxabank, en Canillejas entre un taller y una tienda de muebles de cocina.

El precio a pagar al año por cada cajero depende de la zona en la que esté situado. La ordenanza distingue nueve: de la primera a la quinta, más céntricas, los precios varían entre los 150 y los 740 euros; de la quinta a la novena, en la periferia, entre 100 y 26. Por esta razón y pese a contar con menos cajeros en la calle que Bankia, el Santander paga más (94.000 euros) debido a que un gran número de sus oficinas se concentra en torno al eje de la Castellana.

En cambio, la antigua caja madrileña es la entidad que más uniformemente se reparte: su brazo llega tanto a Salamanca o Chamberí como a Carabanchel, Villaverde, Vallecas o Usera. Por esta red de cajeros ha tenido que pagar casi 83.000 euros al ayuntamiento. Por su parte, BBVA y CaixaBank también siguen el modelo del Santander, con un buen número de sus oficinas en el centro financiero de la capital.

Esta dinámica -cuanto más lejos del centro, menos cajeros en la calle- se repite a lo largo de toda la capital, aunque los bancos paguen una tasa más baja por sus cajeros en la periferia. Las máquinas automáticas ubicadas dentro de la M-30 representan el 80% de los 437.000 euros recaudados por el ayuntamiento en 2018.

Esta concentración de cajeros en la calle en el centro de la ciudad se observa más claramente en términos relativos. Así, en el barrio de Sol hay 36 cajeros por cada 10.000 personas, mientras que en Recoletos y Castellana se sitúan en torno a los 20. Otras importantes zonas de comercio, como Goya o Justicia, también se encuentran en los puestos más altos de esta clasificación.

En el otro extremo están zonas como Orcasur, Zofio, Ensanche de Vallecas o Butarque que no consiguen tener un solo cajero en la calle para 10.000 personas pese a triplicar la población de Castellana o Recoletos. No obstante, los vecinos de estos barrios tienen a su disposición los cajeros internos de las oficinas, que en muchos casos abren las 24 horas y que no son objeto de la tasa aprobada hace dos años por Manuela Carmena.

La forma que tienen los bancos de recuperar lo abonado por estas tasas municipales es a través del cobro al cliente externo. La clásica comisión cuando se saca dinero en un banco que no es el nuestro, circunstancia muy frecuente en el centro dada la afluencia de turistas. Esa es la razón por la que las entidades apuestan por tener más cajeros en el centro madrileño, según Antonio Gallardo, analista de iAhorro.

Es más fácil cobrar una comisión en el centro que en una zona periférica, donde el cliente ya conoce su banco y sabe a donde ir"

“En el centro crece la necesidad de sacar dinero y el movimiento en esas zonas garantiza el cobro de las comisiones”, explica el experto. Y resume: “Cuando te desplazas al centro de una ciudad que no es la tuya, acabas buscando un cajero de forma urgente. Es más fácil cobrar una comisión ahí que en una zona periférica, donde el cliente ya conoce su banco y sabe a donde ir”.

Los bancos pagan por tener sus cajeros en las calles de Madrid. Llevan haciéndolo desde 2016, cuando el Ayuntamiento de Madrid presidido por Manuela Carmena aprobó la Ordenanza Reguladora por el Uso de Cajeros Automáticos que obliga a las entidades a pagar por cada uno que tengan ubicado 'a pie de calle', es decir, de cara a la acera. El entonces concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, explicó que la justificación de esta tasa era por la ocupación de unos dos metros cuadrados de espacio público por parte del cliente. La teoría se puso en práctica el 1 de enero de 2017, fecha en la que las entidades empezaron a abonar la tasa anual correspondiente -de 26 a 750 euros en función de la zona- si querían mantener sus cajeros en las calles de la capital.

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