La 'ruina' del lobo en Madrid: la justicia sube el pago por víctima de 120€... a 22.000

Los tribunales madrileños han abierto todo un roto en las arcas públicas del Gobierno regional. Dos recientes sentencias, las primeras que se dictan en este sentido, han elevado cuantiosamente las indemnizaciones que paga el Ejecutivo autonómico a los ganaderos de la región cuyos animales sufren el ataque de un lobo. Es el caso por ejemplo de dos hermanos del municipio de Paredes de Buitrago, en la sierra norte, que acudieron a la justicia al considerar que esta ayuda no sufragaba el coste que supone la pérdida de un animal. Ambos perdieron una oveja. La Comunidad paga 120 euros si el ovino tiene entre seis meses y siete años. Dos juzgados han considerado en cambio que la Administración debe compensarles con 24.703 euros y 21.555 euros respectivamente, entre 180 y 200 veces más.

El asunto no es baladí y el descosido económico para la Comunidad puede ser importante. "La orden autonómica que regula las ayudas pone unos topes que son irreales. Los ataques de los lobos generan unos costes a los ganaderos mucho más altos que los que fija la Administración. Los tribunales se han dado cuenta de ello", explica Alfredo Berrocal, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid (Ugama). La orden que regula esas ayudas establece las siguientes compensaciones: entre 30 y 220 euros para ovejas y cabras (en función de la edad del animal), entre 450 y 1.200 euros para bovinos, y entre 250 y 500 euros para equinos. En el caso de razas autóctonas en peligro de extinción, todos los importes se incrementan un 10%. No solo están incluidos los ataques de lobo, también los sufridos por perros asilvestrados (ya que son muy difíciles de diferenciar de los del lobo) y las agresiones de buitres.

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Lo que está claro es que el lobo ha venido para quedarse en Madrid. En el primer semestre del año ya se han producido 116 ataques que afectaron a 195 vacas, 80 ovejas y cabras y dos caballos según datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente. 2017 cerró con 353 ataques que afectaron a 265 vacas, 279 ovejas y cabras y diez caballos. Las cifras han ido creciendo desde el año 2012, cuando detectaron las primeras manadas reproductoras en la sierra de Guadarrama llegadas desde Segovia. Ese año se produjeron 18 ataques, la cifra bajó a 15 en 2013, subió a 54 en 2014, se disparó a 91 en 2015 y llegó a los 251 en 2016. En total, 898 ataques desde que hay estadísticas.

Los ataques se han consolidado, y los nuevos baremos que fijan estas pioneras sentencias van a disparar las partidas reservadas por la Comunidad de Madrid para resarcir a los ganaderos. Por ejemplo, en 2012 solo se abonaron 6.650 euros. En 2016 la cifra había subido a 60.000 euros, que volvió a incrementarse a 170.000 euros en 2017. Para este año se ha presupuestado 250.000 euros. Si ahora hubiera que pagar una media de 20.000 euros (lo que dictan las dos sentencias) por los 277 animales que ya han sido atacados en el primer semestre de 2018 las subvenciones se irían a los 5,5 millones de euros.

Desde la consejería señalan que "cada caso es distinto y no se puede generalizar. Estas sentencias responden a dos casos particulares y la Comunidad dará cumplimiento de las mismas, como lo ha hecho siempre, acatando las sentencias judiciales. En cualquier caso, el Ejecutivo ha provisto fondos de compensación para paliar económicamente la pérdida de ganado por estos ataques de lobos, porque el lobo es una especie que la Directiva Europea Hábitats cataloga como 'estrictamente protegida', es decir, esta figura le otorga el mayor rango y grado de protección posible". El Gobierno regional quiere que convivan la ganadería y el depredador.

Para Ugama las ayudas previstas son irrisorias, "además de que se cobran muy tarde y los trámites son complicados. No se perciben desde septiembre de 2017. Para los ganaderos madrileños la relación ya es conflictiva con el lobo, pero se está volviendo imposible con la Administración". La Comunidad no comparte estas críticas. "En 2017 se tramitaron y pagaron las ayudas por los ataques producidos entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. Ahora en 2018 se están tramitando las ayudas por los ataques producidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. Este año ya se han realizado dos comisiones de evaluación, una el 25 de abril y otra el 19 de julio. Las ayudas concedidas en esa primera comisión ya se están abonando a los ganaderos", explican desde la consejería, que recalca que intenta realizar esta gestión en el menor tiempo posible.

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Otras 15 sentencias

Estas dos sentencias son un varapalo para la Administración, pero Ugama recuerda que los ganaderos que quieran ver incrementadas las ayudas fijadas por la Comunidad deberán ir obligatoriamente a los juzgados. "Uno a uno, por cada ataque. Esto puede desmotivar a muchos. Pagar un abogado tiene sus costes. Además, muchos ganaderos no se atreven porque al fin y al cabo estamos en manos de la Administración, que es quien tramita las ayudas. La gente no quiere problemas para no sufrir retrasos malintencionados o inspecciones sospechosas en sus explotaciones". No obstante, algunos se han animado y se esperan otras 15 sentencias. Los ganaderos piden una reunión con la consejería para tratar el asunto y hablar sobre los baremos, "ya que la justicia está dejando claro que son insuficientes".

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Las sentencias dejan claro que la Administración no solo debe indemnizar por el lucro cesante por la muerte del animal (los baremos fijados por la Administración), sino también por lo que define como daño emergente y costes asociados. Para fijar estos los ganaderos presentaron ante el juez un informe pericial elaborado por un ingeniero de montes en el que se contabilizan los gastos que se asumen cuando se pierde un animal, tales como el combustible, teléfono, amortización del vehículo dedicado al ganado, etc, además del daño moral.

Desde la Comunidad recuerdan que la caza del lobo está prohibida, de forma que cazarlo o envenenarlo puede acarrear graves consecuencias económicas e incluso penales. "El Gobierno regional está abordando un ambicioso proyecto, con la colaboración de expertos en la materia, que permita contar con un estudio definitivo y fiable de la situación actual del lobo en la región. Igualmente se trabaja en métodos de prevención conjunta con los ganaderos como son la mejora de cercados, adiestramiento y presencia de mastines, o sistemas sonoros de aviso. Aun así, debido al tipo de ganadería extensiva que hay en la región, los ataques son inevitables en muchos casos".

Desde 2016 la Comunidad incluye como novedad en sus ayudas que "en el caso de animales heridos que no resulten muertos, y que ocasionan igualmente una pérdida económica para el ganadero, se podrá conceder subvención por los gastos veterinarios ocasionados, siempre que no superen el importe máximo establecido por lucro cesante y daños indirectos", es decir, siempre que no superen las cuantías mencionadas anteriormente. El Gobierno regional no establece como obligatorio que el ganadero cuente con un seguro para cubrir el riesgo, como sí ocurre en otras Comunidades autónomas.

Municipios donde se produjeron ataques

La Acebeda, Alameda del Valle, Aoslos, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago de Lozoya, Canencia, Cercedilla, Colmenar Viejo, Colmenarejo,  Garganta de los Montes, Gargantilla de Guadalix de la Sierra, Gascones, Horcajo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Hoyo de Manzanares, Lozoya del Valle, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navarredonda-San Mames, Paredes de Buitrago, Piñuecar, Pradena del Rincon, Pinilla de Buitrago, Puentes Viejas Robledondo, Santa Maria de la Alameda, San Lorenzo del Escorial, Somosierra, Valdemorillo, Villavieja de Lozoya, Oteruelo del Valle, Robledillo de la Jara, Serrada, Moralzarzal, La Serna y Fresnedillas de la Oliva.