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Ya hay pleno en el tablero madrileño: PP, Cs, PSOE y Podemos tienen alcaldes imputados
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Ya hay pleno en el tablero madrileño: PP, Cs, PSOE y Podemos tienen alcaldes imputados

Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Madrid tienen a día de hoy regidores salpicados en los juzgados: corrupción, interpretaciones administrativas e incluso abusos de poder

Foto: De izquierda a derecha: Carlos Ruipérez (Cs), Borja Gutiérrez (PP), Catalina Rodríguez (San Fernando sí Puede) y Ángel Viveros.
De izquierda a derecha: Carlos Ruipérez (Cs), Borja Gutiérrez (PP), Catalina Rodríguez (San Fernando sí Puede) y Ángel Viveros.

Ya hay pleno en el tablero político madrileño. La detención de Carlos Ruipérez Alonso, alcalde del municipio de Arroyomolinos por Ciudadanos en el marco de la operación Enredadera (el amaño de contratos relacionados con la gestión del tráfico), ha completado el círculo. Actualmente los cuatro principales grupos políticos en la comunidad de Madrid, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tienen alcaldes imputados en procesos judiciales. Incluso también hay regidores de partidos independientes con problemas en los tribunales. Ningún partido ha expulsado de momento a los ediles implicados, no todos relacionados con casos de corrupción.

En el caso de Ciudadanos, la formación naranja controla tres alcaldías en la región, tras perder Valdemoro en una moción de censura. La detención de Ruipérez pilló de sorpresa al partido, que en Madrid se ha mostrado muy crítico y duro con los múltiples casos que han salpicado al PP de Madrid. La formación que lidera en Madrid Ignacio Aguado es la que más rápido ha reaccionado, pidiendo a Ruipérez que renuncie a la alcaldía. El partido ya le ha notificado la expulsión, un proceso que dura diez días. Si decide seguir como regidor (lo hará como no adscrito con el apoyo de otros partidos). De momento no ha tomado ninguna decisión, después de que este jueves sufriera problemas de corazón y tuviera que ser hospitalizado en el Clínico de Madrid.

placeholder Agentes de la UDEF de la Policía Nacional en los registros que se han producido en varios ayuntamientos madrileños tras la operación Enredadera. (EFE)
Agentes de la UDEF de la Policía Nacional en los registros que se han producido en varios ayuntamientos madrileños tras la operación Enredadera. (EFE)

En Arroyomolinos la Policía Nacional se ha llevado seis expedientes relacionados con contratos de la gestión del tráfico en el municipio y ha pedido toda la documentación que haya sobre adjudicaciones con otras trece empresas. También está investigado el primer teniente de alcalde, el edil Juan José González Arroyo, de Ciudadanos. Pero en Madrid quien se lleva de momento la palma en cuanto a regidores imputados es el PP. Uno de ellos es Borja Gutiérrez Iglesias, en Brunete. Es uno de los últimos imputados dentro del caso Púnica en la pieza de Cofely, que investiga los contratos de eficiencia energética en varios municipios de Madrid.

Aunque el PP de Madrid aprobó en marzo de 2016 un código ético, este solo obliga a miembros de la dirección del partido, diputados autonómicos, presidentes y secretarios generales en distritos de la capital y pueblos de la región. Pero no obliga a cargos públicos municipales, por lo que Gutiérrez se mantiene en la alcaldía. De hecho, durante la campaña ha mostrado su apoyo a Pablo Casado. La Guardia Civil le acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a Cofely. A cambio, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

Foto: Efectivos de la Policía Nacional acompañados por perros especializados en detectar dinero, durante los registros efectuados esta mañana en la empresa Gespol, una filial de Sacyr.

El de Brunete no es el único alcalde del PP investigado. El juzgado número 1 de Valdemoro, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, mantiene como imputado al regidor de Torrejón de la Calzada, Eusebio García, al que el ministerio público acusa de prevaricación urbanística por consentir durante años los trabajos ilegales del propietario de Desguaces la Torre, el empresario Luis Miguel Rodríguez García-Rivera. En Hoyo de Manzanares, el alcalde José Ramón Regueiras también tiene problemas con la justicia por partida doble.

Regueiras ya está procesado en el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid. La Fiscalía pide dos años de prisión. El regidor está acusado de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas porque se convirtió en alcalde gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica. En otro juzgado, en otra causa distinta pero vinculada a la primera, se investiga si el alcalde cometió los delitos de prevaricación y contra la integridad moral por perseguir laboralmente al ex secretario municipal que precisamente le avisó de que la moción de censura que le aupó como alcalde no era legal. Tanto el de Torrejón de la Calzada como el de Hoyo siguen en el cargo.

placeholder El alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras García. (EFE)
El alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras García. (EFE)

En la acera de enfrente, en el PSOE, también hay problemas judiciales. En este caso el señalado es el alcalde de Coslada, Ángel Viveros. Es una historia antigua, pero que este año ha salpicado de lleno al regidor. El juzgado de instrucción número 3 de Coslada mantiene imputados desde febrero a todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que en el año 2010 aprobaron la licencia para que unos grandes almacenes comenzaran las obras en una parcela de 30.000 metros que han podido dañar un yacimiento del neolítico. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señalan que el caso sigue en instrucción.

Entre los imputados se encuentran el que hoy es alcalde, Viveros, y tres concejales de su equipo de gobierno, Iván López Marina (Deportes); María Teresa González Ausín, (Servicios Sociales, Mayores e Igualdad) y María del Rosario Arroyo Lázaro, (Urbanismo, Vivienda y Obras). En total hay diez personas investigadas. En este caso no es un tema de corrupción, sino de tramitación urbanística. El PSOE también tiene un código ético que pone en listón de la dimisión en la apertura de juicio oral "por un procedimiento penal" en casos ligados "a la corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". No es el caso y desde el PSOE están tranquilos y seguros del archivo del procedimiento.

Foto: El alcalde Eusebio García, a la izquierda, y el empresario Luis Miguel Rodríguez.

Podemos tampoco se libra de actuaciones judiciales. El juzgado de primera instancia número 1 y de instrucción número 4 de Coslada ha procesado a la alcaldesa de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez Morcillo, de la formación San Fernando Sí se Puede, impulsada por Podemos, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de prevaricación y un último de infidelidad en la custodia de documentos. No es tampoco un caso vinculado directamente con la corrupción. El juez abrió la causa tras una querella interpuesta por Izquierda Unida, que denunció que la regidora había entregado documentos confidenciales del consistorio a un militante de la formación que no ostenta ningún cargo en el Ayuntamiento.

La regidora acaba de perder las primarias internas para ser secretaria general de Podemos en el municipio, avalada por el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón. Catalina Rodríguez perdió frente a José Luis Sánchez, el aspirante apoyado por el secretario general en Madrid, Ramón Espinar. Podemos también tiene un código ético, que incluye el compromiso a la renuncia del cargo público "en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos". Sigue en el puesto.

placeholder Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Madrid tienen actualmente alcaldes imputados por unas causas u otras.
Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Madrid tienen actualmente alcaldes imputados por unas causas u otras.

Lo cierto es que los partidos no están siendo muy contundentes a la hora de actuar contra sus alcaldes imputados. El acta de regidor (y el de concejal) es personal y si el que ostenta el cargo en cuestión no se quiere ir no se le puede quitar, como mucho expulsarle del partido, como ha amenazado Ciudadanos con el de Arroyomolinos. En el caso del PP los argumentos se excusan en un código ético a medias, que se aplica a cargos del partido y autonómicos, pero no a municipales. Otros, como PSOE y Podemos, señalan que sus casos no tienen nada que ver con la corrupción, sino con decisiones administrativas y sus interpretaciones legales en un cargo, el de alcalde, que muchas veces conlleva este tipo de problemas y otras veces acarrea denuncias motivadas por la venganza de otros grupos políticos.

En la balanza de la justicia también están las formaciones independientes. Algunas de ellas controlan pequeños municipios de la comunidad. En Valdemorillo, por ejemplo, que tiene poco más de 12.000 habitantes, también está investigada la alcaldesa, Gema González. El Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial la investiga desde abril, al igual que al concejal de Hacienda, Luis Entero Acedos; y al secretario del Ayuntamiento, Gustavo Benito de Ribagorda, acusados de falsear un documento público para excluir una supuesta deuda que tenía el edil de Hacienda con el Consistorio. La regidora pertenece a Progresistas de Valdemorillo (PVM) y fue denunciada por otros cuatro ediles, de Sí se Puede Valdemorillo e IU, que al principio de la legislatura formaron un gobierno de coalición con el partido de la alcaldesa que se rompió en abril de 2017.

Ya hay pleno en el tablero político madrileño. La detención de Carlos Ruipérez Alonso, alcalde del municipio de Arroyomolinos por Ciudadanos en el marco de la operación Enredadera (el amaño de contratos relacionados con la gestión del tráfico), ha completado el círculo. Actualmente los cuatro principales grupos políticos en la comunidad de Madrid, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tienen alcaldes imputados en procesos judiciales. Incluso también hay regidores de partidos independientes con problemas en los tribunales. Ningún partido ha expulsado de momento a los ediles implicados, no todos relacionados con casos de corrupción.

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