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González y Cifuentes soltaron 190 millones en intereses por pagar tarde las facturas
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González y Cifuentes soltaron 190 millones en intereses por pagar tarde las facturas

El 43% de esos intereses, 83 millones, son por abonar con retraso las facturas de los proveedores de 27 hospitales públicos de la región. Los intereses se aplican si pasan 30 días

Foto: Ignacio González y Cristina Cifuentes. (EFE)
Ignacio González y Cristina Cifuentes. (EFE)

El Gobierno madrileño ha tenido que rascarse el bolsillo por pagar fuera de plazo facturas y demorar el abono de sentencias judiciales condenatorias. Entre los ejercicios 2013 y 2017 (ambos inclusive) la Comunidad de Madrid sumó a su partida de gastos 189.248.720 euros extra en intereses de demora. Cinco años en los que el Ejecutivo autonómico estuvo presidido primero por Ignacio González y después por Cristina Cifuentes. El 43% de esos intereses, 83 millones de euros, aparecen en el capítulo sanitario, concretamente por atender con bastante retraso las facturas de los proveedores de 27 hospitales públicos de la región.

Los datos, oficiales, han sido facilitados por la Comunidad de Madrid tras varias peticiones de información hechas por el grupo parlamentario de Ciudadanos, que quería analizar con rigurosidad cómo ha estado cumpliendo estos años el Ejecutivo autonómico con sus proveedores. "Estas cifras demuestran que el gobierno del PP es un nefasto gestor. Su despilfarro lo están pagando los madrileños. Con 189 millones de euros sería posible que las familias madrileñas disfrutasen durante cuatro años y medio de nuestra Ley de Gratuidad de Libros de Texto, una medida aprobada por la Asamblea que el Gobierno ha renunciado a poner en marcha de forma integral. También se podrían haber construido 48 colegios o 54 centros de salud", señala el diputado naranja César Zafra.

Foto: Acto de inauguración del Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda.

Las administraciones públicas tienen un plazo legal de 30 días naturales para pagar a sus proveedores. Pasado ese tiempo, las empresas tienen derecho a exigir intereses de demora. En diciembre de 2017, un Real Decreto cambió la metodología para calcular esos 30 días. Antes empezaban a contar desde la entrada de la factura en el registro administrativo o sistema equivalente. Pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de junio de 2017, con el objetivo de adaptarse a la normativa europea, decidió que los 30 días debían contabilizarse desde la aprobación o conformación de las facturas, no desde el registro de las mismas. Un cambio que se oficializó en el Real Decreto de diciembre. El periodo analizado por Ciudadanos (2013-2017), no obstante, incluye el anterior sistema.

La Consejería de Sanidad se lleva casi la mitad del gasto en intereses. Obviamente los grandes hospitales de la región son los principales morosos a la hora de pagar a sus proveedores. Su volumen de contratación es ingente. La Paz, por ejemplo, ha tenido que desembolsar en cinco años 12,8 millones solo en intereses por abonar fuera de plazo. Le siguen el Clínico San Carlos (10,8 millones), el Doce de Octubre (10,7 millones), el Puerta de Hierro (10 millones) y el Ramón y Cajal (7,8 millones). Los datos revelan no obstante una tendencia. La gran mayoría de los hospitales consiguió en 2017 reducir la cuantía de los intereses a pagar. Una reducción que se prevé será mayor este ejercicio 2018 porque desde hace meses el Servicio Madrileño de Salud paga ya por debajo de los 30 días y por tanto no tiene la penalización de los intereses.

placeholder Uno de los edificios del hospital madrileño de La Paz. (EFE)
Uno de los edificios del hospital madrileño de La Paz. (EFE)

Actualmente, la Comunidad de Madrid está pagando de media a 20,96 días a sus proveedores, según datos de mayo de 2018, aunque el Sermas (que gestiona los hospitales) lo está haciendo con solo una demora de 13 días. En el caso de las fundaciones biomédicas los pagos tardan más. La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Paz, por ejemplo, está pagando a 113 días.

Podemos también ha preguntado en sede parlamentaria por los intereses, aunque solo en el ámbito sanitario. "En los peores años de recortes en la Sanidad madrileña, los gobiernos del PP pagaron intereses de demora indecentes fruto de la incompetencia, mala gestión y cultura del despilfarro que han impuesto en nuestra comunidad. Tengo la duda de si en el entramado de corrupción que ha rodeado a la contratación pública en Madrid, estos intereses de demora no forman parte de otra forma de pago de sobrecostes a las empresas", señala la diputada Mónica García, que recuerda que con esos 189 millones se podría haber "pagado todas las inversiones en infraestructuras que se han dejado de hacer y que hoy causan caídas de techos, inundaciones... en los hospitales, recuperar casi 1.000 profesionales sanitarios al año y pagar la carrera profesional".

Foto: Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid: su Gobierno es 'líder' en contatación menor.

Después de Sanidad, la partida de medio ambiente es la que más intereses de demora suma: 72 millones de euros. Y es que los intereses no solo proceden del abono fuera de plazo de las facturas. También de no pagar las sentencias judiciales condenatorias en primera instancia y esperar hasta que son firmes. Si la Comunidad pierde, se suman los intereses. El Gobierno autonómico recibe un alto número de demandas, que en 2017 superaba las 60.000. Reclamaciones de empresas adjudicatarias, justiprecios recurridos en expropiaciones de terrenos, incumplimientos en convenios urbanísticos, proyectos fallidos en el capítulo de infraestructuras, pleitos laborales con funcionarios, negligencias médicas... la lista es larga.

Tanto que en 2015 la Comunidad tuvo que pagar 164,6 millones en sentencias judiciales firmes que la condenaban. La cifra subió a 400 millones de euros en 2016. Por ello, la Comunidad decidió reforzar el año pasado la Abogacía General con 13 nuevos letrados ante la ingente labor jurídica que acumula. En el capítulo de medio ambiente la mayoría de los intereses proceden de las sentencias perdidas por la Comunidad. Por ejemplo, la extinta empresa pública Arpegio (ahora Obras de Madrid), dependiente de Medio Ambiente, acaba de ser condenada a pagar 15,2 millones de euros al grupo Agrolimen, propiedad de la familia Carulla, tras perder un litigio por unos terrenos en Arganda del Rey. A esa condena hay que sumar los intereses devengados desde la interposición de la demanda (mayo de 2016): otros 1.022.459 euros.

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En la imagen Ignacio Aguado (i), y el diputado de cs, César Zafra (d). (EFE)

La cartera de Transportes y Vivienda ha pagado 17.447.178 euros en intereses de demora, la mayoría por pagar tarde a las empresas adjudicatarias que han llevado a cabo obras de mejora en las carreteras madrileñas. La consejería de Educación ha abonado 9,9 millones; y la de Justicia y Presidencia, 3,7 millones de euros. Por último, Turismo, Cultura y Deportes ha pagado tres millones de euros por pagar también tarde las facturas de muchas obras, como las que se hicieron en la ermita madrileña de Virgen del Puerto, en la cubierta de la iglesia de Guadalix de la Sierra, en el palacio de Nuevo Baztán, en la muralla de Buitrago del Lozoya, en el convento de las Comendadoras o en la iglesia de San Bernabé.

El Gobierno madrileño ha tenido que rascarse el bolsillo por pagar fuera de plazo facturas y demorar el abono de sentencias judiciales condenatorias. Entre los ejercicios 2013 y 2017 (ambos inclusive) la Comunidad de Madrid sumó a su partida de gastos 189.248.720 euros extra en intereses de demora. Cinco años en los que el Ejecutivo autonómico estuvo presidido primero por Ignacio González y después por Cristina Cifuentes. El 43% de esos intereses, 83 millones de euros, aparecen en el capítulo sanitario, concretamente por atender con bastante retraso las facturas de los proveedores de 27 hospitales públicos de la región.

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