Carmena ordena el 'cierre' de 70 pisos turísticos y tiene 400 en el punto de mira

El Ayuntamiento de Madrid continúa actuando contra las unidades de alojamiento turístico que poco a poco le han ido comiendo el terreno a la vivienda permanente en la ciudad. Frenar el creciente fenómeno de la 'turistificación', la expulsión de los vecinos de sus barrios y las salvajes subidas en los alquileres se han convertido en las grandes prioridades para el gobierno municipal en esta legislatura, en mitad del 'boom' de los pisos turísticos y en un reclamo permanente por que al fin llegue una regulación a medida. Desde que la Agencia de Actividades —organismo autónomo dependiente de la concejalía de Urbanismo que dirige José Manuel Calvo— iniciara inspecciones en este tipo de alojamientos ante las denuncias de los vecindarios, el consistorio tiene a día de hoy (datos actualizados en junio) 467 apartamentos de uso turístico en el punto de mira.

En concreto, según las cifras a las que ha accedido este diario, ya hay 70 sobre los que se ha dictado el cese de la actividad al constatar que son irregulares. Además, en 174 de los pisos y viviendas turísticas el consistorio ha logrado identificar el ejercicio de esta actividad sin licencia, otorgando el preceptivo trámite de audiencia, que es previo al cese de la actividad. Se trata de un importante incremento con respecto a los últimos datos de marzo. Los expedientes que afectan a los 239 alojamientos restantes se encuentran a la espera que que la Comunidad de Madrid facilite al Ayuntamiento la información complementaria necesaria para verificar el ejercicio de sus actividades respectivas.

La inmensa mayoría de estos pisos se encuentran en la zona Centro (sobre todo en Sol y el barrio de las Letras): 339 unidades de alojamiento turístico la convierten en el punto caliente de la ciudad. En segundo lugar se encuentra el distrito de Moncloa-Aravaca, en el que se ha abierto expediente disciplinario a 56 viviendas de uso turístico, seguido de Chamberí y Salamanca con 37 y 10 respectivamente. En quinto lugar aparece Tetuán con cinco alojamientos de este uso expedientados, y por detrás se encuentran Latina y Arganzuela con cuatro. En Retiro y Fuencarral-El Pardo la Agencia de Actividades está tramitando tres expedientes en cada distrito; en Chamartín, dos; y en Hortaleza, San Blas-Canillejas, Usera y Villaverde, apenas uno en cada uno.

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Las trabas a la inspección

Pese a que las actuaciones contra el fenómeno 'turistificador' van 'in crescendo', el gobierno municipal reconoce que encuentra importantes dificultades para avanzar en las labores de inspección. En primer lugar, reclama una mayor cooperación al gobierno regional, asegurando que la dirección general de Turismo de la Comunidad "tarda en contestar" cuando se solicita información complementaria necesaria para constatar si las viviendas se encuentran debidamente inscritas o no y dar comienzo al proceso de inspección. Por otro lado, el consistorio que dirige Manuela Carmena recuerda que sus facultades en esta materia se limitan a comprobar que los actos en materia de edificación, uso del suelo y actividades se ajustan a la legalidad y al planeamiento urbanístico. Como los pisos turísticos quedan adscritos al uso terciario de hospedaje, necesitan una licencia. La cuestión es que, ante las denuncias recibidas sobre el uso turístico en viviendas de muchos barrios, el Ayuntamiento debe constatar los hechos denunciados para proceder con actuaciones disciplinarias o sancionadoras.

Dicho de otra forma: no puede actuar hasta que no esté probado que los propietarios de las viviendas ejercen una actividad turística en estos alojamientos sin la licencia pertinente. Y son los agentes actuantes —inspectores o agentes de la autoridad— los que deben apreciarlo 'in situ' para que tenga valor probatorio. Los dueños de los apartamentos deben permitir voluntariamente las inspecciones porque, de no hacerlo, es necesaria una orden judicial que permita entrar en ese domicilio (ya que así está considerado aunque sea de forma temporal). El Ayuntamiento concluye con que "es la pescadilla que se muerde la cola" y reconoce que esta situación ralentiza notablemente los trabajos de inspección.

Ante este escenario, el consistorio es partidario de que se habiliten otros medios que sirvan para confirmar el ejercicio de la actividad. Una posibilidad sería que se pudiera constatar a través de páginas web de oferta turística en las que muchos de estos apartamentos aparecen promocionados. Otra opción señalada desde el consistorio pasa por realizar sanciones cuando existan pruebas de que se ejerce la actividad por su inscripción en otro tipo de registros, por ejemplo, cuando están inscritos en el registro de la Comunidad en materia de Turismo. El consistorio recuerda que estas inscripciones se llevan a cabo cuando se presenta la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, de manera que, el titular de la vivienda está obligado a comunicar cualquier cambio de las condiciones contenidas en la declaración responsable inicial. En base a esta última vía, el consistorio insiste al gobierno regional en que comunique lo antes posible el estado del registro en la actualidad para poder agilizar los expedientes disciplinarios a quien corresponda.

Aunque la inspección en materia turística está en manos de la Comunidad según establece la ley 1/1999 de Ordenación del Turismo en esta región, el Ayuntamiento está actuando a través de la Agencia de Actividades dentro de su competencia urbanística. El último es el inicio de los trabajos necesarios para concretar una normativa en lo que será el plan definitivo contra los apartamentos de uso turístico, que está bautizado como Plan Especial del Uso Hospedaje y que afectará a los edificios residenciales de la ciudad. De momento, ha quedado suspendida de forma cautelar la concesión de licencias para este tipo de actividades en los ámbitos con mayores incidencias (incluidos los hoteles). Tal y como publicó este diario, el plan dividirá la ciudad en cuatro áreas con distintos tipos de restricciones para las viviendas turísticas. Además, recogerá un régimen sancionador para aquellos que no cumplan. El objetivo: evitar que se siga convirtiendo la vivienda residencial en uso terciario de hospedaje o, dicho de otra manera, según el equipo del edil José Manuel Calvo, "evitar que Madrid siga convirtiéndose en un parque temático".