el juzgado la acusa de "obrar de mala fe"

Madrid gana el pulso a la familia Carulla (diario 'Ara') y no tendrá que pagarles 72,5 M

El clan catalán, dueño también de la empresa Airina (Gallina Blanca), reclamaba ese dinero por la venta de unos terrenos. La Justicia da la razón a la comunidad, que solo deberá abonar 15 millones

Foto: Artur Carulla, presidente de Agrolimen (a la derecha), en una imagen de archivo con el exministro Luis de Guindos.
Artur Carulla, presidente de Agrolimen (a la derecha), en una imagen de archivo con el exministro Luis de Guindos.

La Comunidad de Madrid ha ganado el pulso que mantenía desde hace dos años con el grupo Agrolimen, propiedad de la familia Carulla (que también tiene el 26,8% del diario independentista 'Ara'). El juzgado de primera instancia número 84 de Madrid ha estimado parcialmente la demanda que la firma de alimentación Airina SL (integrada dentro de Agrolimen y que comercializa marcas como Gallina Blanca y Avecrem) interpuso contra el Gobierno regional, pero en su sentencia dictada el 1 de junio acepta los argumentos que en su defensa había expuesto el Ejecutivo autonómico. Es decir, que Madrid solo tendrá que pagar 15,2 millones de euros a la firma catalana, no los 72,5 millones que reclamaba Airina en los juzgados como compensación a un pelotazo fallido en el municipio madrileño de Arganda del Rey.

La Justicia ha dado así la razón a la Comunidad de Madrid, que había tasado los terrenos en 15,2 millones, los que finalmente tendrá que abonar. A esta cantidad hay que sumar los intereses devengados desde la interposición de la demanda (mayo de 2016): otros 1.022.459 euros. El objetivo del Gobierno regional es consignar cuanto antes el montante total en el juzgado para que no se sigan contabilizando nuevos intereses. Contra la sentencia cabe recurso.

Esta historia comienza en julio de 2005, cuando Airina, que tuvo en Arganda del Rey sus granjas avícolas, vendió a la empresa pública Arpegio (hoy bautizada como Obras de Madrid) 35 parcelas por 5,83 millones de euros (IVA incluido) y el "26% de la edificabilidad lucrativa neta total, obtenida como resultado del proceso de recalificación urbanística que afecte a la totalidad de las fincas transmitidas". El precio de esa edificabilidad se valoró en 20 millones de euros. Arpegio tenía siete años para desarrollar el ámbito y venderlo, algo que finalmente no se ha podido hacer por la crisis económica y los cambios que ha vivido el sector inmobiliario.

El plazo de entrega de las parcelas (que se llegaron a urbanizar) expiró a los siete años de la compra, en 2012. Empezó entonces una negociación entre Arpegio y Airina, en que se barajó la posibilidad de que la firma de alimentación recibiera nuevas parcelas en otras zonas de la comunidad por valor de 21 millones de euros. Un acuerdo que finalmente no se cerró porque Airina no aceptó. Así, en mayo de 2016, Airina presentó una demanda en los juzgados reclamando 62,9 millones, más 9,6 millones de intereses, un total de 72,54 millones en los que la empresa catalana tasó el valor de los derechos de edificabilidad. El ámbito, 246 hectáreas junto al kilómetro 32 de la A-3, fue bautizado como Unidad de Ejecución 141 Gallina Blanca.

Al fondo, los terrenos propiedad de Arpegio en Arganda del Rey.
Al fondo, los terrenos propiedad de Arpegio en Arganda del Rey.

Tras la demanda, Arpegio alegó que "la crisis económica sufrida por el país habría transformado en antieconómico el contrato suscrito por las partes, de forma que solo podía ser cumplido por la demandada a fuerza de incurrir en costes muy gravosos, habiéndose depreciado, en cambio, la contraprestación a recibir, de forma que sería imposible comercializar las parcelas finalistas". La empresa pública aportó su propia tasación de los terrenos, que fijó en 15,2 millones de euros el valor de los mismos en el momento de interposición de la demanda. Arpegio estaba incluso dispuesta a abonar una cantidad superior, 23,5 millones de euros más 4,3 millones en intereses. Airina, por su parte, siguió exigiendo los 72,5 millones.

La sentencia señala que "se ha producido un cumplimiento escrupuloso del contrato hasta que los efectos de la crisis hicieron evidente que se había producido una ruptura de la base económica del mismo". La titular del juzgado acusa a Airina de "obrar de mala fe", ya que un informe pericial encargado por la empresa catalana recoge "que no pudo realizar su peritaje basándose en el precio de transacciones de inmuebles equivalentes porque no se transmitió ni uno solo en la zona, por lo que hubo de comparar el precio de parcelas con naves ya construidas". La mejor prueba de que se había producido una "completa paralización del mercado".

"A partir de ahí, decir como lo hace la demandante que lo peor de la crisis ya había pasado y negar sus efectos es un ejercicio sin sentido, cuando es un hecho claro a partir de la prueba practicada que ni una sola parcela se vendió en esos años", prosigue la sentencia. "Ningún sentido tiene, pues, intentar sostener que el valor de los terrenos es el reclamado por la demandante. Y no solo porque su propio perito reconoce que no pudo utilizar el método más adecuado por falta de otras transacciones, sino por el hecho destacado de que no se ha tenido en cuenta el factor tiempo: si no hay transacciones de ese tipo, la simple tenencia de los terrenos supone un factor de coste y de iliquidez que no puede ser desconocido".

Finalmente, "no deja de ser extraño que las partes realizaran una estimación de la contraprestación no dineraria [el 26% de edificabilidad] en 20 millones de euros, estimación hecha en un momento de bonanza para el mercado, y que años después, bajo los efectos de la crisis, se tase el valor muy por encima de esta cantidad, más del triple, cuando la situación real ha empeorado considerablemente en relación a las expectativas hechas en el pasado". La sentencia concluye que queda acreditado "que la crisis ha hecho desaparecer la base económica del negocio" y considera más acertada la tasación aportada por Arpegio: 15.266.000 euros. Cantidad que la empresa pública madrileña tendrá que pagar a la firma de alimentación catalana.

El imperio investigado de los Carulla

La familia Carulla (seis hermanos) es una de las más ricas del país.  Agrolimen SA, el 'holding' de la saga catalana presidido por Artur Carulla, diversifica sus negocios entre la comida para animales, la inversión en capital riesgo, la alimentación y los medios de comunicación. Sus negocios más rentables son la venta de comida para animales a través de Affinity Petcare y GB Foods, propietaria de marcas como AvecremGallina Blanca  y  Yatekomo

Agrolimen es una de las 50 empresas catalanas investigadas por el Ministerio de Hacienda por su apoyo al proceso independentista en Cataluña. El Gobierno central envió el pasado 5 de marzo un escrito a la interventora general de la Generalitat para que le remitiera la documentación sobre todos los pagos realizados desde 2015 a medio centenar de empresas. Lo que quiere saber Hacienda es si la Generalitat realizó pagos a un total de 50 empresas y particulares a cambio de su apoyo al 'procés' soberanista.

Al margen de Agrolimen, la familia Carulla tiene a través de la Fundación Carulla el 26,8% del diario 'Ara', de marcada tendencia soberanista. En 2016, la familia tuvo que salir al rescate de la empresa editora, Edicions de Premsa Periódica Ara, concediendo al rotativo un préstamo de 500.000 euros.

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