La Complutense reserva a Cifuentes una plaza de nivel 24 con 43.000 € de sueldo

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha procedido a asignar la plaza que tenía en reserva en la institución a la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que realizará los cometidos oportunos que se le encarguen desde la gerencia del centro. En un comunicado, la universidad recalca que ha seguido el reglamento y procedimiento habitual marcado, como es su obligación, y que Cifuentes regresa a su puesto base, de nivel 24 dentro de la escala de la UCM, y con las retribuciones que le corresponden según los presupuestos, unos 43.000 euros al año.

El rectorado de la UCM explica que Cifuentes tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1, habiéndose encontrado durante su periodo como diputada electa de la Asamblea de Madrid en situación de servicios especiales, según lo previsto en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público y el capítulo III del Real Decreto 365/1995 ('Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles').

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Una vez que renunció a su acta de diputada, Cifuentes solicitó el pasado 9 de mayo su reingreso al servicio activo en la UCM acogiéndose a lo establecido en el artículo 9 del mencionado real decreto, procediendo la UCM a reconocerle tal situación, "según exige dicho artículo". "La UCM tiene la obligación de aplicar escrupulosamente la ley, como lo está haciendo, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos que, en este momento, como funcionaria le correspondan a la señora Cifuentes", recalca la Complutense.

Además, recuerda que el rectorado que dirige Carlos Andradas ha solicitado "de forma pública y reiterada la asunción de responsabilidades políticas" a Cifuentes como consecuencia de las irregularidades detectadas en el máster realizado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. "Una vez asumidas estas, corresponde a la Justicia decidir si existen responsabilidades penales, así como los términos en que estas pudieran sustanciarse y que la UCM acatará inmediatamente", expone la institución.

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"Mientras tanto, es obligación de la universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos nuestros funcionarios y trabajadores, respeto que pedimos también a todos los miembros de la comunidad universitaria, al tiempo que continuaremos trabajando y defendiendo el prestigio de la universidad pública frente a las sombras de sospecha que indiscriminadamente se vierten sobre ella y evitar cualquier uso interesado de la misma", concluye la Complutense.