Sin suelo, ni viviendas, ni ahorros: el drama de 65 familias atrapadas en Valdebebas

Paloma Jiménez tiene 57 años, dos hijas y dos perros. Vive de alquiler con su pareja y una de sus niñas en el barrio madrileño de Vallecas. La familia quiere mudarse al norte de la capital y hace un par de años ella vio en prensa el anuncio de una cooperativa que ofrecía pisos en la nueva zona de expansión, Valdebebas. Se apuntó y adelantó 30.500 euros para una vivienda de tres dormitorios. Hoy, ya sabe que la cooperativa nunca podrá construir en esos terrenos y ha tenido que contratar a una abogada para intentar recuperar los ahorros de toda una vida. Ella y su marido cobran dos pensiones por invalidez absoluta y se sienten "engañados, por no usar una palabra más dura", señala.

La historia de Paloma podría resumir la situación en la que se encuentran las 65 familias que componen la cooperativa Valdecam, gestionada por la empresa Esta Gestión 100 (propiedad del arquitecto Enrique Taboada Valdés). Sin suelo, sin viviendas y, de momento, sin ahorros. Y es que la cooperativa no puede construir en los terrenos que compraron, la parcela RES 06.166-17. En junio de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del plan especial que el Ayuntamiento de Madrid (entonces gobernado por el PP) había aprobado tres años antes para levantar 1.000 viviendas en una zona muy concreta de Valdebebas, 182.000 metros cuadrados bautizados como 'la pastilla comercial'.

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El Supremo ratificaba otra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en marzo de 2016, que ya había tirado por tierra las aspiraciones de la Junta de Compensación y del Ayuntamiento de la capital, que autorizaron 1.000 nuevas viviendas (900 de ellas protegidas) y un colegio privado junto a un gran centro comercial. Ni los pisos ni el centro educativo podrán construirse tras las dos sentencias judiciales. Hay tres promotores inmobiliarios atrapados, Pryconsa (que compró la mayor parte del suelo por 56,7 millones de euros), Premier España y la cooperativa Valdecam, que pagó 6,4 millones para poder construir 65 viviendas.

Un portavoz de la Junta de Compensación asegura que el plan especial de la 'pastilla comercial' ya "no existe" tras su anulación judicial y que lo primero que buscaron tras conocer la sentencia del Supremo fue reintegrar las cantidades aportadas por los promotores más débiles financieramente, como son el colegio y la cooperativa. A Joyfe, la promotora del centro educativo, ya le han devuelto los 7 millones que pagó por el suelo. "La cooperativa, en cambio, no ha querido aceptar el dinero, porque no solo quiere lo que pagaron por los terrenos, sino que quiere sumar otros gastos financieros, y eso no es atribuible a la Junta de Compensación".

Varios cooperativistas han buscado asistencia letrada, porque ya saben que nunca tendrán su vivienda y ahora solo quieren recuperar su dinero. Ha pasado ya casi un año desde el que Supremo tumbó el sueño de la cooperativa y la empresa que la gestiona no puede devolver las aportaciones a sus socios porque de momento no ha querido que la Junta de Compensación le reintegre a su vez el importe del suelo. Pide además una compensación que la Junta no quiere pagar. "Mientras nadie da una solución a las familias. La cooperativa se ha quedado sin liquidez económica después de abonar los proyectos técnicos, las indemnizaciones por los incumplimientos contractuales con la constructora y los intereses del préstamo concedido por Ibercaja", explica la abogada Tatiana García, de García y García Abogados, que representa a diez de los cooperativistas. Cada uno ha presentado una reclamación. La cooperativa paga un 3,75% de interés a Ibercaja.

Llama la atención que la cooperativa siguiera aceptando socios después de que el TSJM anulara el plan especial de 'la pastilla comercial'

Ese es el problema, que los gastos de la cooperativa no solo se limitan a lo que pagó por el suelo. Para poder comprarlo pidieron un préstamo a Ibercaja. "Ahora en junio hay que pagar nuevos intereses y no hay dinero en la cuenta. No sería raro que la cooperativa acabara en concurso de acreedores", afirma García, que explica que "cada uno de los socios aportó una media de 40.000 euros". Llama la atención que la cooperativa siguiera aceptando socios después de que el TSJM anulara el plan especial de 'la pastilla comercial' el 4 de marzo de 2016. Es el caso de Paloma Jiménez, que solicitó la inclusión en la cooperativa el 14 de marzo, diez días después de la sentencia, desconociendo la existencia de la misma. "Nadie nos lo dijo. Y una semana después ya me estaban metiendo prisa para ingresar el dinero sabiendo que con el dictamen del TSJM había ya pocas posibilidades de construir".

Paloma define su experiencia como "engaño". "Lo que está claro es que dieron información incorrecta para meterme en una cooperativa. No nos explicaron los riesgos y nos engañaron diciendo que esperaban iniciar las obras en breve y no tenían las licencias". Esta cooperativista asegura que pidió la baja a finales de 2016 "y al principio me dijeron que no estaba justificada. Luego me dijeron que sí pero no me han devuelto ni un euro. Y no tengo información porque me echaron hasta del chat de la cooperativa. No se dignan en ponerse en contacto conmigo. He tenido que llevar el tema a los tribunales".

El arquitecto Enrique Taboada se defiende. "Nosotros compramos los terrenos el 2 de marzo de 2016 y el TSJM no hizo pública su sentencia hasta el día 22. No lo sabíamos. Es posible que algunos cooperativistas se apuntaran en ese intervalo, entre el 2 y el 22. Entendemos la preocupación de los socios, pero no hemos recibido ninguna reclamación". La Junta de Compensación ya no tiene nuevo suelo que ofrecer a Valdecam, por lo que la cooperativa (con grave dificultades económicas) tendría que hacer alguna oferta a otro propietario para intentar construir en otra zona de Valdebebas. Además, hay que tener en cuenta que el barrio se ha revalorizado casi un 20% en los últimos años, por lo que la capacidad adquisitiva de los cooperativistas se ve mermada si quieren comprar otra vivienda de las mismas condiciones y calidades.

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"Esta Gestión y los órganos rectores de la cooperativa conocían desde el inicio todas las circunstancias urbanísticas que han afectado a la compraventa de la parcela. Toda la documentación urbanística de la que disponía la Junta de Compensación ha estado a disposición de los interesados desde el primer momento y todos han sido puntualmente informados de los riesgos urbanísticos que podían afectar", explican desde la Junta de Compensación. Es decir, que la cooperativa compró el suelo cuando el plan espacial ya había sido impugnado judicialmente y podía ser anulado. "Conocían los riesgos", recalcan desde la Junta. El único que compró antes de que se denunciara el plan espacial fue el promotor del colegio.

Enrique Taboada cree que la Junta debe mejorar su oferta. "Solo nos quiere pagar el suelo, pero ha habido un quebranto económico a la cooperativa que hay que reponer. Estamos negociando", señala. El arquitecto espera obtener un 15% más de los 6,4 millones que pagaron por el suelo como compensación para poder empezar a devolver las cantidades aportadas a los cooperativistas. ¿Cuándo? "Estamos negociando", insiste. "Cuando encontremos una solución y los cooperativistas así lo decidan". Los cooperativistas se reúnen el 7 de mayo para renovar su consejo rector e intentar dar un impulso a su problema. Unos 15 socios ya se han dado de baja.

Otra cooperativista, que prefiere guardar su anonimato, cree que es lógico que la Junta de Compensación indemnice a la cooperativa. "Todos tienen parte de culpa, el Ayuntamiento por modificar un suelo que luego ha resultado que no se podía hacer, la Junta por no ofrecer toda la información, y la gestora por ser un poco negligente. Todos a partes iguales. Pero al final pagamos los platos los cooperativistas, que tenemos nuestros ahorros atrapados. Yo cuando me apunté pagué el suelo a 800 metros cuadrados y ahora vale 1.000", señala. Asegura además que lo lógico es aguantar para presionar a la Junta y que suba su oferta, ya que si la cooperativa no vende no se puede iniciar la nueva reparcelación económica que exige el Ayuntamiento para impulsar este suelo, que ahora debe ser comercial.