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El rector de la URJC 'burló' la ley para ceder un hangar a dedo 25 años a una empresa
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la obra costó alrededor de 700.000 euros

El rector de la URJC 'burló' la ley para ceder un hangar a dedo 25 años a una empresa

Firmó un convenio para que una firma aeronáutica imparta cursos no universitarios. Para ello, tuvo que construir y pagar la instalación sin pasar por la Ley de Contratos del Sector Público

Foto: El Laboratorio VI, el hangar construido por la universidad. (Imagen: Aviation Group)
El Laboratorio VI, el hangar construido por la universidad. (Imagen: Aviation Group)

La Universidad Rey Juan Carlos ha construido y financiado un hangar de 1.500 metros cuadrados cuyo uso ha cedido durante 25 años a una empresa privada para que esta imparta cursos no universitarios. La cesión de las instalaciones se fraguó en un convenio firmado en diciembre de 2015 que, según su propio articulado, queda fuera de la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto fue idea del hoy rector, Javier Ramos, muy señalado por la gestión del caso máster que ha salpicado de lleno a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Sin embargo, la normativa es clara cuando señala que este tipo de convenios sí deben ser regulados por la Ley de Contratos cuando la Administración pública cede suelo y realiza inversiones (como la construcción de instalaciones) con un importante coste.

El convenio se firmó el 16 de diciembre de 2015 entre el entonces rector, Fernando Suárez (que tuvo que dejar el cargo tras las acusaciones de plagio), y la empresa European Airlines Training Centre 2005 SL (EATC) para "desarrollar los objetivos" del Instituto Europeo de Formación y Acreditación (Eiata), que en 2015 dirigía el propio Javier Ramos. Entre esos objetivos, "potenciar la formación, la investigación y la cooperación industrial en el sector aeronáutico". El Eiata es uno de los institutos dependientes de la universidad, como el de Derecho Público dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, donde Cifuentes cursó supuestamente el máster.

La universidad se comprometió a "dotar de las instalaciones necesarias a su instituto, y permitir su uso a la empresa EATC para su oferta formativa". Entre esas instalaciones están cuatro aulas para 200 alumnos en el campus de Fuenlabrada, una parcela "para la ubicación a la intemperie" de las aeronaves, tres laboratorios y la joya de la corona del proyecto: un hangar de 1.500 metros cuadrados y 12 metros de altura "para la realización de prácticas con aviones": un Falcon 20, un Cessna 402 y un helicóptero Bolkow. La universidad también cede un despacho para que la empresa "pueda ofrecer información a los potenciales alumnos" y durante los primeros cuatro años perdona el canon anual de 3.000 euros que tiene que pagar la firma a cambio de que haga obras de mejora en ese local.

El coste de este hangar ha corrido a cargo de la universidad. Según fuentes universitarias, la obra se 'tragó' alrededor de 700.000 euros, aunque El Confidencial no ha encontrado el perfil del contratante, ni en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la adjudicación de esta obra. Javier Ramos, ya como rector, inauguró el hangar en septiembre de 2017. En una nota de prensa, la universidad cifró en tres millones de euros el equipamiento técnico de esta instalación. Bautizado como Laboratorio VI, el propio Ramos confesó en su presentación que la idea había surgido hacía 10 años, cuando un grupo de profesores, liderados por él mismo, empezó a valorar la posibilidad de crear dentro de la universidad un departamento dedicado en exclusiva a la formación aeronáutica.

placeholder El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. (EFE)
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. (EFE)

La universidad también sufraga los gastos de agua, electricidad, internet y mantenimiento general. Por su parte, la empresa EATC se compromete, según el convenio, a dotar las instalaciones con material valorado en 1,5 millones de euros, y también a seleccionar, contratar y retribuir a los profesores. La oferta formativa que ofrece esta firma en las instalaciones del Eiata "será de carácter no universitario", y como compensación la universidad recibe un canon del 10% por cada alumno que se matricula en estos cursos, lo habitual en estos casos. ¿Qué cursos se imparten? Licencias de mantenimiento aeronáutico, mecánica aviónica, habilitaciones de pilotos, pilotaje de drones, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y técnicos de operaciones aeroportuarias. También ofrecen un máster en ingeniería de diseño y fabricación aeronáutica por 10.000 euros y dos cursos de técnicos superiores en mantenimiento aeronáutico por 12.000 euros.

La última adenda del convenio la firmó ya Javier Ramos como rector con la empresa European Airlines Training Centre 2005 SL (EATC) en junio de 2017. Esta firma se disolvió dos meses después y se fusionó con otra cuyo resultado comercial es Aviation Group. Un portavoz de la misma admite que están utilizando las instalaciones de la universidad para dar clase a sus propios alumnos, pero aclara que, a cambio, ellos han puesto el material y los profesores a los que se comprometieron en el convenio. Además, asegura que los estudiantes de grados y másteres de la universidad también usan el hangar y que en este momento hay más alumnos de la URJC que de Aviation Group. "No tenemos muchos matriculados, porque acabamos de empezar".

Foto: La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. (EFE)

El propio convenio, que tiene una vigencia de 25 años, estipula que es "de naturaleza administrativa" y que "se le aplica" por tanto el artículo 4.1.d) del Real Decreto 3/2011 para que se le excluya del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Este artículo señala que los convenios formativos entre la Administración pública y las empresas privadas no están regulados por la normativa de contratos. Pero, según fuentes jurídicas consultadas, este convenio incluye contratos de obras (el hangar) financiados por la propia Administración que sí deben ser fiscalizados por la Ley de Contratos del Sector Público, ya que este convenio puede ser interpretado como un "contrato oneroso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica".

"Un convenio entre una Administración pública, como una universidad, y una empresa privada se firma siempre y cuando no suponga contraprestaciones económicas para esa Administración. Y si es así, se debe regular por la Ley de Contratos. No se puede construir una instalación con dinero público y cederla a una empresa privada a dedo", señalan las mismas fuentes, que aseguran que este convenio no tiene el aval de los servicios jurídicos de la universidad. El Confidencial ha intentado hablar con un portavoz de la Rey Juan Carlos para aclarar estos aspectos, sin respuesta. Además, el instituto Eiata quiere ampliar sus instalaciones también en suelo público con otro edificio de 1.250 metros.

placeholder Javier Ramos (en el centro), cuando inauguró el hangar en septiembre de 2017.
Javier Ramos (en el centro), cuando inauguró el hangar en septiembre de 2017.

De momento, el negocio es redondo para la empresa privada, que gracias al convenio solo tiene que poner el material y pagar a los profesores. El rector, Javier Ramos, promotor de la idea, es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y dirigió entre 2005 y 2017 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la universidad. Por su parte, la web de este instituto aeronáutico no está muy actualizada, ya que hasta ayer aparecía el rector Ramos como director, cuando ya no lo es. Su creación no fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la comunidad, cuando otros institutos de la Rey Juan Carlos sí lo han sido. El control académico de los cursos que aquí se imparten corre a cargo de la Consejería de Educación, que debe recibir informes anuales para hacer un seguimiento de la actividad investigadora que justifiquen que sea un instituto en lugar de un departamento de la universidad.

La Universidad Rey Juan Carlos ha construido y financiado un hangar de 1.500 metros cuadrados cuyo uso ha cedido durante 25 años a una empresa privada para que esta imparta cursos no universitarios. La cesión de las instalaciones se fraguó en un convenio firmado en diciembre de 2015 que, según su propio articulado, queda fuera de la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto fue idea del hoy rector, Javier Ramos, muy señalado por la gestión del caso máster que ha salpicado de lleno a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Sin embargo, la normativa es clara cuando señala que este tipo de convenios sí deben ser regulados por la Ley de Contratos cuando la Administración pública cede suelo y realiza inversiones (como la construcción de instalaciones) con un importante coste.

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