Cordish se 'come' el suelo de su Eurovegas y ya solo espera la vía de la indemnización

La empresa estadounidense Cordish, que esperaba construir en el municipio madrileño de Torres de la Alameda un segundo Eurovegas, se ha 'comido' las 134 hectáreas de suelo que reservó para su faraónico proyecto. Según ha podido saber El Confidencial, la compañía no ha ejecutado todos los plazos de compra de los terrenos y se los ha devuelto a sus propietarios, perdiendo las cantidades iniciales que ya pagó. A Cordish ya solo le queda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepte sus recursos y abra la vía para que la Comunidad de Madrid (que tumbó dos veces el proyecto) lo indemnice económicamente.

Nadie sabe nada de Cordish tras sus dos 'derrotas'. Desde el Gobierno regional reconocen que hace meses que no tienen noticias de ellos. El equipo de comunicación que contrataron en España ya no presta servicio con ellos, y el bufete de abogados que los asesoró prefiere no contestar y remite a su sede central de Baltimore, en EEUU. La primera negativa por parte del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para tramitar su proyecto como Centro Integrado de Desarrollo (CID), que conllevaba beneficios fiscales para la empresa, data del 24 de marzo de 2017. Cordish lo volvió a intentar y presentó un segundo proyecto, que volvió a ser rechazado en julio de 2017.

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Cordish presentó dos recursos ante el TSJM tras las sendas respuestas negativas que recibió de la comunidad. El pasado 3 de octubre, Global Cities Madrid Live SA (la empresa creada por Cordish para desarrollar su proyecto) pidió al tribunal que acumulara en uno los dos recursos, una acumulación que fue denegada el 18 de diciembre. Desde entonces, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM estudia ambos procedimientos de forma independiente. "De momento, estamos en fase de contestación a la primera demanda por parte de la Comunidad de Madrid. Luego llega la fase de práctica de prueba, y finalmente el señalamiento de deliberación y fallo", explican desde el TSJM, donde estiman que aún pasarán meses hasta que haya novedades.

El enfado de Cordish tras la segunda negativa fue notable: "Si la Comunidad de Madrid no cree que nuestro proyecto Live! Resorts Madrid satisface suficientemente los requisitos para una licencia CID, esta decisión es equivalente a decir que ningún proyecto puede cumplir sus requisitos", declaraba entonces Joseph Weinberg, consejero delegado de Cordish. "Las razones alegadas en el rechazo del Gobierno regional simplemente no tienen sentido y estamos seguros de que los tribunales así lo verán". La compañía ha decidido buscar en los tribunales algún tipo de compensación por las inversiones ya realizadas, entre ellas la reserva del suelo. "The Cordish Companies, a la vista de las gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y segunda solicitud, perseguirá enérgicamente el ejercicio de cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables correspondientes".

Pero mientras los tribunales deciden, un camino que Cordish sabe que puede ser muy largo, la compañía ha empezado a desmantelar su base de operaciones en Madrid. Y lo primero que ha hecho es deshacerse de un suelo que ya no le sirve de nada. Como ya adelantó El Confidencial, la empresa norteamericana recurrió a un polémico arquitecto y urbanista, Leopoldo Arnaiz, para que la asesora y ayudara a elegir los terrenos. En realidad, Arnaiz hizo de intermediario a través de una de sus empresas, Arnaiz & Partners, que se hizo con una opción de compra sobre ese suelo que se podía ejecutar en un plazo de ocho meses.

Cuando presentó su proyecto a la comunidad, Cordish aseguró que tenía el control del 100% de los terrenos. ¿Cómo? "Arnaiz & Partners ha firmado una declaración ante notario para la cesión de todos los terrenos a nuestra compañía, que en total son 1.340.000 metros cuadrados. Todos los acuerdos han sido firmados con Luis Arnaiz Rebollo, administrador único de Arnaiz & Partners", explicó entonces un portavoz de la compañía americana. Cordish se comprometió a pagar a los propietarios de ese suelo, varias familias de Torres de la Alameda, unos 13 euros por metro cuadrado, lo que elevaba toda la operación a 17,4 millones, sin incluir los honorarios de Arnaiz. El pago se fraccionó en varios plazos, aunque había cláusulas por si el proyecto no fraguaba, lo que finalmente ha sucedido. Los propietarios recuperan así los terrenos y se quedan con los primeros plazos abonados.

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Carlos Sáez, alcalde socialista de Torres de la Alameda, una localidad que apenas llega a los 8.000 habitantes, se lamenta de que la operación no haya llegado a buen puerto. "Era muy importante para el municipio y para la comunidad, porque iba a generar mucho empleo". Porque ese fue siempre el gran reclamo de Cordish para intentar convencer al Ejecutivo autonómico, que iba a generar 56.000 empleos. Los norteamericanos intentaron convencer a Cifuentes de que en la primera fase del proyecto (92 hectáreas, más grande que Disneyland California) se iba a construir una playa de 6,7 hectáreas de superficie de agua con varias actividades deportivas y que la zona de ocio (los casinos) solo suponía el 15% del total del proyecto. También aseguraban que no iban a solicitar ayudas a la comunidad y que asumirían el desdoblamiento de la carretera M-224. "Se espera que el proyecto genere más de 7.500 millones de euros de actividad económica en la Comunidad de Madrid durante sus primeros cinco años de funcionamiento", comunicó la empresa.

Sin embargo, las cuentas nunca cuadraron para el Gobierno regional, que insiste en que los dos proyectos presentados no cumplían los requisitos para que se desarrollaran bajo la fórmula de un CID, que debe tener un carácter multisectorial, es decir, que integre no solo servicios turísticos, empresariales, comerciales, de ocio, juego y espectáculos, sino también deportivos, sanitarios y culturales. Tampoco convencía la playa diseñada (el abastecimiento de agua era inviable), y la comunidad cifró además en 340 millones de euros el dinero público a invertir para poner en marcha las infraestructuras de transportes que deben acompañar a un complejo de esta magnitud, una cantidad que no estaba dispuesta a asumir.